Síguenos  
Toda la Agricultura en Internet
Empresas Compraventa Noticias Precios Agrícolas  Cursos Tienda On Line Vídeos Fotos Diccionario Foro  Recomendar Infoagro

MERCADOS DEL AGUA. ANÁLISIS DE LAS OPCIONES ELEGIDAS PARA SU APLICACIÓN EN ESPAÑA (1ª parte)
Markets of the water. Study os spanish options

Resumen
1. Introducción
1.1. La Madurez De La Economía Del Agua En España
1.2. Mercados De Aguas: Opciones Políticas Para Su Aplicación
1.3. Objetivo De La Investigación
2. Asignación Inicial De Derechos Transferibles De Uso Del Agua
3. Duración De Los Derechos De Uso Del Agua
4. Transferencias De Derechos

5. Sistemas Asignativos De Agua En Períodos De Escasez
6. Tratamiento De La Información De Mercado
7. Tratamiento De Las Externalidades
7.1. Efectos Sobre El Caudal De Retorno
7.2. Efectos Sobre El Propio Caudal
7.3. Efectos Sobre La Zona De Origen
8. Consideración De Los Costes De Transporte
9. Instrumentos Para Solucionar Las Imperfecciones De Mercado
10. Conclusiones
Bibliografía

 
  Enviar a un Amigo
Corregir / Sugerir
Imprimir
Enviar
Tu Nombre
E-Mail destinatario
¿Algún comentario?

Corregir/Sugerir
¿Cuál es el error, o sugerencia?


 Cursos On Line
Cursos para profesionales, estudiantes y titulados

 
 Medidores e Instrumental


 Anuncios Gratuitos
Anuncios clasificados


 Mercados
Mercados nacionales e internacionales

RESUMEN

Nuestro país se encuentra actualmente en una etapa de madurez de la economía del agua, caracterizada por una demanda alta y creciente del agua, el cual se ha convertido en un recurso cuya escasez relativa ha aumentado considerablemente. Para tratar de paliar los efectos que tienen estas peculiaridades en la conservación y asignación del agua disponible, la reforma de la Ley de Aguas aprobada en 1999, ha introducido como novedad más importante la inclusión de los mercados de agua como método de gestión de los recursos hídricos, siguiendo así la iniciativa de otros países de características similares a España. El presente trabajo trata de analizar las peculiaridades del tipo de mercado de agua escogido por la legislación española, desde la perspectiva del análisis económico, estudiando tanto las ventajas como los inconvenientes que presenta la elección de dicho instrumento de asignación de los recursos hídricos.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. La madurez de la economía del agua en España

Buena parte de España se encuentra ya dentro de una “economía del agua madura” (Randall, 1981), caracterizada por una serie de aspectos, tales como:

- Una demanda alta y creciente de agua, la cual presenta tramos inelásticos a precios bajos y tramos elásticos a precios elevados.
- Una oferta inelástica del recurso a largo plazo, ya que los recursos hídricos de buena calidad son limitados.
- La necesidad de un mayor esfuerzo presupuestario para que el estado de los embalses y de los sistemas de distribución pueda estar en buenas condiciones de uso, puesto que la mayoría de las obras hidráulicas están obsoletas.
- La intensa competencia existente por el agua entre los distintos usos de la misma, como son los usos agrícolas, urbanos e industriales, y el mantenimiento de la calidad del caudal.
- El creciente problema de las externalidades negativas derivadas del uso inadecuado del agua, como son la sobreexplotación de acuíferos o la contaminación.
- El coste social, cada vez mayor, derivado de subvencionar el creciente uso del agua, cuando actualmente se tiende a buscar un equilibrio presupuestario a través de la disminución de los gastos públicos.

Esta fase de madurez de la economía del agua no se debe, por lo expuesto con anterioridad, simplemente a un problema de escasez física del recurso, sino más bien a una escasez socialmente condicionada, debido a los hábitos de consumo, uso y gestión del recurso (Aguilera, 1997).

Para afrontar esta problemática, es necesario optar por nuevas reorientaciones en la gestión del recurso, abandonando las tradicionales políticas basadas exclusivamente en un incremento de la oferta. En este nuevo contexto deben desarrollarse políticas de demanda más acordes con las necesidades actuales, que incentiven la conservación del agua y la reasignación de la misma hacia los usos de mayor valor (Maestu, 1997 y Thobani, 1997). Ésto puede conseguirse básicamente a través de tres tipos de instrumentos económicos, como son las ayudas a la mejora de las infraestructuras hidráulicas para la mejora de su eficiencia técnica, la tarifación y los mercados de agua.




