ESPAÑA 29/07/2002
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Arias, aseguró esta tarde, al termino de la reunión de la Mesa para la Defensa de la Pesca, integrada por las Administraciones central y autonómicas, el sector y los agentes sociales, que la reforma propuesta por la Comisión Europa(CE) ''vulnera el Derecho Comunitario y podría no ser legal''.
La Mesa de Defensa de la Pesca, que se reunió en Madrid por segunda vez desde su constitución, tras conocerse el pasado 28 de mayo desde Bruselas la propuesta de reforma de la Política Pesquera Común (PPC) presentó un documento de trabajo en el que critica punto por punto la orientación de la reforma.
Recalcó que ''estamos acopiando todos los dictámenes jurídicos necesarios'', tanto del Ministerio de Hacienda como del de Agricultura y de las Comunidades Autónomas para preparar una reacción, ''porque ha habido un acuerdo de los jefes de Estado y de Gobierno que han repartido unos fondos con unos objetivos políticos que ahora quieren romperse''.
A juicio del ministro, esta situación supone ''una quiebra del principio de confianza, del principio de contratación de las partes y una vulneración global de diversos principios jurídicos que afectan al desarrollo regional''.
Indicó que los países aliados de España en este asunto (Francia, Italia, Grecia, Portugal e Irlanda) tiene debates internos similares y ''estamos trabajando en la formulación de propuestas comunes alternativas al documento de la CE''.
Los asistentes, entre los que se encontraban también eurodiputados del PP, PSOE, IU y BNG, aseguran que ''no existen informes científicos, sociales o económicos que avalen esta reforma'' y añaden que tampoco hay ''un informe socioeconómico de la reforma ni sobre la situación económica de las regiones dependientes de la pesca''.
Aseguran que las estimaciones de reducción de flota pesquera que realiza la Comisión ''carecen de proporcionalidad y realismo'' y además insisten en que ''la modificación de la PPC no cuenta con fondos presupuestarios''.
El eurodiputado de IU Salvador Jové apuntó que ''hay que buscar un equilibrio entre la gestión y la recuperación de los recursos pesqueros y el mantenimiento de la mayor actividad pesquera posible, aunque no va a ser fácil encontrarlo''.
Resaltó que ''se habla mucho de desguaces de barcos'' sin que la Comisión haya presentado ningún documento sobre los impactos socio-económicos que generaría la destrucción de flota pesquera.
José Manuel González, secretario general de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, declaró que, ''hay que buscar la unidad del sector pesquero sobre todo en lo que más preocupa a la flota de bajura, la eliminación de las ayudas estructurales''.
Según dijo González, desde las cofradías ''queremos que sigan las ayudas hasta el 2006, porque los armadores de bajura tenían programado sus renovaciones y sus nuevas construcciones hasta ese año''.
En estos grupos participan dos representantes por parte del sector extractivo, de las cofradías, de transformación, y otros dos por parte de los sindicatos, además de representantes de las diez Comunidades Autónomas pesqueras.
La propuesta presentada por la Comisión Europea, que de aprobarse entraría en vigor el próximo 1 de enero de 2003, provocará el recorte de más de 5.000 puestos de trabajo en España y cerca de 28.000 en toda la Unión Europea.
Además, podría mandar al desguace a cerca de 1.300 unidades españolas, y a unos 8.600 en toda la Unión Europea.
