ESPAÑA 25/09/2000
La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla y León ha denunciado la “carrera de obstáculos” a la que somete la Administración a los escasos jóvenes que desean incorporarse a la agricultura y a la ganadería en Castilla y León. En los últimos 5 años no ha remontado la tendencia descendente del número de incorporaciones, lo que prueba el desánimo generalizado existente y la incapacidad política de generar ilusión en el sector.
Este año la Consejería de Agricultura y Ganadería sólo ha recibido 698 peticiones de nueva incorporación, “una cifra ridícula si tenemos en cuenta la importancia de la agricultura y ganadería de Castilla y León, y que impide la sustitución de los efectivos agrarios que se retiran, ya que la renovación apenas supone un 1 por ciento del censo regional”, advierte ASAJA.
Según los datos recabados por ASAJA, en los últimos años se ha producido una reducción del número de jóvenes que se incorporan al sector agrario aprovechando las líneas oficiales de ayudas, y que están reguladas por el Real Decreto 204/96. Estas ayudas consisten en una subvención de hasta 2.475.000 pesetas y un crédito para acometer inversiones del 0 por ciento de interés con la limitación de que los intereses soportados por la Administración no sobrepasen las 2.475.000 pesetas. Pueden ser beneficiarios los jóvenes, entendiendo como tales a aquellos que tengan menos de 40 años, que se incorporen por primera vez a la agricultura comprometiéndose a estar en ella al menos 5 años y que cumplan una serie de requisitos, como demostrar la viabilidad de la explotación y tener una cualificación profesional.
El plazo para tramitar estas ayudas finalizó el 31 de agosto, y en las provincias de Castilla y León se presentaron 698 expedientes de nuevas incorporaciones, lo que significa un descenso de al menos un 67 por ciento respecto a las 2.143 peticiones aprobadas hace 5 años, en 1996. Desde entonces, el número de expedientes no ha remontado: fueron 634 en el año 1997, un total de 818 en 1998 y sólo 695 en el año 1999.
Sumando estos expedientes de nuevos agricultores con los de mejora de explotaciones, en el año 2000 se han presentado al amparo del R.D. 204/96 2.520 solicitudes, aunque en total se tramitarán 2.840 expedientes, sumando los que quedaron a la espera en el ejercicio anterior por falta de presupuesto. Para ver la evolución negativa de los últimos 5 años, basta saber que en 1996 se presentaron 3.662 solicitudes, y sólo 2.520 en el 2000.
Además, hay que tener en cuenta que con cargo al presupuesto del 2000 se financian expedientes pendientes de anteriores ejercicios, en concreto 320 del año 99. Este retraso perjudicará especialmente a provincias como Burgos y Salamanca, que tienen respectivamente 135 y 75 expedientes pendientes de pago, “y detrás de cada uno de ellos un agricultor o un ganadero que tiene paralizada la mejora de su explotación por causas administrativas”, recuerda la OPA.
Las causas de esta reducción que ASAJA considera más que preocupante, hay que buscarlas principalmente en el endurecimiento impuesto por la Consejería de las condiciones para acceder a las ayudas como forma de ahorrarse presupuesto. Como ejemplo, tramitar la ayuda para comprar una máquina de 300.000 pesetas exige un expediente al menos tan complejo como el tramitar una ayuda de la Junta a una gran industria. Además de cumplir con toda la normativa, se requiere un estudio económico y presentar de media un total de 20-40 documentos, y haber pasado para solicitarlos por una media de 6 ventanillas de la Administración (Hacienda, Ayuntamiento, Seguridad Social, Registro de Maquinaria, Registro de Arrendamientos Rústicos, Ganadería...).
Por otra parte, la crisis del sector que golpea con más intensidad a los jóvenes, al tener que hacer grandes inversiones en naves, ganado, maquinaria, acceder a un mercado de tierras caro y escaso y tener que pagar unos derechos o cuotas de producción a precios muchas veces astronómicos. Por si fuera poco, los hijos difícilmente pueden disponer de la explotación de los padres hasta que éstos no se jubilan, cuentan poco en la toma de decisiones, y necesitan los avales de la familia para acceder a créditos bancarios. También recuerda ASAJA que el mal funcionamiento de la normativa reguladora del cese anticipado en la actividad agraria (jubilaciones anticipadas) contribuye también de forma indirecta a obstaculizar el camino de los jóvenes en su esfuerzo por conseguir explotaciones viables.