COAG Almería exige a los ayuntamientos que no se duerman en los laureles y que apliquen la exención de pago del IBI rústico a los afectados por las heladas
Algunas corporaciones locales han empezado ya a recaudar la contribución rústica. COAG les ha remitido una carta recordándoles la exención que deben aplicar a los afectados por las heladas
Los agricultores damnificados están exentos de pagar este año el IBI rústico, tal y como acordó el Ministerio de Agricultura con las organizaciones agrarias tras las heladas del pasado invierno
Algunos ayuntamientos de la provincia han comenzado ya a cobrar a sus ciudadanos el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) rústico, incumpliendo el compromiso adquirido a través del Ministerio de Agricultura con los agricultores de su municipio. El acuerdo alcanzado con el Gobierno especificaba en uno de sus puntos que los productores afectados por las heladas del pasado invierno que certificaran un porcentaje de daños superior al 20 por ciento estarían exentos este año del pago de la contribución rústica. Sin embargo, ningún Consistorio se ha dado por aludido todavía.
“Esto está durando más que un parto. Parece mentira que nueve meses después de que las heladas hicieran mella en los cultivos bajo plástico de la provincia tengamos que seguir recordándole a las Administraciones que cumplan el compromiso adquirido con los agricultores. Y es que al parecer el niño viene de nalgas”, se lamenta el secretario provincial de COAG, Andrés Góngora. En este caso, el asunto es todavía más sangrante ya que son los propios municipios de los afectados, testigos inmediatos de las pérdidas sufridas este invierno y que en la mayoría de los casos disponen de los datos exactos de afección de cada finca, los que están actuando con total desconocimiento.
COAG, tras consultar a las dependencias de Agricultura y Pesca y Economía y Hacienda de la Subdelegación del Gobierno en Almería, les está remitiendo a todos los consistorios almerienses una carta en la que les reitera que las competencias en materia de exención fiscal son suyas, tal y como recoge la Ley de Haciendas Locales en sus artículos 16 y 78. Deben ser las corporaciones locales las que en sesión plenaria modifiquen la ordenanza fiscal para el ejercicio en cuestión, en esta ocasión el presente año 2005. Asimismo, la organización agraria recuerda a los responsables municipales que el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se comprometió en su momento a abonar a los ayuntamientos el dinero que dejen de percibir por este concepto.
“Los agricultores estamos hartos de ser ‘el último mono’ para nuestros políticos. Ninguna administración pública ha estado a la altura durante estos nueves meses de compromisos incumplidos, desatendiendo a parte de la ciudadanía que les vota y a la que, supuestamente, se deben”, concluye Góngora.