ESPAÑA 29/09/2003
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que remitió el texto al Parlamento, que el objetivo fundamental es avanzar hacia el pleno empleo, al tiempo que se atienden las demandas prioritarias de los ciudadanos.
El presupuesto vuelve a establecer el equilibrio entre ingresos y gastos y la congelación, por segundo año consecutivo, de los impuestos especiales, tras comprobar que con menos impuestos ''se vive mejor y se crean más puestos de trabajo'' y que es compatible con el incremento de la recaudación.
El Ejecutivo calcula que la tasa de desempleo se reducirá tres décimas en 2004, hasta el once por ciento de la población activa.
Según las cuentas presentadas por Montoro, el equilibrio será resultado de un déficit del Estado y sus organismos autónomos del 0,4 por ciento del PIB y un superávit equivalente de la Seguridad Social.
Los ingresos del Estado aumentarán el 5,9 por ciento y los gastos el 3,9 por ciento, con una previsión de crecimiento nominal de la economía del 5,9 por ciento.
Los ingresos no financieros ascenderán a 110.496 millones de euros, un 1,9 por ciento más que la previsión de liquidación de este ejercicio, aunque la subida será del 5,9 por ciento sin descontar la participación de las administraciones territoriales.
La recaudación tributaria supondrá 97.923 millones de euros, con un aumento del 2,7 por ciento respecto al 2003 y del 6,9 por ciento si se incluye lo recibido por las comunidades autónomas y ayuntamientos.
En el 2004 el gasto no financiero del Estado crecerá el 2,4 por ciento hasta 117.260 millones de euros y el 3,9 por ciento teniendo en cuenta el sistema de financiación de las administraciones regionales y locales, hasta 117.627,2 millones.
Dentro del gasto, las operaciones corrientes crecerán el dos por ciento, hasta 102.458,7 millones de euros, y las de capital, que incluyen la inversión, lo harán el 5,2 por ciento (14.801,3 millones).
Las prioridades presupuestarias serán seguridad ciudadana e Interior, cuyos recursos se elevarán el 8,6 por ciento; justicia (7,5 por ciento); gasto social (6,8 por ciento); infraestructuras (6,4 por ciento), e Investigación, Desarrollo e Innovación (7,3 por ciento).
En este contexto, el titular de Justicia, José María Michavila, se felicitó por el incremento de esta partida ministerial en más de 283 millones de euros, lo que permitirá impulsar los juicios rápidos, la orden de protección y la profesionalización de la planta judicial, entre otras cuestiones.
El Consejo de Ministros también analizó el Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos, y lo envió para su informe preceptivo al Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social y el Parlamento Canario.
El texto incluye, entre otras medidas, la exención del Impuesto sobre Sucesiones de los seguros de vida en caso de fallecimiento por actos terroristas o en misiones de paz y las derivadas del acuerdo para la modernización de la Función Pública, firmado entre Administración y sindicatos el año pasado.
Además, establece la transposición a la normativa española de las últimas directivas comunitarias sobre fiscalidad del ahorro y sobre contabilidad y auditoría de cuentas y una subida de carácter general de las tasas del dos por ciento.
El secretario de Política Económica del PSOE, Jordi Sevilla, aseguró que el proyecto de presupuestos ''no afronta los problemas de la economía'', ni resuelve las necesidades de ''multitud de familias y empresas españolas''.
Además, señaló que los presupuestos están al margen ''completamente'' de la coyuntura internacional, basados en previsiones de crecimiento y de inflación sin credibilidad, en contraposición a los elaborados por su partido, que responden ''mucho mejor'' a la realidad económica española y a los problemas de los ciudadanos.
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, tildó los presupuestos de ''antisociales e injustos'', ya que ''consagran la evasión fiscal de las rentas más altas, estancan el gasto público y reducen el gasto social''.
CCOO y UGT denunciaron que los presupuestos sigan supeditados al ''irracional'' objetivo del ''déficit cero'', en vez de impulsar la actividad económica, la productividad, la inversión en infraestructuras, el empleo y la cohesión social.
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