La primera medida que se podría aplicar para fomentar el uso eficiente del agua se corresponde básicamente con las subvenciones a la modernización de los abastecimientos y de los regadíos, en la cual se promueve una mejora en las conducciones y en las técnicas de riego como vía para fomentar el ahorro (Sumpsi et al., 1998; Blanco, 1999 y Chakravorty, 2000). La segunda de ellas, la tarifación, que aparece contemplada ya en la Directiva Marco del Agua (2000), tiene como objetivo que los usuarios sean más responsables del verdadero coste que supone la provisión de los servicios del agua, incluyendo los costes ambientales que supongan los mismos. El tercero de los instrumentos, por su parte, aparece recogido en la reciente reforma de la Ley de Aguas (LAg.) española, y obedece al contexto actual de madurez de la economía del agua, donde existe un crecimiento de la escasez del agua y grandes diferencias del valor del recurso entre sus distintos usos (Easter y Hearne, 1995). Así, la introducción de los mercados de agua se plantea como una medida para mejorar, de una forma descentralizada, la asignación del agua entre sus potenciales usuarios y reducir los efectos de la escasez, intentando paliar de esta forma las ineficiencias que han demostrado hasta la fecha las medidas administrativas utilizadas para gestionar los recursos hídricos (Randall, 1981; Easter y Hearne, 1995; Thobani, 1997; Sumpsi et al., 1998 y Ariño y Sastre, 1999). Otra ventaja de los mercados, no menos importante, es que permiten que los usuarios del agua actúen de forma voluntaria en el intercambio de caudales en base a decisiones individuales en función del valor que para ellos tiene el agua. Esta información sobre el valor y la escasez del agua es muy costosa de obtener por parte de la administración gestora de los recursos (problema agente-principal), contribuyendo el mercado a disminuir los costes de acceder a la misma, en aras a una asignación más eficiente del agua (Easter y Hearne, 1995).

1.2. Mercados de aguas: opciones políticas para su aplicación

Podríamos definir un mercado de agua como “todo marco institucional en virtud del cual los titulares de derechos sobre el agua están autorizados, respetando unas reglas establecidas al respecto, a cederlos voluntariamente a otro usuario a cambio de una compensación económica” (Sumpsi et al., 1998).

En virtud de esta definición, podemos concluir que los mercados que pueden desarrollarse para gestionar de manera más eficiente el agua, no son homogéneos, sino que pueden presentar múltiples formas de organización. En este trabajo nos centraremos en el tipo de mercado de agua concreto que se ha introducido recientemente en la reforma de la Ley de Aguas de 1985 (Ley 46/1999), cuyo desarrollo aparece recogido en el artículo 61 bis de la misma. Efectivamente, la implantación de mercados de agua, desde el punto de vista de la política económica permite determinar una serie de variables que definen sus características básicas, permitiendo con ello que pueda afrontarse de forma específica las peculiaridades de la gestión del agua en las distintas zonas donde se aplican.

En este sentido, la experiencia internacional nos ofrece ya un amplio bagaje, con la sucesiva introducción de mercados en los estados del oeste de los Estados Unidos (Colby, 1995), Chile (Rosegrant y Binswanger, 1994), California (Howitt, 1997), Australia (Pigram et al., 1992) o México (Easter y Hearne, 1995) como novedosas políticas de demanda del recurso agua.

El estudio de las particularidades de los mercados de agua en estos países, así como las distintas opciones barajadas con anterioridad a su instauración, nos han permitido detectar un total de ocho variables definitorias de los mismos, tal y como se muestra en el Cuadro 1. Cada una de ellas dispone de distintas opciones alternativas, cada una con sus ventajas e inconvenientes, y que en cada caso el legislador deberá elegir para su aplicación concreta en el ámbito geográfico correspondiente.

