Falta planificación estratégica en el sector del vino

Desde que el pasado 27 de mayo la Unión de Uniones alertara en rueda de prensa de que el volumen de vino sin comercializar a estas alturas de la campaña podría generar problemas de cara al inicio de la próxima vendimia, se han sucedido las noticias que confirman una preocupante situación del mercado y la ausencia de una estrategia sectorial.

Pese a que los datos del Ministerio de Agricultura apuntaban a precios del vino granel sin indicación geográfica en las últimas fechas de mayo de 2,41 €/Hgdo para los blancos y 2,99 para los tintos, las fuentes que maneja la Unión de Uniones indican que se trata de una evaluación excesivamente optimista de la situación del mercado. Operaciones apalabradas hace meses a precios razonables se están cerrando a la baja ante el riesgo de que finalmente no se retiren los volúmenes pactados. 

Por otro lado, la reiteración de las noticias acerca del buen funcionamiento de las exportaciones a lo largo del primer trimestre del año, que cifran el aumento de las ventas al exterior en casi un 18 % con respecto al mismo período del año anterior hasta superar ligeramente los 563 millones de litros de vinos más mostos, tienen la doble lectura de la caída del valor de dichas exportaciones en casi un 3 % situándose en los 625 millones de euros. Castilla-La Mancha es la que ha arrastrado los malos datos de facturación de las exportaciones españolas, ya que a pesar de colocar en el período enero-marzo de 2014 en los mercados exteriores un 26,5 % más de vino y mosto (293 millones de litros), se ha hecho sobre la base de reducir su valor global casi un 13 % (cerca de 157,5 millones de euros), lo que representa una caída del 30 % del precio medio de venta de nuestros vinos con destino a exportación. 

A esto se une la aparición perturbadora en el mercado de operaciones de importación de vinos procedentes de terceros países cuando aparentemente el mercado español cuenta con existencias más que suficientes en volúmenes y calidades para abastecer cualquier tipo de demandas y el hecho de que nuestros vecinos y competidores directos (Italia y Francia) gozan de precios un 50 % y un 100 % respectivamente por encima de los españoles.   

La Unión de Uniones entiende que el Ministerio y la Consejería de Agricultura no pueden alterar las normas del libre mercado ni fijar precios, pero los viticultores se sienten desconcertados cuando ven la complacencia de la Administración con una pretendida competitividad de nuestro sector vinícola que se basa, una vez más en esta campaña, en abastecer a la industria de materia prima, de uva, a precios por debajo de los costes de producción.

Alguna de las posibles medidas de carácter coyuntural que quizás deberían adoptarse, entre ellas la destilación, ya han sido públicamente rechazadas por la Consejería de Agricultura por su coste para las arcas públicas; pero anteriormente, cuando se desproveyó en la reforma de la OCM de vino al sector de las medidas de regulación, tampoco se quisieron estudiar otro tipo de actuaciones destinadas a regular el potencial productivo, tales como la vendimia en verde, que representarían un menor gasto con similares efectos sobre el mercado y transferencia directa de renta a los viticultores.

En cualquier caso, aun siendo necesarias para reactivar el mercado, lo que la Unión de Uniones echa en falta no es tanto una intervención de emergencia de la Administración a través de las herramientas que permite la normativa comunitaria; como un ejercicio de sus competencias de planificación de la actividad en un sector de la trascendencia del vitivinícola para la región. 

La Organización reconoce los méritos de la gestión de la Consejería de Agricultura que han permitido absorber cantidades considerables y acordes al peso de nuestro sector de recursos de los fondos comunitarios en el pasado. Pero, en ausencia de una planificación estratégica que debería haber sido asumida con protagonismo por el Gobierno de la región con el mayor viñedo del mundo, los viticultores han recibido en el pasado y reciben, tanto del mercado como del gobierno, mensajes contradictorios: al impulso a las medidas de reestructuración siguió el arranque y ahora de nuevo la reestructuración, a las exigencias de calidad se les responde con precios no remunerativos que nos conducen de nuevo al aumento de rendimientos; se obtienen buenos resultados de la inversión pública en promoción en exterior, que no se trasladan hasta el sector productor… y tras escuchar como en enero pasado presumía la región de habernos convertido en los primeros productores mundiales, ahora se le dice al viticultor que está produciendo más vino de la cuenta. 

La Interprofesional vitivinícola que el Ministerio de Agricultura está auspiciando puede ser uno de los instrumentos de planificación estratégica que el sector necesita. Pero debe constituirse con todas las garantías de profesionalidad, transparencia y atención a todos los intereses legítimos representados en la cadena. De no ser así, se corre el riesgo de repetir la triste historia de la Fundación Tierra de Viñedos y convertirse en un mero aparato recaudatorio, que detrae dinero del sector para fines cuyos beneficios sobre el propio sector, y particularmente los viticultores, nunca acaban de verse. La Unión de Uniones tiene la voluntad de participar en la misma velando porque eso no sea así. 

Por otro lado, la Unión de Uniones reclama del Ministerio la aplicación efectiva, también en el sector del vino, de los principios recogidos en la Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, gracias a la cual los contratos deberían servir para garantizar la seguridad jurídica y la equidad en las relaciones comerciales y para perseguir las prácticas comerciales desleales.