Síguenos  
Toda la Agricultura en Internet
Empresas Compraventa Noticias Precios Agrícolas  Cursos Tienda On Line Vídeos Fotos Diccionario Foro  Recomendar Infoagro

LA AGRICULTURA COMO PILAR DEL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
A PARTIR DEL 2007 (1ª parte)

1. Introducción.
2. Análisis De La Política De Desarrollo Rural 2000-06.

3. Nuevas Perspectivas Financieras 2007-13. Caso Del Desarrollo Rural.
4. Bibliografía



 
 
  Enviar a un Amigo
Corregir / Sugerir
Imprimir
Enviar
Tu Nombre
E-Mail destinatario
¿Algún comentario?

Corregir/Sugerir
¿Cuál es el error, o sugerencia?


 Cursos On Line
Cursos para profesionales, estudiantes y titulados

 
 Medidores para Agricultura


 Anuncios Gratuitos
Anuncios clasificados de compra-venta de fertilizantes y fitosanitarios


 Mercados
Mercados nacionales e internacionales

1. INTRODUCCIÓN.

Desde su puesta en marcha en los años 70 la política de desarrollo rural ha ido adquiriendo mayor relevancia. Esta evolución supone el reconocimiento de que la PAC (primer pilar) no podía abordar y resolver por sí sola todos los problemas de las zonas rurales (empleo, crecimiento económico, conservación del medioambiente, entre otros). En la Conferencia de Cork sobre desarrollo rural (1996) se afianzó la necesidad de mantener el modelo agrícola europeo trabajando en pro de un sector agrario multifuncional y de un contexto social y territorial más amplio para la agricultura. Con estos antecedentes y la experiencia acumulada en el período de programación que terminó en 1999, el Consejo Europeo aprobó el Reglamento (CE) nº 1257/99, de 17 de mayo, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del FEOGA.

Por política de desarrollo rural podemos entender aquel conjunto de actividades públicas de planificación y ejecución del sector público que incidan en el desarrollo de la agricultura y áreas rurales. Para ello, es necesario una agricultura competitiva, pero también una diversificación económica. Sin embargo, tanto la agricultura de muchas zonas rurales españolas como el tejido socioeconómico, tienen problemas de modernización y competitividad. La agricultura española, tiene que hacer frente al proceso de reestructuración. Este proceso aún no se ha completado, lo que justifica el apoyo a estrategias de adaptación y modernización que permitan superar las deficiencias estructurales, que limitan las posibilidades de competir de muchas explotaciones agrarias.

A finales del año 2003, con motivo de la II Conferencia de Desarrollo Rural de Salzburgo, se ha comenzado el debate sobre lo que será la nueva política de desarrollo rural a aplicar con posterioridad a 2006. En el mes de febrero del presente año, se han presentado las nuevas perspectivas financieras de la UE. En este contexto de formulación de la nueva política de desarrollo rural, la presente comunicación trata de centrar el debate sobre el papel que desempeña la agricultura y la ganadería de los distintos territorios en el desarrollo rural. Para ello, se tratará de responder a las siguientes preguntas ¿estamos aprovechando bien los fondos de desarrollo rural dirigidos a la agricultura y ganadería?, ¿qué éxito ha tenido esta política en España?, ¿Qué propuestas de mejora se pueden formular?.

Para responder a estas preguntas se realizará una estructuración en las siguientes fases: (i) un diagnóstico de la situación de la agricultura española; (ii) la revisión de la programación de desarrollo rural 2000-06; y (iii) propuestas de mejora de la política de desarrollo rural a partir del 2007; dichas propuestas se basarán no sólo en las nuevas medidas de desarrollo rural aprobadas tras la reciente reforma intermedia de la PAC, sino también en nuevos instrumentos tales como la innovación y el incremento del valor añadido de los productos por parte de agricultores, el desarrollo del contrato territorial de explotación, la instauración de ayudas multifuncionales basadas en el conocimiento y la valoración de funciones no alimentarias de determinados sistemas agronómicos, entre otras. Las fuentes utilizadas serán, principalmente, las recientes evaluaciones intermedias realizadas al Programa Operativo Mejora de Estructuras y de los sistemas de Producción Agrarios (regiones objetivo 1 y fuera objetivo 1) y Programa de Desarrollo Rural para las Medidas de Acompañamiento en España así como los informes anuales de ejecución de los citados programas.

