ESPAÑA 05/10/2005
Estas ayudas son el resultado del acuerdo conseguido por el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, con la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, en cumplimiento del compromiso asumido con el sector de proteger el olivar de bajo rendimiento.
La Consejería de Agricultura ha recibido 15.196 solicitudes, que corresponden a una superficie de 112.346 hectáreas, para el cobro de las ayudas al control integrado del olivar, que supondrán para los olivicultores unos fondos adicionales a las subvenciones que se recibirán a través de la OCM del aceite de oliva.
Estas ayudas, contempladas dentro del programa regional del olivar, son el resultado del acuerdo conseguido en enero por el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, con la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, que garantizará el futuro del olivar de bajo rendimiento, tal y como demandaba el propio sector en la región.
Por provincias, Toledo es la que más solicitudes ha recibido, con 6.736 para una superficie de 49.847 hectáreas, seguida de Ciudad Real, con 4.835 solicitudes y 41.813 hectáreas; Cuenca, con 1.609 solicitudes y 8.376 hectáreas; Albacete, con 1.463 solicitudes y 7.477 hectáreas; y Guadalajara, con 553 solicitudes y 4.832 hectáreas.
La Consejería de Agricultura tramita ya las solicitudes recibidas, cuyo plazo de presentación finalizó el pasado 29 de agosto, para que en 2006, año en que comenzará la aplicación de la reforma comunitaria del sector del aceite, los productores puedan cobrar las ayudas de la OCM junto con las del programa regional.
Estas subvenciones, cofinanciadas con fondos procedentes de la Unión Europea y estatales, están incluidas en el régimen de ayudas para el fomento de la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente y su cuantía está fijada en 124 euros por hectárea y año.
Al tratarse de una ayuda agroambiental, el solicitante asume unos compromisos en cuanto a la utilización de unas técnicas de cultivo respetuosas con el medio ambiente, racionalizando el uso de productos químicos, por un período mínimo de cinco años.
