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UE-agricultura: La CE prevé obtener 600 millones euros en el 2005 tras el recorte de las ayudas
La Comisión Europea prevé que el recorte de ayudas directas que baraja generará unos fondos de entre 500 y 600 millones de euros para el presupuesto agrícola en 2005, tras el primer año de aplicación de la revisión de la Política Agrícola Común (PAC).
05/07/2002 -





Bruselas prevé reducir un 3 por ciento los fondos de las ayudas directas, a partir de 2004, y que esta deducción aumente gradualmente cada año hasta alcanzar el 20 por ciento de las subvenciones dentro de siete años, en el borrador de su propuesta para revisar la PAC.

Bruselas considera que un año después de esa reducción, en 2005, el FEOGA-Garantía (instrumento financiero para aplicar la PAC) tendrá entre 500 y 600 millones de euros más, que irían a medidas de desarrollo rural.

Esos fondos adicionales ''aumentarán anualmente con cada incremento del tres por ciento'', según el texto elaborado por la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, que en estos momentos analizan otras direcciones generales.

El Ejecutivo comunitario hará públicas sus propuestas el próximo miércoles, 10 de julio.

La reducción de ayudas se aplican en concepto de una ''modulación obligatoria'', por la que se traspasan fondos de las medidas de mercado, como apoyos directos (primer pilar, hacia acciones de desarrollo rural.

Fuentes comunitarias señalaron que ''no se trata de quitar dinero al sector, sino de que el presupuesto para desarrollo rural se duplique dentro de siete años'', según las fuentes.

La Comisión pretende que los agricultores que perciben hasta 5.000 euros no estén afectados por ese recorte, lo que supondría exceptuar de la modulación ''a tres cuartos de los productores comunitarios pero sólo a un quinto del dinero pagado con la adjudicación de ayudas directas''.

Además, prevé que la modulación sólo se aplicará en los nuevos Estados miembros cuando se equiparen las ayudas directas entre todos los países de la UE (en 2013, según la estrategia de la Comisión Europea para la ampliación).

La Comisión Europea baraja ''una mayor descentralización'' de la PAC, con el refuerzo de las medidas de desarrollo rural, que son cofinanciadas por los Estados miembros.

Por otro lado, Bruselas estudia establecer un tope para las subvenciones, de manera que ningún productor individual pueda recibir ayudas por encima de los 300.000 euros.

Las cantidades ahorradas por modulación se distribuirán cada año a los Estados miembros basándose en ''criterios de cohesión'', en el empleo agrícola y, dentro de las políticas de desarrollo rural, Bruselas pretende fomentar la producción de calidad, el bienestar de los animales y el respecto al medio ambiente.

Además, para simplificar la PAC, Bruselas trata de ''introducir un sistema de pago único'' de renta por explotación, que integraría todas las ayudas directas en una sola prima, determinada sobre la base de las referencias históricas.

El objetivo de la revisión a medio plazo es mejorar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2000 y solucionar las ''brechas'' de esta reforma, según el borrador, en el que se plantean ajustes para varios sectores.

Dentro de los cereales, plantea reducir el cinco por ciento del precio de intervención, cuestión que quedó abierta en la Agenda 2000, y una supresión de la compra pública del centeno.

Para el trigo duro, reduce a 250 euros por hectárea el actual suplemento específico y suprime las ayudas especiales en áreas determinadas.

En arroz, la Comisión Europea propone una rebaja del 50 por ciento del precio de intervención para el año 2004-2005 y la introducción de un sistema de almacenamiento privado que se accionará cuando el precio de mercado caiga por debajo del nivel básico.

Para los frutos secos, introduce una ayuda de 100 euros por hectárea, que los Estados miembros pueden completar hasta 109 euros y establece una superficie máxima garantizada de 800.000 hectáreas.

En vacuno, propone desvincular los pagos por cabeza de ganado y sustituirlos por una ayuda a la renta por explotación basada en derechos históricos.

Dentro de la leche, constata perspectivas favorables tras la aplicación de la Agenda 2000 y establece cuatro opciones para la regulación de este sector a partir de 2008.






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