La presente comunicación se ha articulado en tres apartados diferenciados. En el primero de ellos, se expone un análisis de la aplicación de las distintas medidas de desarrollo rural, identificando aquellos factores que han podido influir –positiva o negativamente- en el alcance de los objetivos de desarrollo rural asignados. A continuación, hemos considerado importante analizar las nuevas perspectivas financieras 2007-13 en relación con el desarrollo rural y los volúmenes financieros previstos para el nuevo período de programación. Finalmente se incluye un apartado relativo a las conclusiones principales del estudio de aplicación del desarrollo rural, principalmente en el período de programación actual 2000-06; si bien los objetivos de desarrollo rural son todavía difíciles de apreciar en gran parte de las medidas, debido al corto periodo de aplicación (2000-02), los resultados expuestos deben entenderse como tendencias y valoraciones, para tener en cuenta el diseño de la nueva política de desarrollo rural a aplicar a partir del año 2007, lo cual forma parte de las recomendaciones incluidas como propuesta de mejora de la política de desarrollo rural.

2. ANÁLISIS DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL 2000-06.

El Reglamento (CE) 1257/99 de apoyo al desarrollo rural (Reglamento (CE) nº 1257/1999 del Consejo de 17 de mayo 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA). DO L 160, pp. 80-102.), acordado en la Agenda 2000 para el período 2000-06, dispone de un conjunto de medidas de desarrollo rural para la consecución de distintos objetivos. En España se está aplicando este conjunto de medidas; entre las mismas destacan, desde el punto de vista financiero, las relativas al fomento de adaptación y desarrollo de las zonas rurales que con un gasto del FEOGA de 3.113,83 Meuros supone un 34,7% del total. En este conjunto se integra la medida gestión de recursos hídricos (que supone el 11,2% del total FEOGA). Otras medidas de importancia son la forestación de tierras agrarias (16,7%), Transformación y comercialización (13,2%), Agroambientales (9,5%) e Inversiones en Explotaciones (6,9%). De menor importancia se sitúan la Iniciativa LEADER, Zonas desfavorecidas, cese anticipado, instalación de jóvenes y formación.

Tabla 1. Financiación de Medidas de Desarrollo Rural.




(1) Incluye: Mejora de tierras y reparcelación de tierras; Establecimiento de servicios de asesoramiento; Comercialización de productos agrícolas de calidad; Servicios de abastecimiento básicos para la economía y la población rurales; Renovación y desarrollo de pueblos y protección y conservación del patrimonio rural; Diversificación de actividades en el ámbito agrario y ámbito afines para aumentar las posibilidades de empleo y de ingresos alternativos; Gestión de recursos hídricos; Desarrollo y mejora de las infraestructuras relacionadas con el desarrollo de la producción agraria; Fomento del turismo y artesanado; Protección del medioambiente en conexión con la conservación del paisaje y la economía agraria y forestal, así como con la mejora del bienestar de los animales; Recuperación de la capacidad de producción agraria dañada por desastres naturales y establecimiento de medios de prevención adecuados; e Ingeniería financiera. Fuente: Comisión Europea (2003b)

Si bien la Evaluación Intermedia realizada a las medidas estructurales de inversión en explotaciones e instalación de jóvenes (PROINTEC, 2003; TRAGSATEC, 2003) muestra que las ayudas han contribuido a modernizar las explotaciones agrarias en su conjunto, racionalizando los procesos productivos y haciendo más viables y competitivas las explotaciones agrarias; si bien, así mismo, la tendencia en la última década es la concentración y reducción del número de explotaciones y de la superficie labrada y mano de obra (según Censos Agrarios 1989 y 1999), se observa que el proceso de reestructuración no está consolidado puesto que la dimensión física de las explotaciones en España es bastante pequeño, con un 84% de explotaciones de menos de 8 UDE y un 67% de las explotaciones con tierras de menos de 5 ha.(MAPA, 2003). Además la estructura dimensional de las explotaciones sigue presentando en España la imagen “dual” que ha venido caracterizándola: Las explotaciones con menos de 10 has. de SAU representan todavía casi el 80% del total, si bien apenas superan el 11% de la SAU; las explotaciones con más de 50 has. de SAU sólo representan el 6% en número pero ocupan casi el 68% de la SAU (Dentro de este grupo las explotaciones que superan las 100 has. representan el 3% del total y gestionan el 54% de la SAU total.); entre ambos extremos, el 15% de las explotaciones tienen entre 10 y 50 has. y ocupan el 21% de la SAU. Por otro lado, a pesar del crecimiento de la dimensión económica media (el crecimiento del Margen Bruto Total/explotación ha sido el doble en España que en la UE-12), las explotaciones españolas no supera el 64% de la media europea (Además, según la Comisión Europea (2002), de cada 100 mujeres al frente de una explotación, 68 dirigían una explotación de una dimensión económica inferior a 4 UDE y, sólo 3 dirigían una explotación de más de 40 UDE. En las explotaciones dirigidas por hombres estas cifras son de 52 y 9 respectivamente.).

