El estudio elaborado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en torno a la plaga de topillos que se produjo en Castilla y León entre 2006 y 2007 y la tularemia cuyos resultados se han conocido estos días dejan de manifiesto que los departamentos de Sanidad y Agricultura de la Junta de Castilla y León “negaron a sabiendas” la relación entre plaga de topillos y la epidemia de tularemia que afectó a cientos de personas, en su mayoría relacionadas con la actividad agroganadera y el medio rural.
Tal como apunta el CSIC “los resultados de este estudio coinciden con las publicaciones científicas y declaraciones de médicos de Castilla y León, que señalaron que uno de los factores que pudo causar esta epidemia fue la gran cantidad de topillos muertos que había en los campos en el momento de la cosecha. En este estudio se afirma que la proporción de topillos infectados por tularemia fue en algunas zonas de un 66,7 por ciento. “Es decir, que por un lado en 2007 hubo más topillos muertos que otros años, y además, casi dos de cada tres habían muerto infectados por tularemia, algo objetiva y fácilmente comprobable en un laboratorio y que obviamente conocían los responsables sanitarios”, apunta ASAJA. Sin embargo, tal como la OPA recuerda, esos responsables de la Junta “nos informaron taxativamente que los resultados del laboratorio de referencia de León habían dado negativo en todas las muestras” de topillos analizadas.
Igualmente es significativo que el CSIC cite a las declaraciones de los médicos de la región apuntando a la relación entre la epidemia humana y la plaga de topillos, una relación que para ASAJA estuvo clara desde el primer momento y que fue negada por los responsables autonómicos repetidamente. “Parece ser que sólo ahora, cuando los topillos no son un tema crítico ni de importancia para la salud pública, cuando se puede decir la verdad, porque en 2007 a los que decíamos la verdad nos llamaban poco más o menos que indocumentados o directamente tontos”, denuncia ASAJA.
Además de la gravedad política que supone mentir a sabiendas, ASAJA recuerda que esta ocultación de la verdad tuvo unos perjudicados con nombres apellidos, personas que sufrieron la enfermedad, que incluso tuvieron que ser hospitalizados durante días o tratados por secuelas de la tularemia sin que el SACyL les reconociera que padecían una “enfermedad profesional”, lo que les hubiera permitido acogerse a una baja laboral.