Cuadro 1.- Variables definitorias de los mercados de agua

VARIABLES DEFINITORIAS DE LOS MERCADOS DE AGUA ALTERNATIVAS POLÍTICAS
A.- Asignación inicial de derechos transferibles A.1.- Sistema de derechos adquiridos
A.2.- Subastas
A.3.- Sistema de asignación mixto
B.- Duración de los derechos del uso del agua B.1.- Permanentes
B.2.- Temporales
C.- Forma de transferencia de derechos C.1.- Venta
C.2.- Arrendamiento
C.3.- Contrato de opción
C.4.- Realización de inversiones en equipos de capital
D.- Sistemas asignativos del agua en períodos de escasez D.1.- Norma prioritaria
D.2.- Norma proporcional
E.- Tratamiento de la información de mercado E.1.- Homogeneizar la información
E.2.- Posibilidad de intermediación privada
E.3.- Establecer agencias de transacción
F.- Tratamiento de las externalidades F.1.- Efectos sobre el caudal de retorno F.1.1.- Establecer acuerdos cooperativos
F.1.2.- Establecer derechos sobre el caudal de retorno
F.1.3.- Planificación hidrológica
F.1.4.- No consideración de caudales de retorno
F.2.- Efectos sobre el propio caudal F.2.1.- Política pública reguladora
F.2.2.- Política pública basada en el mercado
F.3.- Efectos sobre la zona de origen F.3.1.- Compensación monetaria
F.3.2.- Control público de transferencias
G.- Consideración de los costes de transporte G.1.- Financiación pública
G.2.- Financiación privada
H.- Instrumentos para solucionar las imperfecciones de mercado H.1.- Norma de pertenencia
H.2.- Doctrina del uso beneficioso
H.3.- Tarifación

Las opciones en cursiva son las elegidas por la legislación española de 1999.
Fuente: Elaboración propia.

1.3. Objetivo de la investigación

El objetivo de este trabajo, no es centrarse en un análisis jurídico del artículo 61 bis de la reforma de la LAg., sino examinar desde el punto de vista de la Teoría Económica las alternativas que la legislación española ha elegido para la introducción del mercado de aguas en nuestro país. Para ello, hemos considerado cada una de las variables anteriormente establecidas en relación a los mercados (cuadro 1), analizando a través de ellas las consecuencias económicas que tendrá dicha elección en la eficiencia y equidad de la gestión del agua.

Con ello, nos proponemos orientar el futuro desarrollo de los mercados como instrumentos de asignación de agua sobre la base de las carencias y los problemas que podrían originarse en su funcionamiento, según lo establecido en la legislación vigente. Este análisis ayudará a que el propio desarrollo normativo de la ley pueda solventar en un futuro dichas dificultades de forma satisfactoria.

2. ASIGNACIÓN INICIAL DE DERECHOS TRANSFERIBLES DE USO DEL AGUA

La asignación inicial de derechos de uso del agua es un tema importante dentro de los mercados de agua, puesto que de ella dependerán los impactos distributivos que generen las transacciones de mercado (Colby, 1996 y Lee y Jouravlev, 1998). Además, la elección de dicha asignación inicial es fundamental para evitar el rechazo que del mercado de agua podría producirse tanto por parte de los agentes implicados como del conjunto de la sociedad.

No obstante, conviene señalar que el mecanismo de reparto inicial de derechos elegido es una decisión política relacionada con el problema de distribución de rentas y la equidad, más que con la propia eficiencia asignativa del agua. Efectivamente, esta cuestión no afecta a la eficiencia, pues como la Teoría Económica y las experiencias analizadas muestran, sea cual sea el procedimiento seguido para asignar los derechos, si el mercado es competitivo y funciona correctamente, siempre se llega a la máxima eficiencia en el uso del recurso, permitiendo el ajuste de las variaciones de oferta y demanda a corto y largo plazo (Lee y Jouravlev, 1998).

Podemos distinguir tres posibles métodos de asignación inicial de los derechos de uso del agua, como son el sistema de derechos adquiridos, las subastas y el sistema de asignación mixto.

El sistema de derechos adquiridos suele ser la alternativa más utilizada cuando se introducen los mercados de agua, distribuyendo los derechos entre los usuarios tradicionales de los mismos. Suele basarse en el registro histórico o en otros parámetros como la posesión de la tierra a la hora de organizar el reparto de derechos (Thobani, 1997 y Garrido, 2000a). Este sistema es el que ha sido elegido por la legislación española.

Otro método de asignación es el de las subastas, donde el gobierno oferta los derechos de uso del agua organizando una subasta entre los usuarios potenciales, de la cual se obtiene un valor inicial de esos derechos (precio de subasta) en función de las demandas existentes en el momento de la oferta pública (Maestu, 1997 y Lee y Jouravlev, 1998). No obstante, para evitar movimientos especulativos, la administración puede fijar precios mínimos y máximos, fuera de cuyo rango no se distribuye derecho alguno. Este sistema puede incidir en la equidad del reparto de derechos, dependiendo del método que se elija para su diseño. No obstante, como característica fundamental, esta alternativa permite equilibrar la oferta y la demanda de derechos de uso del agua de forma más equitativa que el resto, debido a que la riqueza procedente de los derechos se transfiere de los nuevos usuarios a la sociedad en su conjunto, evitando riquezas aleatorias. Esta forma de asignación se ha utilizado únicamente en Australia a finales de los años ochenta (Lee y Jouravlev, 1998 y Ariño y Sastre, 1999).