Las medidas dirigidas a la problemática estructural y de regeneración del sector agrario, inversiones en explotaciones (planes de mejora) e instalación de jóvenes agricultores han tenido una aplicación muy errática en los últimos años. Los niveles del año 2003 no sólo se sitúan por debajo de los conseguidos en el año anterior (descendiendo planes de mejora en número e inversión un 38% e instalación de jóvenes un 5%) sino también respecto al final del período de programación de desarrollo rural anterior (1999) (véase gráfico siguiente). Además, la financiación concedida a estas dos medidas es insuficiente para atender las demandas de los beneficiarios en función de los problemas estructurales del sector agrario.

Fuente: MAPA. Elaboración propia.

Otro problema de gran transcendencia en el sector agrario es la masculinización de la población activa agraria. Según la Comisión Europea (2002), una de cada cinco explotaciones estaba dirigida por una mujer. En España, según el último Censo Agrario (1999), el número de mujeres Titulares Jefes de Explotación asciende a 410.365 frente a 1.156.604 hombres, es decir el 26,19%. En toda Europa, se produce la misma situación: a pesar de trabajar hombre y mujer en la explotación agraria, el titular suele ser el marido. Además, si se analiza los datos sobre afiliación a la Seguridad Social en España, un 68% de las agricultoras no cotizan personalmente y un 74,2% de las cónyuges no cotizan (La explicación la encontramos en las dificultades para hacer frente a dos cuotas, en el caso de explotaciones de dimensiones reducidas y/o en la escasa valoración del trabajo desarrollado por las mujeres.). Por último, hay que tener en cuenta que de cada 100 mujeres que trabajan en una explotación agrícola, 12 se dedican a jornada y 54 trabajan menos de un cuarto de jornada.

Si se analiza la aplicación de las dos medidas estructurales (inversiones en explotaciones agrarias e instalación de jóvenes) desde el punto de vista de género, la creación de UTA por parte de mujeres (740 en el período 2000-02) apenas representa el 24% del total de UTAS creadas (3.035 para el mismo período); la mayor parte corresponde a los hombres que, con 2.295 UTAs, representa un 76% del total para dicho período. La corrección de la masculinización de la población activa agraria tampoco se resuelve a través de la medida de instalación de jóvenes por cuanto la proporción de mujeres es todavía menor, 22% frente al 78% restante de los hombres.

Otro de los problemas es el envejecimiento de la población agraria. Se estima que en el decenio 1999- 2009 se producirán alrededor de 265.000 relevos en la titularidad de las explotaciones agrarias y que de los “nuevos” titulares, al menos 124.000, tendrán durante el decenio la condición de jóvenes agricultores y agricultoras y, por lo tanto, la posibilidad de acceder a las ayudas de instalación. Sin embargo, en el próximo decenio, de mantenerse el ritmo actual, se acogerán a estas ayudas unos 40.000 jóvenes en todo el Estado, cifra que apenas representa el 25% de los teóricos nuevos titulares jóvenes (MAPA, 2003). Junto a ello, la tendencia de las zonas de interior es la disminución de población, caracterizándose por tener un importante envejecimiento y masculinización, y con una natalidad escasa.

La medida socioestructural que, junto a la instalación de jóvenes, actúan sobre el problema de envejecimiento de la población agraria es el cese anticipado, orientado hacia la mejora de la estructura de la explotación agraria favoreciendo el cambio generacional. La aplicación de esta medida se encuentra muy concentrada en la Cornisa Cantábrica y Castilla y León, presentando una aplicación muy deficiente o nula en el Sur. Además las solicitudes nuevas de cada año sigue una tendencia en retroceso de un 6% anual durante el período 2000/02, pasando de las 2.182 altas en el año 2000 a las 1.784 del año 2002. La Evaluación Intermedia realizada a esta medida pone también de manifiesto que, aunque la viabilidad económica de las explotaciones tras la cesión ha mejorado, se transfiere una escasa superficie de tierra a otras explotaciones; se cuantifica que el proceso de reestructuración se “desvía” casi un tercio (32,4%) de la superficie total de las explotaciones “cesantes” (TRAGSATEC, 2003). Teniendo en cuenta estos datos y la desaparición numerosa de explotaciones (Censos Agrarios 1989 y 1999), no puede afirmarse que este programa haya tenido una considerable incidencia. Posiblemente se deba a que esta medida ha respondido en mayor medida a procesos de reestructuración sectorial que a procesos de relevo generacional y, al hecho de que mucho agricultores ya jubilados mantienen el cultivo de su explotación, es decir no se retiran realmente de la actividad agraria, lo que dificulta la reestructuración agraria.

