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Cómo protegerse del espionaje industrial y de empleados con información privilegiada en la industria agrícola

Especialistas en Compliance y Propiedad intelectual de Hercam Abogados nos dan las claves para la protección de las compañías agroalimentarias.
España - 05/12/2018
Protección jurídica
Vanessa Campos y Encarnación Hervías, especialistas en Propiedad Intelectual y Compliance.


Las agrícola y agroalimentaria son industrias muy innovadoras, en constante búsqueda de nuevas marcas, productos y tecnologías en pos de seguir siendo competitivas y que mueven cantidades económicas muy importantes a nivel mundial. Son, por tanto, también susceptibles del espionaje industrial, es decir, de intentar obtener información de una empresa de forma ilícita. 

Según Vanessa Campos, abogada especializada en Propiedad intelectual, perteneciente a Hercam Abogados, empresa situada en Almería, referente de este sector, explica que, en este sentido, “pueden darse problemas como el uso por parte de una empresa de marcas idénticas o similares a las de la competencia, tratando de aprovecharse de su renombre o notoriedad, o copiar la tecnología de otra empresa, así como la composición de sus productos, fertilizantes, etc”. Una serie de amenazas a las que puede enfrentarse una empresa por parte de su competencia que denotan la necesidad de éstas de proteger sus marcas e innovaciones y por lo que Campos recomienda “registrar. Por ejemplo, registrar el logo, la invención o el producto en la modalidad más adecuada, para lo que se requiere un estudio previo y un seguimiento posterior”, un procedimiento habitual entre las casas de semillas y las agroquímicas, pasando por las comercializadoras, las empresas de transporte y las de maquinaria. 

La experta en propiedad intelectual comenta que los casos más habituales en este sector en lo que a espionaje industrial se refiere son los “intentos de obtener información acerca del proceso de fabricación de fertilizantes, o de averiguar la composición de productos de la competencia mediante la obtención de información protegida de las empresas, con la introducción de ‘espías’ en las mismas, o interponiendo denuncias falsas para conseguir datos de la competencia”. Una vez protegidos, destaca Campos, estos activos intangibles “son un derecho de propiedad que se pueden vender, hipotecar, etc. Por ejemplo, se puede vender una marca o licenciarla a cambio de un royalty. Lo mismo ocurre con las patentes y con el resto de derechos de propiedad intelectual”, por lo que pueden ser, también, una fuente de ingresos para las empresas.

No obstante, la propiedad intelectual no es lo único que se puede proteger en una empresa. De hecho, a partir de la reforma del Código Penal de 2015, las sociedades y sus órganos de administración son responsables penalmente de los delitos cometidos por sus directivos y empleados. Una posibilidad que cada vez más empresas del sector agrícola y agroalimentario prefieren evitar implantando programas de Compliance corporativo o Corporate Compliance. Se trata de programas a medida que las empresas implementan para descargarse de esa responsabilidad penal por los delitos que puedan cometer sus trabajadores. Los delitos más habituales dentro de empresas de los sectores agrícola y agroalimentario son “delitos contra la salud pública, delitos en la comercialización con el extranjero, de estafa, de blanqueo de capitales, por descarga de programas pirata o por el uso de una marca similar a la de la competencia”, subraya Encarnación Hervías, abogada y economista especializada en Corporate Compliance, perteneciente a Hercam Abogados. Por ello, asegura que las compañías de seguros están recomendando a los directivos que implanten programas de Compliance en sus empresas a la hora de contratar sus seguros de responsabilidad civil. “Con la implantación de un programa de Compliance por profesionales especializados, la empresa evitará que le impongan una multa económica, el cese de sus establecimientos o evita la imposibilidad de obtener subvenciones y ayudas públicas, e incluso penas privativas de libertad”, señala Hervías, quien además sostiene que estos programas suponen una garantía de confianza y transparencia en los mercados, así como de cara a posibles inversores y proveedores, al igual que se trata de una forma de control de la organización a nivel interno. No obstante, resalta que el programa de Compliance ha de llevarlo a cabo un especialista en la materia, ya que no existen programas estándar de este tipo, sino que “ha de ser como un traje a medida para cada empresa” y exige un seguimiento continuo. 

Se trata de un tipo de programas de protección jurídica cada vez más demandado por las empresas del sector: “En 2018, hemos notado una creciente demanda en las empresas almerienses y cada vez son más las que optan por implantar un programa de Compliance. Los gerentes quieren disminuir el riesgo en sus empresas, evitar el cierre de las mismas y no encontrarse ante la imposibilidad de pedir subvenciones y ayudas públicas, así como forma de establecer un control interno en la organización, de manera que todos los empleados sepan qué pueden y no hacer dentro de ella”, observa la especialista en Compliance de Hercam Abogados, una empresa almeriense que, atendiendo a la gran demanda existente sobre estos temas entre las empresas de los sectores agrícola y agroalimentario de la mayor zona agroindustrial de Europa, ha apostado por ofrecer un servicio de calidad, caracterizado por la cercanía a la empresa, la especialización y la profesionalidad.

Redacción Infoagro: Lydia Medero




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