Por último, existe el sistema de asignación mixto, el cual consiste en reservar derechos de uso del agua a los usuarios ya existentes antes de instaurar el sistema de mercado, ofreciéndoles precios preferenciales o permitiéndoles pagar su valor a plazos. Los derechos de uso de los recursos que quedasen libre después de cubrir las demandas de los usuarios tradicionales podrán sacarse a subasta para permitir la entrada de nuevos participantes en el mercado (Lee y Jouravlev, 1998).

De los tres sistemas anteriores, nos centramos únicamente en el primero como sistema elegido por la reforma de la LAg. Así, a continuación se comentan las características fundamentales del método de asignación basado en los derechos adquiridos.

La ventaja principal de este método de asignación respecto a otros sistemas es que disminuye el grado de conflictividad y la oposición de los usuarios actuales ante la introducción del mercado de agua. La mayoría de los usuarios existentes suelen ser agricultores que argumentan que al adquirir sus fincas, han pagado de forma implícita un precio por el derecho a usar el agua (Garrido, 2000a). Por ello, al considerar que “el agua ya es suya”, cualquier otro procedimiento que implicase el pago de cantidades adicionales presentaría un gran rechazo social y político hacia esta reforma normativa de la gestión del agua.

Entre los inconvenientes de este método podemos destacar los siguientes:

- Este sistema tiende a perpetuar los patrones ineficientes de uso del recurso actuales, ya que los usos históricos del agua no tienen que ser precisamente los de mayor valor. En este sentido, es importante destacar la falta de incentivos que pueden tener determinados agentes, fundamentalmente los regantes, a vender agua ante el miedo a que, según la normativa vigente, se le pueda recortar el volumen de la concesión sin compensación alguna. De esta manera, por la falta de seguridad jurídica del derecho (concesión), se estaría fomentando la continuidad del uso del agua en actividades con grandes costes de oportunidad. Además, por el mismo motivo, se puede retrasar el cambio tecnológico, puesto que los derechos de uso histórico suelen ser muy generosos y los usuarios no tendrán incentivos para instalar tecnologías ahorradoras del agua (Garrido, 2000a). No obstante, como ya se ha señalado, si el mercado funcionase correctamente, esta distribución inicial ineficiente se verá modificada hasta que se alcance la eficiencia distributiva (uso del agua en las actividades de mayor rentabilidad).
- Puede aparecer la figura de los “aguatenientes”, al concentrarse en manos de grandes usuarios una proporción considerable de derechos de uso del agua, lo cual puede conducir a la competencia imperfecta y hacia las prácticas monopolísticas en la gestión del recurso (Thobani, 1997).
- Aumenta el riesgo de manipulación estratégica, ya que aquellos usuarios con concesiones “latentes”, prácticamente sin uso actual, pueden recuperar sus extracciones sólo con el fin de lograr más derechos de uso, para después poder especular con el recurso. La consecuencia de esto, será un incremento de la demanda agregada del agua (Garrido, 2000a).

A pesar de estas desventajas, alguna de ellas especialmente grave, el legislador ha optado por introducir este cambio tan radical en la gestión del agua evitando la confrontación con los actuales usuarios, que tan sólo hubiese servido para su desgaste político y, posiblemente, para la paralización social y judicial de la reforma planteada (perpetuación del uso ineficiente del agua). En cualquier caso, posteriores desarrollos normativos podrían aliviar los problemas anteriormente señalados en relación a la falta de seguridad jurídica de los derechos, las prácticas monopolísticas y la posibilidad de aumentos de las demandas.

