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Ley Arrendamientos: UPA critica la ley arrendamientos indicando que favorece a las sociedades mercantiles

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) rechazó en un comunicado el proyecto de Ley de arrendamientos rústicos

ESPAÑA 28/07/2003


La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) rechazó en un comunicado el proyecto de Ley de arrendamientos rústicos, que comenzará a debatirse el próximo lunes en el Parlamento, porque ''favorece a las sociedades mercantiles y al arrendador frente al arrendatario''.

UPA explicó que este proyecto no soluciona los problemas de la agricultura española, porque ''no da prioridad'' a las pequeñas y medianas explotaciones para que incrementen su dimensión y aumenten su viabilidad económica, con lo que serán las más desfavorecidos, junto con los jóvenes agricultores.

La organización criticó ''la opacidad'' del Ministerio de Agricultura en la elaboración del proyecto, porque no entiende ''las prisas'' por modificar una normativa que ''no se ha discutido ni consensuado con las organizaciones agrarias'', en referencia a su tramitación por urgencia.

UPA indicó que el tratamiento normativo sobre arrendamientos rústicos es importante desde el punto de vista de las estructuras productivas, sociales y territoriales de la agricultura española, por lo que cualquier propuesta de modificación debería someterse a un debate con las organizaciones profesionales agrarias.

Apuntó que no considera necesario ''en estos momentos'' llevar a cabo una reforma en este sistema porque desde la última reforma de la Ley de Arrendamientos, producida en 1995, se ha registrado un fuerte incremento de los arrendamientos que ''da muestra del funcionamiento de las normas vigentes''.

Indicó que el Ministerio de Agricultura quiere una agricultura en la que tengan preferencia las personas jurídicas privadas, especialmente las sociedades mercantiles, frente a las explotaciones individuales.

UPA estimó que el contenido de proyecto ley, en especial en lo que se refiere a la reducción de la duración mínima de los contratos de cinco a tres años, va a dificultar las finalidades perseguidas para rejuvenecer el campo español por falta de un plazo mínimo para poder amortizar las inversiones de incorporación.


 

 



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