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Perú
Tala ilegal
Seis años de cárcel por tala ilegal
El proyecto agrega que las personas que incurran en dichos actos también deberán realizar la prestación de servicios comunitarios de 40 a 80 jornadas.
03/07/2008 Centro Peruano de estudios sociales - CEPES





El Poder Ejecutivo:

Envió un proyecto de ley al Congreso que plantea sancionar con pena privativa de la libertad de 3 a 6 años a la persona que destruya, queme, dañe o tale, en todo o en parte, los bosques u otras formaciones boscosas sin autorización o concesión de las autoridades competentes.

El proyecto agrega que las personas que incurran en dichos actos también deberán realizar la prestación de servicios comunitarios de 40 a 80 jornadas.

Se reprimirá con las mismas penas la persona que adquiera, almacene, transforme, transporte, oculte, custodie, venda, embarque, desembarque, importe, exporte o reexporte productos o especímenes forestales maderables protegidos por la legislación nacional o los convenios internacionales.

Además, serán aplicadas a la persona que financie, dirija y organice las actividades anteriormente señaladas.

Las penas de cárcel no podrán ser menores de 4 años ni mayores de 8 años en caso que el delito se cometa al interior de tierra de comunidades nativas o campesinas, áreas naturales protegidas, zonas vedadas, concesiones forestales y áreas de conservación privadas reconocidas por las autoridades competentes.

Otro agravante será que las actividades ilegales afecten las vertientes que abastecen de agua a centros poblados, sistemas de irrigación o se erosione el suelo haciendo peligrar las actividades económicas del lugar.

Si el autor o cómplice del hecho es funcionario o servidor público, si el delito se comete con el uso de armas, explosivos o productos similares o si el delito se comete con el concurso de dos o más personas también se aplicarán entre 4 y 8 años de cárcel.

Asimismo, el proyecto de ley dispone que la persona que obstruya, impida o trabe una investigación, verificación, supervisión o auditoria, será reprimida con cárcel no menor de dos años ni mayor de 5 años.

La misma pena será aplicada para el que emplee la intimidación o violencia contra un funcionario público o sus asistentes, en el ejercicio de sus funciones relacionadas con las actividades de extracción y la venta de productos o especímenes forestales maderables.






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