ESPAÑA 02/07/2004
La Comisión Europea (CE) estudia que al menos un 67% de los fondos de la UE para el desarrollo rural se asignen obligatoriamente a medidas ''prioritarias'', como el apoyo a zonas desfavorecidas, la competitividad en el campo o la dedicación a actividades distintas a la agricultura.
Bruselas prepara una propuesta para definir con mayor calidad el destino de los fondos para las políticas de desarrollo rural entre 2007 y 2013, según un borrador.
El texto puede cambiar aún y no será definitivo hasta que lo apruebe formalmente la Comisión Europea, previsiblemente a mediados de este mes.
Los programas de desarrollo rural -que cofinancia la UE, los Estados miembros y en algunos casos el sector privado- tienen como objetivo potenciar en el campo actividades diferentes o complementarias a la agricultura.
Para las próximas perspectivas financieras (2007-2013), Bruselas propuso en febrero destinar a desarrollo rural hasta 13.200 millones de euros en 2013, dinero del capítulo sobre gestión y protección de los recursos naturales (57.800 millones).
Bruselas baraja establecer tres ''ejes prioritarios'' y en cada uno de ellos habrá que gastar al menos el 20% del presupuesto para desarrollo rural, según el borrador, que no indica en qué dinero se traducirán estos porcentajes.
Estas tres categorías, con las que Bruselas quiere acotar hasta el 60% de los fondos son: la mejora de la competitividad en la agricultura y el sector forestal; el apoyo a las zonas desfavorecidas y medidas ambientales y, en tercer lugar, la diversificación en otras actividades no agrícolas.
Además, la CE proyecta que un 7% de la contribución comunitaria restante vaya a parar a las iniciativas Leader, en las que participa el sector privado.
De esta forma, la Comisión Europea quiere acotar hasta el 67% de los fondos para el desarrollo rural.
En la normativa actual, sólo eran obligatorias para los Estados miembros las medidas agroambientales.
El texto indica que en el primer ''eje'' -mejora de la competitividad- entran medidas como la incorporación de jóvenes al campo (menos de 40 años), jubilación anticipada, la modernización de explotaciones, la mejora de la calidad alimentaria y la adaptación a la legislación comunitaria.
La segunda categoría se centra en la gestión del territorio e incluye pagos a las zonas desfavorecidas, medidas ambientales, para fomentar el bienestar del ganado, la primera reforestación de tierras no agrícolas o el apoyo para inversiones no productivas.
El tercer ''eje'' financiará actividades no agrícolas, la creación de pequeñas empresas, la promoción del turismo, la renovación del los pueblos y la conservación del patrimonio rural.
En el primer y tercer eje, la participación pública oscila entre 50% y 75%.
Para el segundo grupo y el Leader, los techos de financiación pública de cada uno de los proyectos se sitúan entre el 80% y el 55%, según el borrador.
Aparte, Bruselas pretende que en las próximas perspectivas financieras los países elaboren un ''plan estratégico nacional'', en el que indicarán cuáles son sus preferencias y sus necesidades financieras para el desarrollo rural.
Si Bruselas considera que estos planes no concuerdan con las orientaciones de la UE, pediría al país que los revise.
Fuentes del sector indicaron que con los requisitos que baraja Bruselas para financiar el desarrollo rural, existe el peligro de que vaya una buena parte de los fondos a medidas ''que no tienen que ver con el sector agrario''.
La última reforma de la Política Agrícola Común (PAC) dio más protagonismo al desarrollo rural, ya que la UE aprobó que desde 2005 se refuercen estas políticas gracias a recortes en las ayudas directas que perciben los agricultores.