ESPAÑA 28/06/2010
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG Andalucía, ha pedido hoy la dimisión o el cese de la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, por ser un freno a los intereses del sector agrario. El secretario de Organización de COAG Andalucía, Eduardo López, ha explicado que la titular del Ministerio es “un freno al trabajo que se hace desde Andalucía, con la colaboración de la Consejería. De nada sirven nuestros esfuerzos si luego la voz que se oye en Bruselas no los transmite. Eso ha ocurrido con el almacenamiento privado del aceite, con los precios mínimos, con los acuerdos con terceros países… Por eso, creemos que la remodelación del gobierno de España se justificaría aunque sólo fuera para echar a esta ministra”.
Esta situación contrasta, según ha explicado López, con la actitud mostrada por otros países europeos, como Alemania o Francia, que sí han alzado la voz para defender los intereses de sus productores. “España tiene un vacío de poder político en Europa. Mientras Francia tiene a su presidente liderando las reivindicaciones de los agricultores, en nuestro país la ministra parece que no quiere molestar a la Comisión y que se conforma con lo que otros decidan”.
En ese sentido, COAG Andalucía considera que la presidencia española de la Unión Europea supone una “oportunidad perdida” ya que, a pesar de las expectativas que había despertado, finalmente no ha servido para poner sobre la mesa cuestiones importantes para el futuro del sector agrario, como la reorientación de la PAC +2013, sino que, antes al contrario, ha sido contraproducente, ya que durante este período se ha celebrado la cumbre con MERCOSUR, que ha servido para relanzar la idea de liberalización de los intercambios comerciales entre el bloque iberoamericano y la UE.
Respecto al diseño de la futura política agraria, desde esta organización agraria creemos que es el momento de aportar propuestas, ya que antes de final de año saldrá un primer documento de la Comisión. Por eso, COAG Andalucía ha editado 20.000 ejemplares del documento Una PAC para el futuro, que se está distribuyendo de forma conjunta con la revista “Labrando futuro”, y también por separado. En ese documento, se explica con detalle cuáles deben ser, a juicio de COAG, los criterios por los que debe regirse la PAC +2013, y que confluyen en la defensa del modelo social y profesional de agricultura, el mayoritario en Andalucía y en Europa.
En primer lugar, hay que decir que no se trata de ampliar el presupuesto existente, sino de gestionarlo mejor, para responder a las demandas de la sociedad y a los objetivos de la política agraria. En ese sentido, hay que partir de las peculiaridades de la agricultura europea en cuanto a diversidad productiva y tamaño de las explotaciones. Así, mientras en países de tradición agraria como Estados Unidos la explotación media tiene más de 180, y en Australia, a más de 3.000, la explotación media comunitaria es de 22 hectáreas. Este modelo aporta una serie de valores sociales y económicos: una mayor generación de empleo, la protección del medio ambiente o la más racional distribución de la población por el territorio.
Esta realidad diversa debe ser pues tenida en cuenta a la hora de diseñar la política agraria, por eso no tiene sentido apostar por una propuesta homogeneizadora como la tasa plana (ayuda lineal, por superficie, independiente del tipo de cultivo y del hecho mismo de producir).
Por otra parte, la PAC ha de responder a los objetivos que la sociedad demanda de la agricultura y la ganadería, el primero de los cuales es el abastecimiento de alimentos de calidad en cantidad suficiente. COAG critica que Europa mantenga un déficit alimentario mientras otras potencias como Estados unidos o Canadá mantienen unas balanzas agroalimentarias equilibradas. Esta situación, además de debilitar la importancia geoestratégica de la UE, supone un riesgo de falta de abastecimiento en caso de crisis, debido a la dependencia de las importaciones y a las fluctuaciones en un mercado de fuerte carácter especulativo.
Para corregir este problema y garantizar que los consumidores europeos puedan disponer en todo momento de los productos básicos para su alimentación, COAG Andalucía considera prioritario que los apoyos públicos estén vinculados al mantenimiento de la actividad.
Este modelo que relaciona ayuda y actividad agraria es, además, el mayor generador de empleo, en un ámbito, el medio rural, donde a menudo la agricultura y ganadería y la industria asociada a ellas constituyen la principal (y a veces la única) actividad productiva.
Desde COAG, creemos que los apoyos públicos al sector agrario han de estar directamente condicionados a la generación de empleo, teniendo en cuenta que el 75% del empleo agrario en Andalucía lo generan las explotaciones de menos de 50 has, donde se concentra el regadío. Por eso esta organización agraria propone la degresividad como criterio de reparto de las ayudas públicas, de forma que se prime a las explotaciones que generan actividad y empleo, evitando un reparto lineal de las ayudas que lo que hace es consolidar grandes fortunas.
COAG recuerda que, actualmente, en Andalucía el 1,5% de los perceptores recibe el 29% de las ayudas, mientras el 98,5% restante se reparte el 71%. El modelo de tasa plana ahonda en este reparto desigual e injusto. Por eso, esta organización agraria no pide más presupuesto sino mejor gestión, para que el dinero público beneficie a quienes realmente producen.
Por último, y respecto al mercado, Eduardo López ha recordado que las últimas reformas de la PAC han desmantelado todos los mecanismos de regulación existentes, dejando a la alimentación indefensa en un mercado dominado por la gran distribución y en muchos casos sometido a intereses especulativos.
“Los agricultores queremos vivir del mercado, pero para eso necesitamos que haya precios dignos. Lo que no puede ser es que los consumidores tengan dificultad para acceder a los productos agrarios mientras los agricultores y ganaderos reciben precios de miseria con los que apenas pueden vivir”, ha declarado López.
Por eso, es necesario que la nueva PAC cuente con mecanismos de gestión de los mercados actualizados y adaptados a la realidad económica y comercial de cada producto (ejemplo: almacenamiento privado de aceite. Necesidad de actualizar los umbrales que provocan su desencadenamiento, porque están fijados desde hace más de una década).
Asimismo, es preciso que la nueva PAC garantice el equilibrio en las relaciones comerciales, posibilitando la negociación colectiva en el seno de las organizaciones interprofesionales y permitiendo establecer precios mínimos vinculados a los costes de producción. “Hablar de precios es dignificar el trabajo del agricultor”, ha dicho el secretario de Organización de COAG Andalucía. “A nadie se le ocurre pensar que no pueda haber negociación colectiva en materia de salarios en cualquier otro sector”, concluye.
Por otra parte, los acuerdos con terceros países han de estar basados en un principio de equivalencia: es decir, que las condiciones y los requisitos de producción de esos terceros países sean equiparables a los de la UE.