El Gobierno cree que es prematuro dar cifras sobre las indemnizaciones que se verán obligados a pagar las Comunidades Autónomas o el propio Ejecutivo por la inmovilización y retirada de aceite de orujo del mercado en 2001, declaradas ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Así lo expresa en una respuesta escrita a la pregunta planteada por los diputados socialistas María Remedios Martel, Miguel Angel Heredia, Ana maría Fuentes, Luis Juan Tomás, y José Andrés Torres sobre la cuantía de las indemnizaciones que deberán pagar las Comunidades Autónomas.
El Gobierno explica que el fallo del Tribunal Superior de Justicia estimó el recurso presentado por la Asociación Española de Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (Asoliva) frente a la resolución del Ministerio de Sanidad y Consumo, en julio de 2001, que aconsejaba la inmovilización cautelar transitoria del ''aceite de orujo refinado'' y ''aceite de orujo de oliva''.
Señala que la sentencia abrió la posibilidad de iniciar actuaciones por parte de los afectados, de modo que legitimó a Asoliva a actuar como parte demandante en caso de perjuicio de sus empresas representadas, y reconoció que la medida afectó negativamente al sector.
Añade que, ante esta situación, la empresas del sector iniciaron demandas ante los tribunales por los daños y perjuicios ocasionados por la resolución ministerial.
El Gobierno considera que, en tanto no se tengan las correspondientes sentencias de los tribunales, es prematuro avanzar el monto de las indemnizaciones que las Administraciones deberán pagar.
