El alza del petróleo y su impacto en el agro

El alza creciente de los precios del petróleo y sus derivados impacta fuertemente en la economía mundial, con el consiguiente riesgo de una desaceleración del crecimiento. En el Perú, sin embargo, estas alzas tendrían insignificante impacto inflacionario —según los indicadores oficiales—, pero no por ello dejan de golpear a la economía, en particular a la del sector agrario.

Según lo reportado por el INEI, el índice general de precios al consumidor a nivel nacional bajó en agosto en 0.06% con respecto al mes anterior, y en la ciudad de Lima, en 0.18%. En lo que va del año, la inflación acumulada es de 0.95%. Muy por encima de estos valores se encuentra el índice de precios de los derivados del petróleo: solo en agosto registró un aumento de 3.16% con respecto a julio; y en los doce últimos meses (setiembre 2004-agosto 2005) el alza acumulada es de 11%.

El escaso impacto inflacionario de estas alzas se explica porque en los cálculos del índice general de precios que efectúa el INEI los combustibles participan con solo 4.05% en el presupuesto de gastos familiares, frente al 49.5% del rubro alimentos. Este gran peso del rubro alimentos en la canasta básica de consumo explica, precisamente, los bajos índices de inflación, situación que afecta, sin duda, a la economía de los productores agrarios, cuyos precios se mantienen deprimidos.

El cuadro recoge los datos difundidos por la DGIA en su más reciente boletín de coyuntura. De acuerdo con este, los precios al productor entre julio de 2004 y julio de 2005 bajaron en 5.2%, mientras que en el mismo periodo el costo de los fertilizantes se elevó en 15.5%. Solo la urea —el abono de mayor consumo derivado del petróleo, que representa entre el 7% y el 12% del costo de producción de cultivos como el arroz, el maíz amarillo y el algodón— aumentó en 21.4%, como consecuencia directa del alza del petróleo y, en consecuencia, del aumento de los fletes internacionales.

En el país, los combustibles para el transporte aumentaron el último año en un 15%, según reporta el INEI. La reacción lógica hubiese sido el traslado de ese mayor costo a los fletes internos y, en consecuencia, a los precios de los alimentos que pagan los mayoristas y consumidores. Pero mientras estos últimos bajaron, el costo del transporte terrestre, de pasajeros y de carga, se mantiene prácticamente sin variación desde hace ya varios años.

¿Quiénes pagan entonces los mayores costos de los combustibles? Como las tarifas de transporte no se han elevado, y los precios de los alimentos bajan, es razonable deducir que una parte es asumida por los transportistas y, en alguna proporción, por los agricultores.

De esa manera, se exhibe como gran logro macroeconómico una de las tasas de inflación más bajas de América Latina. Pero, en contraste, no se puede negar que acá también tenemos los combustibles derivados del petróleo más caros del continente.

¿Cuál es el techo?

Para evitar que el alza del precio internacional del petróleo afecte más a la economía nacional, el MEF ha reducido el ISC al diesel y aumentó el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles en S/.60 millones (D.U. 019-2005). Para el mediano y largo plazo se evalúa la eliminación de aranceles al petróleo crudo y a sus derivados, con un costo de US$200 millones al año para el fisco, además de promover un cambio de la matriz energética de petróleo a gas natural, propuesta que está siendo preparada por el MEM y que debe ser aprobada por el Consejo de Ministros.

Respecto a la primera medida, cabe señalar que nuestros principales proveedores son Venezuela, Ecuador y Colombia. La entrada en vigencia de la Zona de Libre Comercio en la Comunidad Andina (CAN), desde el 1 de enero de 2006, ya de por sí implicaría la eliminación de los aranceles al petróleo y sus derivados.

Si la tendencia internacional del alza en el combustible continúa como se prevé, las medidas de corto plazo tomadas por el gobierno no serán sostenibles debido al costo que esto implica en menores ingresos por ISC y en aumento de egresos por aportes al Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles.

Por ahora, el gobierno no parece dispuesto a renegociar los contratos con las compañías petroleras que operan en el país y que impiden gravar con un impuesto especial sus sobreutilidades. Queda, por tanto, como alternativa, empezar lo antes posible con políticas que promuevan tanto la masificación del uso del gas natural como la «despetrolización» de los ingresos fiscales.