Chile 10/02/2010
Como una herramienta fundamental para impulsar la competitividad del sector agropecuario, catalogó la Ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl, la promulgación del Proyecto de Ley sobre Recuperación y Mantención de Suelos Degradados.
Tras su publicación en el Diario Oficial concretada hoy, la autoridad valoró la culminación del proceso que buscó perfeccionar el cuerpo legal y que incluyó beneficios propuestos por el Minagri en colaboración con el Congreso Nacional.
La Ministra Hornkohl destacó que la iniciativa, además de aumentar a 280 mil el número de beneficiados, cubriendo una superficie potencial de 7 millones de hectáreas, ''generará una serie de beneficios para los agricultores que podrán recuperar y mejorar sus tierras, con lo que podremos seguir fortaleciendo el objetivo de transformar a Chile en una Potencia Agroalimentaria''.
Hornkohl también relevó que la Ley, que tendrá una vigencia de 12 años, establece un sistema de incentivos para contribuir a la sustentabilidad agroambiental de los suelos, cuyos objetivos serán la recuperación de su potencial productivo y la mantención de los niveles de mejoramiento alcanzados.
La autoridad ministerial agregó que el proyecto se enmarca en la decisión del Gobierno de renovar la principal batería de instrumentos de fomento al desarrollo del sector silvoagropecuario, como son también la Ley de Riego y el decreto ley Nº 701 sobre Fomento Forestal.
La Ministra Hornkohl reafirmó que la nueva Ley Nº 20.412, que establece incentivos para la sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios, ''es uno de los instrumentos más fuertes con los que contará el sector, particularmente porque promoverá el desarrollo de los pequeños campesinos''.
El contenido de la Ley
La Ley sobre Recuperación y Mantención de Suelos Degradados contempla bonificaciones de los costos netos de las actividades de manejo, y de recuperación y mantención de suelos, beneficios que también se aplican a los costos de asistencia técnica para la elaboración y ejecución de dichos planes a los que postulen los pequeños productores.
El cuerpo legal también contempla que los valores y actividades bonificables se fijarán anualmente en una Tabla de Costos, mediante decreto del Ministerio de Agricultura.
Respecto a la distribución de los recursos, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) distribuirá hasta el 62% y el Servicio Agrícola y ganadero (SAG) el 38%, privilegiando a los pequeños productores. Por otra parte, limitará hasta un 2% los recursos del programa para atender a los grandes productores con ventas de más de 25.000 UF anuales.
Los incentivos se otorgarán mediante concursos públicos descentralizados, con dos orientaciones principales para la asignación de beneficios. Uno para todos los agricultores y otro destinado a los pequeños. Además se incorporarán medidas que propendan a favorecer el acceso a los incentivos a las mujeres y a los integrantes de pueblos indígenas.
Podrán beneficiarse de los concursos quienes sean propietarios, usufructuarios, arrendatarios, medieros o comodatarios de los suelos que se propongan intervenir.
Los Directores Regionales del SAG e Indap serán asesorados por el Comité Técnico Regional, que deberá existir en cada región. Se contempla también que en situaciones excepcionales, de emergencia agrícola o catástrofe declaradas por la autoridad competente, el Indap otorgue los incentivos directamente a los pequeños productores.
Cabe destacar que este programa ha beneficiado, hasta ahora, a 1,7 millones de hectáreas de un total potencial de 7 millones de hectáreas de aptitud agrícola y ganadera; a 222 mil agricultores de un total potencial de 276.000 y una cifra cercana a US$ 525 millones transferidos a los agricultores.
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