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El chequeo médico de la PAC: Cal y arena para el medio ambiente
La propuesta de Reglamento para ajustar la Política Agraria Común a las nuevas demandas de la sociedad ha quedado corta en las cuestiones ambientales.
29/05/2008 ADENA





Ante la propuesta definitiva de Reglamento del “Chequeo Médico” de la Política Agraria Común (PAC) presentada la semana pasada por la Comisión, WWF/Adena y SEO/BirdLife consideran que contiene opciones interesantes, pero sigue faltando mayor claridad y determinación para preservar el valor ambiental de la agricultura y dirigirla hacia la verdadera sostenibilidad.

La propuesta de Reglamento1 para ajustar la Política Agraria Común a las nuevas demandas de la sociedad ha quedado corta en las cuestiones ambientales, que han resultado supeditadas al fomento de la producción, a la liberalización de los mercados y a las presiones por el mantenimiento del nivel actual de pagos directos. No obstante, se confirman algunos de los cambios positivos avanzados en documentos anteriores.

Tras analizar el borrador legislativo, SEO/BirdLife y WWF/Adena consideran que los aspectos más relevantes son los siguientes:

La Comisión ha mantenido su propuesta de aumentar la actual modulación o traspaso de fondos desde las ayudas directas al desarrollo rural (situada en el 5% para los pagos superiores a 5.000 euros), limitando además su utilización exclusivamente en medidas para afrontar los actuales desafíos ambientales: cambio climático, energías renovables, escasez de agua y biodiversidad. Sin embargo, se queda en un 13% para 2013, por debajo de las propuestas iniciales del 20% (con lo que la política de desarrollo rural seguirá quedando en segundo plano), y se plantea el riesgo de un desvío masivo de estos fondos al fomento de los agrocombustibles, en lugar de aumentar la financiación de, entre otras, las prácticas agrarias favorables para la conservación de Red Natura 2000.

En cuanto a la condicionalidad, se incluyen por primera vez buenas prácticas destinadas a mejorar la gestión de los recursos hídricos en las explotaciones. En concreto, se exige el uso legal del agua para todos los regadíos, uno de los principales requerimientos de las organizaciones ambientales en su lucha contra las extracciones ilegales que comprometen el abastecimiento a poblaciones y la conservación de los humedales y otros ecosistemas acuáticos (los objetivos de la Directiva Marco de Agua). Por el contrario, los cambios introducidos para retener los beneficios ambientales del eliminado mecanismo de “retirada de tierras2”, son insuficientes, ya que la propuesta se limita a la conservación de ciertos elementos existentes del paisaje y la creación de franjas tampón a lo largo de los cursos de agua, sin tener en cuenta -por ejemplo- que muchas explotaciones no están cerca de ríos o arroyos o que las más intensivas no tienen ya elementos paisajísticos que mantener.


Respecto al cambio en el sistema de pago, la Comisión propone un módulo homogéneo por hectárea, pero lo deja en manos de los Estados Miembros que, en su mayoría, incluida España, optaron por un sistema “histórico” (con pagos basados en el importe percibido durante un período de referencia en el que el cobro estaba vinculado a la producción). SEO/BirdLife y WWF/Adena rechazan el sistema histórico, puesto que promueve los desequilibrios entre zonas rurales, en perjuicio de aquellas explotaciones más extensivas o marginales que, sin embargo, pueden contribuir en mayor medida a los objetivos ambientales europeos (ej. estepas cerealistas de secano o ganadería de alta montaña).

La Comisión aboga por un artículo 69 más flexible, que permita el empleo de los fondos detraídos de un sector en otro distinto (otra de las solicitudes de ambas organizaciones ambientales). Aunque a las medidas con objetivos ambientales o para producción de calidad se añade la opción de financiar seguros y mutuas agrarias (lo que previsiblemente absorberá gran parte de los fondos) se limita la utilidad de este artículo para apoyar a los sistemas agrarios de mayor valor ambiental.

Por último, la Comisión propone eliminar las ayudas a aquellas explotaciones de menos de una hectárea o que perciban menos de 250 euros. SEO/BirdLife y WWF/Adena insisten en una evaluación rigurosa de los efectos de esta propuesta sobre aquellas pequeñas explotaciones familiares, extensivas, situadas en regiones como la Cornisa Cantábrica, Galicia o las islas, de cara a detectar posibles impactos ambientales por abandono de la actividad en zonas importantes para la biodiversidad. Debe considerarse, además, que la superficie afectada dejaría de estar ligada a los requisitos de la condicionalidad. En cambio, se desecha la propuesta de establecer un tope máximo a las ayudas percibidas por grandes explotaciones, aunque sí se propone una degresividad adicional a la modulación para los pagos superiores a 100.000 euros, proporcionalmente insignificante.

La pelota está ahora en el tejado de los Estados Miembros, que deben empezar a negociar hasta alcanzar una propuesta consensuada durante la presidencia francesa. Por su parte, los agricultores y ganaderos deben entender que no se enfrentan a una pérdida de ingresos sino a una nueva forma de afrontar la gestión de sus explotaciones. Es el momento de que el nuevo Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino presente una postura integrada, coherente, y apueste por una auténtica política rural que refleje la realidad e intereses de España y donde la necesaria sostenibilidad ambiental tenga plena consideración.






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