ESPAÑA 05/07/2002
La Eurocámara aprobó un informe de la eurodiputada irlandesa Patricia McKenna (Los Verdes-Ale) sobre la propuesta comunitaria para la aprobación de dicho acuerdo, alcanzado en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, para proteger y regular las poblaciones de peces altamente migratorios.
El caladero Atlántico Suroriental abarca las aguas en torno a Angola, Namibia y Suráfrica y de territorios ultraperiféricos del Reino Unido (Santa Helena, Tristán de Cunha y Ascensión).
El convenio fue aprobado en abril de 2001 por los países ribereños, la UE, Islandia, Corea, Noruega y los Estados Unidos.
El PE pidió que ''la UE complete el proceso de ratificación'' de ese compromiso, que aún no ha sido aprobado ''debido a que algunos Estados miembros no han cumplido sus obligaciones''.
La Eurocámara subrayó que algunos puntos del convenio ''no han sido ratificados y pide que el convenio sea aprobado con entusiasmo''.
En virtud de ese convenio, se decidió crear un organismo, la SEAFO, para regular las especies migratorias distintas a los atunes y a los marlines.
Según el informe de McKenna, la Unión sólo ha firmado un acuerdo pesquero con uno de los Estados ribereños de esas aguas -Angola-, que permite pescar gambas de altura, especies demersales y pelágicas a buques de seis países, entre ellos España.
Sin embargo, España y Portugal mantienen acuerdos bilaterales con Suráfrica que están inactivos y cuentan con gran número de barcos que faenan por cuenta de empresas mixtas formadas con los países de la zona.
En el informe, la ponente criticó la conducta de la UE porque en otros caladeros varios Estados, entre ellos España y Francia, ''llevan años pescando especies de aguas profundas sin ningún tipo de control'', incluso en el Atlántico suroriental.
En este sentido, la Eurocámara apoyó que los Estados miembros ''acepten con entusiasmo'' la nueva norma para regular y controlar la pesca en aguas profundas, aprobada por los Quince el pasado mes de junio, en la resolución aprobada.
''Si la UE obstaculiza proteger estas especies vulnerables en sus propias aguas, es comprensible preguntarse con qué responsabilidad actuará en aguas tan lejanas'', según la ponente.