Por otro lado, si analizamos la evolución de la renta agraria desde 1990, como indicador de la situación económica en la que ha de influir la política de desarrollo rural, en general y la estructural, en particular. La renta agraria, en términos reales, ha permanecido estancada durante los cinco años 1999-2003, produciéndose una bajada durante el último año 2003, a unos 13.902,8 millones euros reales. Supone además que desde 1990 la renta agraria no ha aumentado. Cabe mencionar que desde el año 1996 el valor de la renta agraria constante/real ha disminuido. Si en ese año el índice sobre 1990 era de 108,9 en el año 2003 dicho índice se ha situado en 101,0 lo que supone un descenso en términos reales de un - 7,3% (véase tabla siguiente). Ello significa que las producciones agrarias no están generando un mayor valor añadido para los agricultores y ganaderos, lo que resulta muy preocupante.

Tabla 2. Evolución de la renta agraria 1990-2003.

Fuente: MAPA. Elaboración propia.

No obstante, las medidas estructurales han favorecido un cambio positivo en la calidad de los productos como consecuencia de las inversiones, aunque no siempre el incremento de la calidad se ha traducido en mejoras de precios, sino que simplemente es una exigencia en el mercado para poder vender los productos. Se responde, de esta forma, más a una estrategia de supervivencia ante la creciente competitividad que a una opción de diferenciación.

A pesar de que uno de los objetivos perseguidos por las medidas de desarrollo rural es “impulsar la diversificación de las actividades agrarias”, por ejemplo mediante inversiones destinadas a la clasificación, acondicionamiento, fabricación, transformación y comercialización de los productos agrarios de la propia explotación, el número de expedientes, según la evaluación intermedia de los Programas de Mejoras de Estructuras, ha sido irrelevante (En el caso de las regiones objetivo 1, sólo se ha producido 27 expedientes de diversificación no agraria de la medida de inversiones; 26 en el Principado de Asturias y uno en Andalucía (PROINTEC, 2003)); analizando la reorganización de las explotaciones de productos excedentarios (leche o cereales) hacia productos con buenas salidas comerciales, la Evaluación Intermedia del P.O. muestra que tan solo un 0,53% de los expedientes de regiones Objetivo nº1 con orientación de cereales o leche, han introducido variaciones consideradas como no excedentarias en sus nuevas producciones. Los agricultores se encuentran más influidos para el cambio de actividad por la evolución de las OCMs. Por su parte, los proyectos de diversificación agraria son realizados en el marco de otros Programas Operativos (caso de la mejora de la transformación y comercialización de los productos agrícolas) y en la Iniciativa Comunitaria Leader+; dichos proyectos de diversificación son puestos escasamente en marcha por agricultores y ganaderos. Analizando los precios de productos agrícolas en los diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria, se puede observar la diferencia de cotizaciones entre los distintos agentes (agricultor, mayorista y consumidor). Así la diferencia es de 2,26 entre agricultor y mayorista(Los casos más significativos son los cítricos (el limón se multiplica por 5 y navelina por 4,58, si bien es cierto que las cotizaciones en origen so sobre árbol. La multiplicación desde origen hasta mayorista se multiplica por más de dos veces en los casos de Tomate liso para ensalada (2), zanahoria (2,18), manzana golden (2,39), pera (2,04). Datos MAPA, semana 2-8 febrero 2004); dicho de otra forma, la participación del agricultor sobre la cotización de los mayoristas es de un 53%. Si analizamos la relación entre el agricultor y consumidor, observamos un deterioro mayor del primero. Así los productos agrarios multiplican por 4,74 veces su valor si relacionamos las cotizaciones del consumidor sobre los precios percibidos por el agricultor (Los cítricos son los productos donde se produce una mayor diferencia entre la cotización origen y consumidor (del orden de 10 veces). Le sigue la manzana Golden (5,11 veces más), tomate (4,94), zanahoria (4,68) y acelga (4,65). Datos MAPA, semana 2-8 febrero 2004); en este caso, el agricultor sólo participa en el beneficio una media de un 26%, valor muy bajo si se considera que estos productos apenas tienen transformación agroalimentaria (COAG, 2004).

