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Congreso-agricultura: Arias afirma que la reforma de la PAC se aprobará entre mayo y junio
El ministro de Agricultura, Miguel Arias, afirmó en el Congreso de los Diputados que la reforma de la Política Agraria Común (PAC) se aprobará definitivamente bajo entre los meses de mayo y junio, bajo la Presidencia griega de la Unión Europea.
03/10/2002 -





En el pleno del Congreso y en respuesta a una pregunta del diputado del PP José-Cruz Pérez Lapazarán sobre el estado de las negociaciones del proyecto de reforma de la PAC, Arias explicó que actualmente se está en fase de análisis y de estudio de los aspectos técnicos de la misma.

Resaltó que España está intensificando los contactos con sus homólogos europeos ''para buscar apoyos comunes que sirvan para establecer alternativas conjuntas a la reforma de la PAC''.

El ministro explicó que está prevista una nueva reunión del grupo de trabajo dedicado a la funcionalidad y que en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura, que tendrá lugar el 14 y 15 de octubre en Luxemburgo, se analizará la reforma de los mercados del arroz, frutos secos, desarrollo rural y productos lácteos.

Indicó que está previsto que el 7 de noviembre se apruebe el informe del Parlamento Europeo en relación a la comunicación sobre la reforma de la PAC de la Comisión Europea y que en el Consejo del mes de noviembre se aborden los aspectos horizontales.

Recordó que la Comisión presentará sus propuestas legislativas junto con un estudio sobre el impacto de las mismas en la agricultura europea cuando se pronuncien los Estados miembros y el Parlamento Europeo.

''A partir de entonces el reglamento recibirá un nuevo dictamen y se espera la aprobación definitiva de las propuestas bajo Presidencia griega en los meses de mayo y junio'', apostilló Arias.

En respuesta a otra pregunta del diputado popular Nefatlí Isasi Gómez sobre los efectos de la reforma de la PAC en la agricultura española, Arias explicó que todavía se están analizando las consecuencias y que en base a las mismas, España elaborará las propuestas alternativas al texto de la Comisión.

Indicó que el Gobierno requirió a las Comunidades Autónomas un análisis sobre el impacto de la propuesta, aunque paralelamente ha utilizado todos sus medios técnicos para analizar los efectos y así, un estudio preliminar sobre Castilla-La Mancha, Andalucía y Castilla y León refleja una reducción de 600.000 hectáreas en la producción de cebada y trigo blando.

Agregó que esta disminución en la superficie de cultivo conllevará una caída de la producción en 1,5 millones de toneladas y de los ''imputs'' agrarios ligados a estos cultivos de 180 millones de euros.






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