ESPAÑA 02/07/2003
El Parlamento Europeo dará luz verde a una estricta normativa para autorizar y etiquetar alimentos y piensos transgénicos, que abre la vía al final de la moratoria que aplica la UE sobre la introducción de nuevos organismos genéticamente modificados (OGM).
A pesar de que el momento coincide con el aumento de la tensión entre la UE y EEUU respecto a este tipo de productos, los Quince rechazan que la polémica haya influido en su decisión.
''¡Que no se nos den lecciones!. En la UE gastamos más que Estados Unidos para ayudar a los países en desarrollo, y somos la comunidad de donantes más importante del mundo'', señaló en rueda de prensa el presidente de la Eurocámara, Pat Cox.
Cox rechazó de esta forma las acusaciones vertidas desde el otro lado del Atlántico por el presidente estadounidense, George W. Bush, quien la semana pasada acusó a los Quince de contribuir con su actitud a agravar el hambre en Africa.
El primer ministro de Grecia, Costas Simitis, hasta ayer presidente de turno de la UE, opinó que ''no hay que ponerse nerviosos'' sino ''ser coherentes y discutir con Estados Unidos''.
A pesar de las presiones de EEUU, la Unión sigue negándose a permitir la entrada en su territorio de alimentos transgénicos -una prohibición que dura cinco años- por considerarlos peligrosos para la salud y el entorno natural, aunque son más resistentes.
Pero hay seis países -España, Reino Unido, Holanda, Irlanda, Finlandia y Suecia- que junto a la Comisión Europea apoyan el levantamiento de la ''moratoria de facto'' que existe a nuevos OGM, debido a la oposición de otros países -Bélgica, Portugal, Dinamarca, Francia, Austria y Luxemburgo- a comercializar cultivos con esos organismos.
España incluso produce maíz transgénico resistente al insecto del ''taladro'', y Francia soja transgénica resistente a los herbicidas.
Debido a la posición europea, Washington con el apoyo de Canadá, Argentina y Egipto como co-demandantes, ha anunciado que continuará su demanda de mediación de la Organización Mundial del Comercio.
Las normativa que aprobará el Parlamento Europeo va en la línea de ultimar las reglas pendientes para completar la regulación global de los OGM, lo que no significa acabar con la moratoria a estos productos.
Los diputados se pronunciarán sobre la normativa propuesta por Bruselas hace dos años para regular el etiquetado de OGM, que será de obligado cumplimiento a partir del próximo mes de enero.
Por una parte será obligatorio el etiquetado de alimentos y piensos que contengan más de un 0,9 por ciento de transgénicos, a pesar de que la Cámara había pedido en un principio fijar ese porcentaje en el 0,5 por ciento.
En la lista de ingredientes o en la etiqueta figurará la mención ''modificado genéticamente'' o ''producido a partir de...modificado genéticamente'', en letras del mismo tamaño que los ingredientes.
Además se fija un periodo transitorio de tres años durante los cuales se permitirá la presencia accidental de OGM no autorizados hasta un máximo de 0,5, siempre que se haya iniciado el procedimiento de autorización y haya habido un dictamen favorable del comité científico antes de la aplicación de este reglamento.
Pasados esos tres años, no se permitirá ningún rastreo de OGM que no haya sido completado su procedimiento de autorización según las disposiciones del reglamento, consensuado con el Consejo de la UE.
El nuevo reglamento establece un procedimiento comunitario único para la autorización en la UE de la comercialización de los organismos genéticamente modificados en alimentos y piensos.
El solicitante de autorización deberá demostrar que no presenta un riesgo para la salud humana, la sanidad del animal en caso de piensos, o el medio ambiente.
La autorización de la comercialización se hará bajo responsabilidad de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.
El Parlamento apoyará además la coexistencia de cultivos convencionales y otros modificados, y permitirá a los Estados miembros que tomen las medidas necesarias para impedir la presencia accidental de OGM en otros productos.
Todas estas medidas están incluidas en dos informes que serán votados, elaborados por los diputados Karin Scheele (socialista alemana) y Antonios Trakatellis (verde griego).
A priori cuentan con el apoyo de los grupos mayoritarios de la Cámara (Popular, Socialista y Liberal), pero con la oposición de Verdes e Izquierda Unitaria.
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