Muchos de los tractores agrícolas que durante el año pasado habrían superado la inspección sin mayores problemas, están siendo rechazados este año por la entrada en vigor de la nueva normativa que se aplica con carácter retroactivo
La organización agraria COAG-Iniciativa Rural de Castilla-La Mancha ha solicitado una reunión al director general de Industria, Energías y Minas, Benito Montiel, para trasladarle las numerosas quejas de los agricultores sobre la aplicación de las nuevas exigencias de la Inspección Técnica de Vehículos (OTV) para los tractores agrícolas relacionadas con la configuración de las cabinas de protección.
“Muchos de los tractores agrícolas que durante el año pasado habrían superado la inspección sin mayores problemas, están siendo rechazados este año por la entrada en vigor de la nueva normativa que se aplica con carácter retroactivo”, ha asegurado el secretario regional de COAG-IR, Apolunio Moreno.
Asimismo, el dirigente agrario ha criticado las molestias y gastos adicionales que les supone a los agricultores, sin que la situación sea achacable a ellos, tener que presentar, para poder pasar la revisión, certificaciones emitidas por los fabricantes del revestimiento y bastidor o estudios emitidos y visados por un técnico competente.
Por otro lado, la presentación de esta documentación deja sin solución bastantes situaciones.
“Es evidente que nuestra organización no es contraria a mejorar la seguridad de los profesionales a los que representa. Sin embargo, es difícil comprender que tractores que han sido adquiridos del fabricante con todos sus elementos supuestamente homologados fueran seguros hace pocas semanas y hoy no lo sean”, ha subrayado Moreno.
En cualquier caso, ha agregado,“no es una situación achacable al propio agricultor”, por lo que entiende que debería revisarse la aplicación de las nuevas exigencias para evitar los inconvenientes que se han producido.
Al margen de las gestiones ante la Administración regional, COAG-IR de Castilla-La Mancha se ha puesto en contacto con su organización estatal para que se evalúe el impacto de las revisiones de ITV según las nuevas normas en el resto de regiones y promover soluciones en el Ministerio de Industria, que es el competente en esta materia.