En el caso de la legislación española, y en relación a este mismo tema, es de interés señalar la existencia de una barrera de entrada al mercado de nuevos usuarios, puesto que ésta dispone que sólo pueden intervenir en el mercado los agentes que actualmente tienen concesiones para el uso del agua. Esta circunstancia se justifica por parte de la ley, como un mecanismo para evitar que aparezcan en el mercado usuarios que no hayan seguido el procedimiento habitual para obtener una concesión, para lo cual la Administración estudia variables como el “uso beneficioso” del recurso, el lugar de derivación del caudal, el tipo de uso y la situación de las reservas hidráulicas en el momento de la tramitación junto con una previsión de la disponibilidad de caudales (Garrido, 2000a). No obstante, consideramos esta limitación legal innecesaria, puesto que si un individuo adquiriese derechos de uso en el mercado sin concesión previa, el volumen de caudal que recibirá será igual al que tuviese concedido el vendedor, no afectando así a las reservas del recurso existentes en ese momento, que es una de las cuestiones que más preocupa a la Administración para evitar la sobreexplotación del recurso (Garrido, 2000a). Por su parte, respecto a las cuestiones relativas al lugar de derivación y al tipo de uso, será inevitable que éstas se vean modificadas, no sólo cuando las transacciones de derechos se produzcan con usuarios que no posean concesión previa, sino también cuando los intercambios se efectúen entre usuarios con concesiones. En definitiva, creemos que esta restricción legal puede impedir que se logren mayores mejoras de la eficiencia en la asignación del recurso (destino a usos más “beneficiosos”), impidiendo que el agua se destine a usos de gran valor por el simple motivo que sus potenciales usuarios no sean actuales concesionarios de agua.

A esto se une también, la restricción que impone la ley respecto a que el intercambio de derechos se limitará a los usuarios de uso consuntivo entre sí, y a los concesionarios de uso no consuntivo entre sí, no pudiendo realizar transacciones entre ellos, lo cual introduce aún mayor rigidez al mercado (Garrido, 2000a y Heras, 2000).

3. DURACIÓN DE LOS DERECHOS DE USO DEL AGUA

La duración de los derechos de uso del agua juega un papel determinante la caracterización de dichos derechos como “vendibles” (Lee y Jouravlev, 1998). Efectivamente, en términos de Teoría Económica se habla de un único mercado cuando el bien o servicio intercambiado es homogéneo. En caso contrario se trataría de mercados diferentes, si bien pueden estar interrelacionados (bienes y servicios heterogéneos, pero sustituibles entre sí). En este sentido el establecimiento de la duración de los derechos marcará el grado de heterogeneidad de los mismos, y con ello el correspondiente fraccionamiento del mercado.

El interés de esta variable como definitoria de los mercados está relacionado con los costes de transacción a los que induce. Efectivamente, cuando los derechos pueden tener distinta duración, siendo por tanto productos heterogéneos, se incrementan los costes de transacción, dificultándose de esta manera las transferencias (Garrido, 2000b). La posibilidad de adquirir distintos derechos de uso de agua en función de su duración, siempre que estas transacciones conlleven la venta definitiva del derecho, requerirá invertir en tiempo e información para poder comparar la relación de los “distintos” derechos con sus respectivos precios. Esta dificultad (incremento de los costes de transacción) no se produciría si todos durasen igual.

La Ley de Aguas de 1985 prevé una duración de los derechos de uso de 75 años, y aunque todavía no existe ningún caso en que éstos hayan caducado, la legislación dispone que cuando llegue el momento se renovarán de forma casi automática (Ariño y Sastre, 1999). Así pues, podemos considerar que, en la práctica, los derechos de uso son de carácter permanente.

Los derechos de uso permanentes tienen una ventaja fundamental, que se concreta en que simplifican la organización del mercado al disminuir los costes de transacción, como consecuencia de tener los derechos de uso una naturaleza homogénea (misma duración). Además, con respecto a los derechos de uso temporales, presentan igualmente la ventaja de la seguridad jurídica, proporcionando incentivos para invertir a largo plazo en la gestión y conservación de los recursos hídricos (Lee y Jouravlev, 1998).

No obstante, según lo comentado anteriormente, esta variable sólo es importante de cara a la instauración de un mercado de agua cuando las transferencias de derechos se puedan realizar mediante la venta definitiva de los mismos. La legislación española, sin embargo, no contempla esta opción, y sólo permite el arrendamiento de los derechos de uso (ver apartado 4). Así, el problema de la heterogeneidad de los derechos, y los costes añadidos que ello conlleva, no afectan al mercado de agua español, puesto que, por una parte, el arrendamiento por sí mismo ya tienen un carácter temporal y hay que renovar el contrato periódicamente (con independencia de que el tenedor de los derechos los posea de forma permanente o temporal), y por otra parte, la duración de los derechos es de carácter permanente en la práctica.

