ESPAÑA 29/07/2003
El pleno del Congreso de los Diputados en su última sesión extraordinaria antes de las vacaciones de agosto rechazó la enmienda a la totalidad presentada por ERC (Esquerra Republicana de Cataluña) al Proyecto de Ley que estable medidas de lucha contra la morosidad de las operaciones comerciales.
De los 289 votos emitidos, 5 lo fueron a favor, 179 en contra, y hubo 105 abstenciones.
El ministro de Justicia, Jose María Michavila, resumió el objetivo de este Proyecto de ley en que ''defiende al pequeño y mediano empresario'' frente a las prácticas abusivas por el retraso en los pagos y confió en que en su trámite parlamentario, con carácter de urgencia, ''se incorporen mejoras a este texto''.
Esta norma, aprobada en el Consejo de Ministros del 27 de junio, que combate la morosidad en los pagos en las operaciones mercantiles entre las empresas o entre éstas y la Administración supone la transposición de una Directiva comunitaria de junio de 2000 para incorporarla al Derecho español.
Con el fin de evitar o reducir la morosidad, que genera que una de cada cuatro empresas entren en crisis, Michavila destacó que el texto impulsa cinco aspectos, entre ellos, que los actuales plazos de pago que se sitúa como media en España en los 74 días se reduzcan a un máximo de treinta días (sesenta cuando éstos se efectúen con las Administraciones Públicas).
La norma determina el devengo automático de los intereses de demora ya que la Ley establece que el deudor deberá abonar el interés fijo automáticamente, sin necesidad de aviso de vencimiento y aumenta el tipo de interés de demora, que será siete puntos superior al tipo aplicado por el Banco Central Europeo.
Otro eje de actuación de la ley es que otorga al acreedor el derecho a reclamar al deudor una compensación razonable por los costos de cobro y también se permite al juez, asimismo, modificar los acuerdos entre las partes si éstos son menos beneficiosos para el acreedor que los previstos en la Ley.
El diputado de ERC Joan Puig-Cercos criticó a las ''vacas sagradas del PP'' que son las grandes constructoras (ACS, Dragados o FCC, entre otras) y los grandes centros comerciales como Carrefour mientras que 48.000 empresas que subcontratan se ven damnificadas por los retrasos en los cobros de sus obras o distribución de productos.
''Es una ley injusta, que llega tarde'', agregó, y ''que beneficia a los amigos del Gobierno, a los grandes, y que creará caos en los Ayuntamientos que no podrán afrontar los pagos a 30 días ya que no disponen de un mecanismo de financiación''.
Manifestaron su voto en contra el diputado de CC Luis Mardones, el de IU, Francisco Frutos y el de CiU Josep Sánchez i Llibre y todos coincidieron en destacar el retraso en la puesta en marcha de esta normativa aunque el diputado del PSOE Joaquín Sánchez Garrido reiteró la necesidad de esta norma en apoyo de las pymes.
Sánchez i Llibre recordó la falta de cultura de pago en España y avanzó que su grupo presentará enmiendas parciales para que entre otros aspectos se modifique el tipo de interés que cobran los bancos por descubiertos en las tarjetas de crédito que alcanza el 23 por ciento ''lo que es abusivo, y no real con los tipos actuales, por lo que hay que fijar un máximo''.
