ESPAÑA 30/01/2008
La consejera de Agricultura, Mercedes Gómez, dijo esta tarde en Pedro Muñoz (Ciudad Real) que no entiende el rechazo y las opiniones contrarias que ha suscitado el Plan Especial del Alto Guadiana, y afirmó que “a nosotros lo que nos gustaría es que todos lo tuviéramos claro y remáramos en el mismo sentido”.
Mercedes Gómez, que clausuró una jornada sobre la OCM del vino organizada por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), recordó que nunca hasta ahora “habíamos contado con un instrumento para racionalizar el consumo de agua y que nos permite disponer de hasta 5.500 millones de euros en un plazo de veinte años, algo que le viene de maravilla a una zona como esta”.
La consejera destacó especialmente que el Plan apuesta por el desarrollo sostenible y que, “por primera vez, podemos regularizar el uso del agua para nuestra agricultura”. “Por tanto, lo que procede es sumarse y no restar”, añadió Mercedes Gómez.
En este sentido, la responsable regional de Agricultura apuntó que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha seguirá trabajando junto al Gobierno de España para asegurar el futuro de la comarca a través del Plan Especial del Alto Guadiana, Plan que calificó de “el mejor que podíamos tener”.
OCM del vino
En cuanto a la OCM del vino, cuyos resultados desgranó hoy ante los asistentes a la reunión convocada por UPA, la consejera dijo que esta reforma es “muy satisfactoria”, opinión que comparte el secretario general de esta organización agraria en Castilla-La Mancha, Felipe Martínez, y aseguró que “nunca podríamos haber imaginado, cuando comenzó la negociación, que íbamos a alcanzar este resultado, porque la propuesta inicial era demoledora”.
Mercedes Gómez destacó que “hemos conseguido un presupuesto suficiente y dos cosas que eran muy importantes para nosotros, ya que por primera vez se habla de viticultores y hay ayudas directas para ellos, y también hemos logrado que haya una partida para la promoción y comercialización de nuestros productos”.
Por último, comentó que, gracias a esta OCM, ahora tenemos diez años por delante para prepararnos ante una hipotética liberalización del sector vitivinícola en 2018.
