Plan de supervivencia al sector agrario

La delicada situación por la que atraviesa el campo andaluz, acosado por los altos costes, los bajos precios y la falta de liquidez ha provocado el cierre de más de 20.000 explotaciones y llevó a 30.000 agricultores y ganaderos andaluces, convocados por ASAJA en Sevilla el pasado 31 de marzo, a demandar un Plan de Supervivencia que garantice la continuidad de esta actividad estratégica para la alimentación, la economía y el empleo en nuestra comunidad.

Tras aquella manifestación, una auténtica muestra de la perseverancia que caracteriza a los agricultores y ganaderos andaluces, empeñados en dar continuidad a esta actividad, el Comité Ejecutivo de ASAJA-Andalucía mostró su interés en mantener un encuentro con el presidente de la Junta para exponerle la gravedad de la situación y trasladarle la necesidad de actuar con urgencia para evitar la muerte lenta de un sector que pierde efectivos de día en día.

En cumplimiento de esta demanda, hoy lunes el presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, se reunirá con el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, a quien le entregará una batería de propuestas que a juicio de ASAJA permitirían sacar al sector agrario de esta situación, asegurar su supervivencia y con ella la continuidad de miles de empleos en el mundo rural.

Entre estas medidas se encuentra el establecimiento de planes de viabilidad con carácter urgente para los sectores en crisis (aceituna de mesa, aceite, viñedo, ovino-caprino, cereales, cítricos, porcino ibérico, hortalizas bajo plástico) y herramientas financieras que faciliten la salida de la actual situación activando el circulante y los préstamos sin interés.

Un plan de simplificación administrativa con una mayor agilidad, rapidez y resolución definitiva tanto en todas las tramitaciones de la PAC como en las peticiones a la Agencia Andaluza del Agua, y la potenciación y priorización de la actividad agraria dentro del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía.

Un plan de modernización de las infraestructuras, con un cambio de rumbo en la inversión pública, que debe dirigirse a paliar el déficit de infraestructuras en el campo y ayudas a la modernización de regadíos también para los agricultores individuales.

Un régimen laboral, fiscal y societario que fomente la contratación e incentive la actividad, con un Régimen Especial Agrario acorde con los tiempos actuales, sin más cargas ni costes para el empresario agrícola, y una fiscalidad específica para el sector agrario que facilite la actividad e incentive a las empresas y a los autónomos de la agricultura, con el aumento del IVA compensatorio, reducción del IVA de los ''inputs'' agrario, incluida la electricidad de riego, la rebajas en el Impuesto de Sociedades y en el IRPF y la eliminación del IBI de rústica.

Un plan de formación que permita la profesionalización de los trabajadores del sector y el rejuvenecimiento de la agricultura para promover el relevo generacional.

Acceso a las tecnologías más avanzadas, incluida la biotecnología, para competir en igualdad de condiciones con el resto de productores.

Una nueva Ley de Márgenes Comerciales que suponga el fin de los márgenes abusivos entre precios en origen y destino y la reducción de los plazos de pago a los agricultores.

El abaratamiento del coste de los inputs, mayor transparencia y una reducción de los precios de los insumos agrarios (abonos, electricidad, gasóleo, fitosanitarios, plásticos, piensos…)

Plan de acción urgente contra la pérdida de productos fitosanitarios aptos para combatir las plagas de nuestros cultivos.

Apoyo económico para el abaratamiento del sistema de seguros agrarios.

Apoyo a la producción de biomasa, biocarburante y biogás, y apoyo a la generación de otras energías renovables en las explotaciones.

Fomentar la concentración de la oferta e integración de las cooperativas que permita una defensa eficaz de las rentas de agricultores y ganaderos.

La defensa de las producciones andaluzas, españolas y europeas frente a las de terceros países, evitando que sea el sector agrario el que “pague la factura” de todos los acuerdos comerciales y de sus incumplimientos.

Fomento del medio ambiente y compensación para los responsables últimos de su sostenimiento, y en paralelo una flexibilización en la incidencia de la estricta normativa medioambiental que recae sobre el sector primario.

Una política de aguas más ambiciosa, que no se conforme con regular la demanda, sino que vaya más allá y busque incrementar la oferta mediante nuevos embalses, trasvases y modernización de los regadíos, alcanzando a TODOS los regantes, incluidos los que no estén en comunidades de regantes, y llegando a nivel de parcela agrícola, y paralelamente en el Proyecto de Ley de Aguas, deben resolverse los asuntos que aún están pendientes.

Establecimiento de una PAC sólida, más allá del 2013, con un presupuesto suficiente, que refuerce los principios de preferencia comunitaria y de unidad de mercado y evite los riesgos de renacionalización. Asimismo, la PAC debe recuperar los instrumentos de regulación de los mercados agrarios, incluidos los mecanismos de intervención de las producciones agrícolas.

Estas son las principales medidas que el presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, presentará al presidente de la Junta de Andalucía, a quien le demandará que ponga en marcha con la mayor urgencia posible aquellas que sean de su estricta competencia, y que colabore con ASAJA y con los agricultores y ganaderos en defender las restantes ante el Gobierno de España y la Unión Europea.