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Baleares aprueba una nueva Ley Agraria, más agrícola y menos urbanística

El texto prioriza la producción de alimentos para garantizar el autoabastecimiento alimentario de las Islas Baleares en el siglo XXI.
España - 16/01/2019
Normativa
Campo balear.


El Parlamento balear aprobó ayer la nueva Ley Agraria de les Islas Baleares, una reforma que prioriza, respecto de la norma anterior, la agricultura en detrimento del urbanismo. En este sentido, el espíritu de la Ley es garantizar la continuidad de la actividad agraria y la producción de alimentos en las Islas  Baleares mejorando las rentas de los agricultores y protegiendo los recursos que necesitan para llevar a cabo su tarea.

Una de las principales novedades de esta Ley radica en la redefinición de la figura del agricultor: se da importancia a su actividad no sólo como generador de alimentos sino también como labrador del paisaje. Este último aspecto se reconoce con dos nuevas figuras: el contrato territorial y el parque agrario. La primera tiene que ver con la conservación, y consiste en cubrir los costes que representa para los campesinos la generación de toda una serie de externalidades sociales y ambientales positivas para el paisaje (mantenimiento de los márgenes, dinamización de otros sectores económicos, etc.). Con respecto al parque agrario, se trata de una figura que ordena y potencia los espacios de interés agrario de las zonas periurbanas como, por ejemplo, el Pla de Sant Jordi, en Palma. Además, por primera vez, se abre la posibilidad de que se pueda exigir a quien genere presión sobre suelo rústico, haciendo un uso atípico, que compense el sector agrario con estos dos instrumentos.

Uno de los principales objetivos que se marcó la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca fue reservar el espacio que pertenece al sector agrario para evitar que se expulse el campesino del campo o sea desplazado por usos impropios del suelo rústico, como el turístico o el residencial. En este sentido, el conceller Vicenç Vidal, que defendió el Proyecto de Ley al pleno del Parlamento durante el debate y aprobación de la normativa, recordó que “el acceso a la tierra cada vez es más complicado y más caro” por mor de la insularidad pero también por la presión urbanística: “el precio de la hectárea agraria se ha multiplicado por 4 desde los años 80”.

Partiendo de esta idea, la Ley Agraria establece una nueva figura de protección para el suelo rústico: las Zonas de Alto Valor Agrario (ZAVA), tierras especialmente ricas para la agricultura que se crean como espacio de uso exclusivo para el sector agrario, que tendrán prioridad a la hora de recibir ayudas.

Finalmente, el texto establece que serán los consejos insulares, con la participación de representantes agrarios, los encargados de delimitarlas en un plazo máximo de dos años después de la entrada en vigor de la Ley. Pasado este plazo, y sólo en caso de que no se haya completado la delimitación, esta la podrá hacer la consejería competente en materia de Agricultura. Hasta que los consejos delimiten las ZAVA, hará falta un informe de la Dirección General de Agricultura para llevar a cabo usos y/o edificaciones no agrarias en las Áreas de Especial Interés Agrario (AIA). Estas son algunas de las novedades que han introducido los grupos parlamentarios durante el trámite de ponencia, con relación al Proyecto de Ley aprobado por el Consell de Govern en junio de 2018.

También se han modificado las llamadas agroestancias. En la ponencia, se ha quitado el límite de seis meses el año para practicar esta actividad complementaria y se ha ampliado la posibilidad de ofrecer alojamiento en una vivienda de la explotación diferente a la residencia del campesino. Se mantiene, sin embargo, que el campesino tiene que residir a la misma explotación. Los interesados, en más, ya no tendrán que cumplir todos los requisitos que marca la Ley turística, aunque tendrán que comprar las plazas correspondientes, que tendrán una categoría específica y un precio más reducido.

Se trata de una actividad complementaria que, a fin de que no se convierta en sustitutoria de la agraria, sólo podrán llevar a cabo las explotaciones preferentes, profesionales y prioritarias. Precisamente, la definición de preferentes se adapta a la realidad de cada isla y al tipo de cultivo con respecto a la extensión, hecho que posibilita que más explotaciones puedan alcanzar esta consideración que con la actual Ley agraria. 

En cambio, la venta directa, la degustación del producto propio y la primera transformación se pueden llevar a cabo a cualquier tipo de explotación. Y es que una de las prioridades que se marca la Ley es garantizar la soberanía alimentaria.

Se fomenta también la venta de proximidad y se establece que en la compra pública se dará prioridad a los productos de calidad diferenciada, de venta de proximidad, frescos y de temporada, un avance importante respecto de la Ley de 2014 que sólo hacía mención.

Por primera vez, además, se incluye en una ley de estas características, una relación de derechos y deberes de los propietarios en suelo rústico en materia de sanidad vegetal. Se quiere evitar que la falta de cuidado pueda representar un foco de infección para las producciones agrarias, como en el caso de la Xylella fastidiosa. Por eso se ofrecen herramientas para facilitar este mantenimiento, como los bancos de tierras, de manera que el propietario de la tierra y el campesino puedan ponerse en contacto entre sí a través de la Administración, que velará por los intereses de ambas partes.

Por otra parte, toda la ganadería se considera una actividad agraria estratégica, independientemente de la especie (para la ley anterior sólo lo eran los équidos).

Con respecto a la producción agraria, se reconoce la importancia de las razas autóctonas y las variedades vegetales locales también como patrimonio genético de las Islas Baleares. Por este motivo, se crea el Catálogo de variedades locales y se fomenta la siembra de estas variedades. También se prohíbe sembrar organismos modificados genéticamente (transgénicos), atendiendo a la directiva europea.
La nueva Ley agraria da más importancia, asimismo, a los aspectos sociales mediante la incorporación de la perspectiva de género de manera transversal. En este sentido, hay que destacar la presentación, la semana pasada, del Plan de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el sector primario. Además, se reconoce el cooperativismo como dinamizador y estructurador del sector profesional y de la agricultura familiar, así como su papel en la garantía del relevo generacional.

En el ámbito de la participación, se apodera el Consejo Agrario Interinsular para que se auto-regule, y en el del conocimiento se crea la Estrategia Balear de Mejora de Conocimiento Agrario, la cual tiene que contener las directrices y los planes de actuación sobre esta materia, que las administraciones públicas tienen que seguir en un determinado periodo.

En la redacción de esta Ley han participado un amplio espectro de interlocutores, como las organizaciones agrarias, entidades ecologistas, colegios profesionales, el sector ecológico, cooperativas, consejos insulares y consejerías, entre otros.



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