A efectos de solventar este desequilibrio, es esencial apoyar al sector agrario en la internalización de parte del valor añadido de la cadena agroalimentaria. Para ello, se hace necesario impulsar la medida “mejora de la transformación y comercialización de los productos agrícolas”; para una aplicación efectiva de la misma, la administración pública ha de considerar ciertos problemas en su aplicación. Uno de ellos, es la elevada necesidad de capital requerido para poner en marcha empresas de transformación, lo cual disuade a los agricultores de la posibilidad de emprender un proceso de integración hacia delante. Aunque en determinados sectores, como el vitivinícola y/o oleícola, sí se aprecia una cierta tendencia positiva de los agricultores a producir o a participar en cooperativas transformadoras, en otros subsectores agrarios la participación es testimonial.

Dentro del grupo de medidas de desarrollo rural dirigidas hacia el medioambiente y gestión del territorio destaca la Indemnización Compensatoria en zonas desfavorecidas. A pesar del objetivo al cual se dirige, contribuir a mantener una actividad agraria en comarcas con dificultades limitaciones naturales, se constata un descenso acusado del número de beneficiarios a lo largo de los últimos años (el descenso de beneficiarios se cifra en un 10,2% anual, al pasar de los 143.659 del año 2000 a los 96.665 del año 2003). Estos datos son un fiel reflejo de lo que está pasando en las zonas desfavorecidas de nuestro territorio, dónde se está abandonando de forma acelerada la actividad agrícola y ganadera. La Evaluación Intermedia de esta medida (UPM&Saborá, 2003) constata que la incidencia sobre la renta de los agricultores es muy baja y, al no existir diferenciación entre áreas según grado de marginalidad, la repercusión es mínima, mientras que en las mejores áreas se produce, en algunos casos, una sobrecompensación. También la incidencia de la IC en la diversificación de actividades es nula (las inversiones en la explotación y en la orientación productiva de la misma es prácticamente inexistente). Así mismo se produce una expulsión del sistema a los ganaderos más desfavorecidos que no cuentan con base territorial al utilizar rastrojeras y otros pastos de difícil justificación (debido al cambio en el criterio de la IC, ayuda por ha. en lugar de por cabeza de ganado). Aunque la IC apenas tiene repercusión en el mantenimiento del uso agrario del suelo, este instrumento ha sido útil en la consecución de una agricultura más respetuosa con el medioambiente (Según la información obtenida de las entrevistas a expertos comarcales y encuesta a los beneficiarios, las Buenas Prácticas Agrarias habituales se cumplen mayoritariamente, y en las Zonas con dificultades especiales prácticamente el 100%. No obstante, ello ha sido debido a la aplicación de las Buenas Prácticas Agrarias debido a la presión de la Administración que a una concienciación del agricultor sobre los beneficios de la práctica de una agricultura sostenible. En este sentido, apenas el 1,6% de las explotaciones en Zonas de Montaña y el 3,3% en las Zonas con despoblamiento practican la agricultura ecológica (UPM&Saborá, 2003)).

El Programa de Medidas Agroambientales contribuye a lograr cuatro objetivos básicos (De acuerdo a lo expresado en el Art. 2 del Real Decreto 4/2001, de 12 de enero, por el que se establece un régimen de ayudas a la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente y, en función de los principales problemas ambientales relacionados con la agricultura y recursos naturales. BOE, 13.1.2004, pp. 1587-1617): (i) utilización racional del agua y mejora de su calidad, (ii) lucha contra la erosión y mejora de la estructura y fertilidad de los suelos agrícolas, (iii) prevención de riesgos naturales y mejor utilización de los espacios rurales y, por último, (iv) protección de la biodiversidad y los paisajes agrarios (De acuerdo a esto, a cada una de las nueve Medidas que integran el Programa se le ha asignado un objetivo prioritario: a la Medida 8, como es lógico Paisaje, a las Medidas 2, 5 y 6, Biodiversidad, y al resto, Recursos Naturales). La aplicación de esta medida muestra que el número de beneficiarios en todo el territorio español esta sufriendo un descenso importante a medida que avanza el programa 2000/2006. Si en el año 2000 fue un año en el que apenas se realizaron contratos al ser aprobado por la Comisión en noviembre, en los restantes años (2001-03) se ha producido un descenso anual de un 17%, pasando de los 20.671 contratos del año 2001 a los previsibles 10.182 contratos del 2003. La realidad de la aplicación de las medidas agroambientales se caracteriza por ser claramente insuficiente para hacer frente a todo el abanico de necesidades de las distintas explotaciones agrarias existentes y demandas sectoriales.