4. TRANSFERENCIAS DE DERECHOS

Las transferencias de derechos de uso del agua, pueden hacerse de distintas formas, en función de la estructura del mercado y de las consideraciones legales realizadas al efecto. Así, se puede optar por la venta definitiva de derechos, por su arrendamiento, por la celebración de contratos de opción o por la realización de transacciones de agua a cambio de inversiones en equipos de capital.

La venta de derechos suele utilizarse para satisfacer cambios permanentes en la demanda de recursos hídricos (Howitt, 1997). El arrendamiento, por su parte, conlleva la venta del recurso pero no de los derechos (se transfiere el agua correspondiente al derecho durante un período de tiempo concreto). El contrato de opción es un acuerdo para arrendar un derecho de agua en presencia de una determinada contingencia, como puede ser una sequía. Así, por ejemplo, una empresa de abastecimiento urbano, para asegurarse una determinada dotación de agua en una situación de sequía, podría realizar un contrato de opción con un agricultor para cubrirse de dicha contingencia a un precio acordado por anticipado (Garrido, 2000a). Por último, también se pueden realizar transacciones de agua en las cuales el comprador, en vez de pagar una cantidad de dinero, se compromete a financiar inversiones en el equipo de utilización del vendedor a cambio de adquirir los caudales ahorrados como consecuencia de dicha mejora (Sumpsi et al., 1998).

La opción que ha seguido la legislación española que introduce los mercados de agua ha sido la de limitar las transacciones a arrendamientos, aunque dejando la puerta abierta al establecimiento de contratos de opción y las transacciones a cambio de inversiones (esta posibilidad ya existía con anterioridad a la reforma, tal como puede analizarse en Sumpsi et al., 1998).

El arrendamiento de derechos que establece la reforma de la LAg. permitirá afrontar variaciones a corto plazo en las condiciones de oferta y demanda de agua, sin que se vea afectado el correcto funcionamiento del mercado por la heterogeneidad de derechos (Garrido, 2000a). Sin embargo, esta opción presenta un problema derivado de la imposibilidad de comprar los derechos de forma definitiva, ya que si un agente (una industria, por ejemplo) necesitase de forma permanente agua, ésta tendría que estar arrendándola de forma continuada, contribuyendo así a una disminución de la flexibilidad del mercado.

La posibilidad de establecer mercados de opción o de futuros, permite redistribuir mejor el riesgo entre los agentes del mercado del agua con distinta aversión al riesgo, y que por tanto asocian distintas pérdidas económicas a las disminuciones de agua disponible (Maestu, 1997 y Garrido, 1999). Estos contratos de opción se realizarán al ser ventajosos para ambas partes. Al arrendador le permite salvaguardar su suministro de agua a largo plazo, recibir una compensación financiera por la opción y mantener su acceso al agua cuando dicha opción no se ejerce. Por otra parte, al arrendatario este sistema le ofrece seguridad en el suministro, proporcionando una cantidad de agua adicional cuando ocurra la contingencia especificada al precio acordado (Garrido, 2000a). Para ello, el arrendatario tendrá que pagar por esta operación una prima fija más el precio de ejercer la opción (si al final necesita el agua) y, solamente la prima si no emplea el agua. De esta forma se producen ganancias netas de bienestar económico privado, y en general también social (Garrido, 2000a).

La legislación española recientemente aprobada no menciona explícitamente esta última posibilidad como forma de transferencia, pero tampoco se prohíbe en su articulado. De hecho, se espera que estos contratos de opción sean facilitados dentro de lo que la ley denomina “Centros de Intercambio” (ver apartado 6), más conocidos como Bancos de Agua (Embid, 2000 y Garrido, 2000a). Según la normativa aprobada, corresponde al Consejo de Ministros autorizar a los Organismos de Cuenca para poder realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de uso del agua, y posteriormente cederlos a los usuarios que satisfagan el precio que el propio Organismo de Cuenca determine. A pesar de la posibilidad de la constitución de Bancos de Agua, la LAg. define de forma muy difusa estos centros, de forma que sólo habla de su posible existencia, correspondiendo al Reglamento de desarrollo de la ley, todavía pendiente, su futuro desarrollo (Garrido, 2000a). En este sentido, y a la espera del posterior desarrollo normativo, es de prever que, al igual que ha ocurrido con los Bancos de Agua en California a partir de 1995, las operaciones de compra-venta se realicen, tanto en firme como en base a contratos de opción.


 

Página 1 de 3
Siguiente página



Síguenos en

PORTADAContactoPublicidad
© Copyright Infoagro Systems, S.L.