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Reivindican un trato especial para el campo almeriense en el Pacto Nacional del Agua

La Junta de Andalucía considera que es "primordial e inaplazable" que el Gobierno acometa las inversiones previstas para la provincia.
31/07/2017
Reunión de la Mesa del Agua de Almería.


La Junta de Andalucía apuesta por el "compromiso de todos" para afrontar "juntos", desde una colaboración público-privada "firme y consistente", el desafío de una gestión sostenible de los recursos hídricos. Así lo han expuesto los consejeros de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, y de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, quienes, en el marco de la reunión con la Mesa del Agua de Almería, han instado al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a que esta provincia tenga un "tratamiento específico" dentro del Pacto Nacional del Agua. Ambos han destacado que es "imprescindible" que se tengan en cuenta las condiciones particulares del campo almeriense, "el mayor productor español de hortalizas", en cuanto a la disponibilidad del recurso y la escasa pluviometría.

El titular de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha manifestado, en este sentido, que "son muchos los retos" para garantizar de forma estable las necesidades hídricas actuales y futuras del sector. Un punto en el que ha reivindicado que cada Administración y cada agente implicado (usuarios, comunidades de regantes, etc.) "ha de asumir su papel y su responsabilidad sin reservas". Rodrigo Sánchez Haro, dentro de este contexto, entiende que para paliar el déficit de agua que padece la agricultura de Almería es "primordial e inaplazable" que el Gobierno central acometa, "de una vez", las inversiones que son de su competencia en la provincia. A su juicio, "la Administración General del Estado tiene que hacer sus deberes del mismo modo que la Junta de Andalucía los está haciendo".

Sobre la mesa se han puesto, así, asuntos como el coste del agua desalada, sobre el que Sánchez Haro ha reiterado la reclamación de un precio justo al Gobierno de España y una ley estatal que lo regule, o el posible cierre del trasvase Negratín-Almanzora, "tan importante para los regantes del Almanzora y ante lo que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente tiene mucho que decir", ha apostillado. Frente a ello, ha argumentado, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural "cumple su parte", por ejemplo, con el destino de más de 40 millones de euros a la mejora de los regadíos y los caminos rurales en la geografía almeriense.

El grado de compromiso "es el mismo" en lo que concierne a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Así lo ha expresado José Fiscal, quien ha subrayado la importancia de las distintas acciones que se van a acometer para recuperar y proteger las masas de aguas subterráneas sobreexplotadas. El consejero ha calificado como un "hecho histórico" el acuerdo entre la Junta de Andalucía y la Junta Central de Usuarios del Poniente Almeriense, que aglutina a todos los regantes de la zona, para limitar las extracciones, en el horizonte de planificación 2027, en 77 hectómetros cúbicos. Se llevará a cabo a través del cierre de pozos y la sustitución e interconexión de recursos alternativos desalados, regenerados y regulados.

Fiscal ha recalcado que, tras firmarse el pasado 25 de julio una resolución con ese fin, se va a poner en marcha un programa de recuperación del acuífero de Campo de Dalías y Sierra de Gádor en colaboración con los regantes de la zona. El titular de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha indicado que esta experiencia, así como la aplicación de las previsiones de la legislación de aguas, se va a trasladar al resto de los acuíferos sobreexplotados. Además, según ha concretado, se encomendará a la entidad más representativa de la zona la elaboración y gestión de un plan de recuperación para limitar las extracciones y sustituir las aguas subterráneas por otros recursos.

Casi 50 millones más para modernización

De igual modo, según ha anunciado Sánchez Haro, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural publicará en la primera semana de agosto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) las bases reguladoras de la línea de ayudas de mejora de regadíos, con la que, "con una dotación de 48 millones de euros, pretendemos apoyar inversiones dirigidas a la modernización, la transformación, la consolidación y nuevos regadíos", ha explicado. Estos incentivos encontrarán, además, un complemento de otros 15 millones de euros que favorecerán inversiones en autoproducción y ahorro de energía, así como en mejora de motores, equipos de bombeo o centros de transformación.

El responsable del departamento de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha añadido que también está previsto que se publiquen las bases para la realización de auditorías energéticas de las instalaciones de riego en busca del ahorro de energía, una medida que contará con 3,8 millones de euros. Asimismo, las comunidades de regantes se beneficiarán de una partida de unos 4 millones de euros que redundará de un modo directo en la mejora de caminos rurales, un apoyo "decidido" que tiene otro reflejo en la solución transitoria adoptada para Cuatro Vegas con el fin de asegurar las producciones de los agricultores mientras se tramita la concesión.

En definitiva, Rodrigo Sánchez Haro ha puesto en valor la importancia de un encuentro que pone de relieve "la firme voluntad del Gobierno andaluz" de encontrar soluciones, trabajar en común y, como ha reiterado, "asumir responsabilidades para garantizar estabilidad y un uso sostenible del agua ante la situación de sequía que se nos presenta a medio plazo". Ante ello, ha hecho un llamamiento al consenso de usuarios, comunidades de regantes y organizaciones agrarias para, entre todos, "conseguir el compromiso de la Administración General del Estado con el desarrollo de este sector que tanto aporta a Andalucía, España y Europa". El consejero no descarta, incluso, "si fuese necesario", solicitar la colaboración de otras comunidades autónomas como la Región de Murcia o la Comunidad Valenciana para conseguir que el Gobierno central "arrime el hombro y haga suyas las propuestas de la Mesa del Agua de Almería".


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