Tal como expone la Evaluación Intermedia del programa (TRAGSATEC 2003a), las agroambientales contribuyen a los objetivos anteriormente expuestos. En relación al suelo, contribuyen a solventar la contaminación (a través de la reducción de agroquímicos), erosión (buenas prácticas) y estructura y fertilidad (abonado orgánico, siembra leguminosas). En lo que respecta al agua la contribución se estima en una mayor calidad (reducción agroquímicos) y cantidad (ahorro por siembra cultivos autóctonos). La biodiversidad también es favorecida a través de la preservación de la Flora y Fauna silvestre (aumento número de animales, proliferación vegetación espontánea), hábitats terrestres o acuáticos/humedales de elevado valor natural, infraestructura ecológica (mantenimiento de áreas seminaturales, bancales) y preservación de especies cultivadas y razas de animales en peligro de extinción. Asimismo las agroambientales se dirigen hacia la mejora y conservación del paisaje, así como la cultura y tradiciones (a través de la recuperación de prácticas agrícolas o cultivos tradicionales). Ante objetivos tan ambiciosos, problemas presupuestarios y de gestión (El hecho de que el Programa comparta presupuesto con otras medidas de acompañamiento, e incluso con el anterior Programa Agroambiental, en aquellas Autonomías en las que todavía está en vigor, ha condicionado y limitado enormemente el desarrollo del mismo), principalmente, están limitando la eficacia del Programa agroambiental.

En lo que respecta a la introducción de la componente transversal del medioambiente en los distintos programas de desarrollo rural, hay que indicar que la E.I. realizada a la medida Gestión de recursos hídricos (TRAGSATEC, 2003b; PROINTEC, 2003), muestra como ésta ha contribuido a proteger y mejorar el medio ambiente de las zonas rurales. Los nuevos regadíos ayudan a frenar los fenómenos de erosión y mejorar el paisaje (al introducir una mayor diversidad en zonas áridas), mientras que las actuaciones de consolidación y mejora permiten el ahorro de agua, la utilización más eficiente del recurso (a través de unos sistemas de riego con menos pérdidas) y la reducción de la contaminación. Además los Planes de Mejora incorporan unos compromisos mínimos de buenas prácticas que aseguran que los beneficiarios mantienen o inician la realización de prácticas respetuosas con el medio. No obstante, son muy pocos los proyectos de estas medidas que se orientan a la realización de una actividad en régimen de agricultura ecológica.

La medida de reforestación de tierras agrarias ha contribuido a incrementar paulatinamente la superficie forestada lo que tiene un impacto medioambiental muy positivo (Ello podría suponer un aumento proporcional de la cantidad de carbono fijado, compensando emisiones que puedan producir en otros sectores económicos. Otro de los beneficios medioambientales es el menor perjuicio realizado a los recursos naturales tales como erosión del suelo o la contaminación, en comparación con la actividad agrícola o la contribución positiva hacia la flora y fauna y el paisaje rural). No obstante, el impacto económico no parece haber sido muy intenso (Dirección de producción de tecnologías y servicios agrarios, 2003).

Por último, la iniciativa y programa LEADER+ y PRODER 2, respectivamente dirigidos a la diversificación agraria, denota una escasa participación de agricultores y ganaderos. A pesar de que la agricultura continúa siendo el eje sobre el que gira la actividad económica y la creación de empleo en amplias zonas de nuestro territorio, estas actuaciones habrían de integrar, en mayor medida, proyectos protagonizados por agricultores y ganaderos a fin de completar y diversificar sus rentas.

 

 

 

Fondo de Investigación y Proyectos de COAG.

José L. Miguel de Diego. 
Francisco M. Sánchez Arenas. 


 

Página 1 de 2
Siguiente página



Síguenos en

PORTADAContactoPublicidad
© Copyright Infoagro Systems, S.L.