Isabel García Tejerina y su relación con Fertiberia: la historia continúa

Las últimas semanas no han sido fáciles para la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina. A la benevolencia con que actuó en 2016 el Ministerio de Agricultura con el plan de soterramiento de las balsas de residuos químicos de los fosfoyesos de Huelva por parte de Fertiberia, empresa propiedad del ex ministro en la Transición, Villar Mir; al apoyo por parte de la ministra a cuestiones como la renovación del glifosato, que aglutina 1,3 millones de firmas de ciudadanos europeos remitidas a la Comisión Europea para la prohibición de su uso; y sus ausencias del Consejo de Ministros por tener que abordar temas que podrían llevar a conflictos de intereses personales, la que fuera directora de Planificación Estratégica de Fertiberia ha estado en el punto de mira por informaciones emitidas por varios medios de comunicación que ponen en entredicho su profesionalidad en el cargo que actualmente ocupa en el Gobierno de España.

El pasado 12 de enero, la Cadena Ser sacaba a la luz la investigación que la Audiencia Nacional está llevando a cabo por corrupción en transacción económica internacional por parte de Fertiberia debido al supuesto pago en 2005, desde su filial en Argelia, Fertial, a través de una sociedad registrada en el Reino Unido, de casi 1,9 millones de dólares americanos a un intermediario (ya contratado anteriormente por políticos del PP para conseguir adjudicaciones públicas en Argelia), al general argelino Atmane Bahloul y al padre del coronel Salim Ouadah, con el fin de obtener licencias en dicho país norteafricano de construcción de fábricas de amoniaco mediante una empresa pública argelina.

Unos hecho que, según la Cadena Ser, la entonces consejera de Fertial, Isabel García Tejerina, asegura desconocer personalmente, ya que los sobornados “en ninguna ocasión” fueron citados en los consejos de la compañía, por lo que “en ningún momento tuvo contacto alguno” con los investigados, a los que “ni siquiera conoce”. No obstante, asegura que el MAPAMA no abrirá ninguna investigación a Fertiberia, aludiendo a que el Ministerio “no tiene ninguna competencia” en estos casos.

A esta investigación surgida en el que fuera entorno de García Tejerina hasta 2012, se une la aparición de un supuesto documento interno del Ministerio de Agricultura, desvelado por eldiario.es hace unos días en el que se argumentaba que, ante la propuesta COM (2016) 157 de la Comisión Europea de establecer valores límite armonizados de cadmio en los abonos fosfatados inorgánicos para minimizar el uso de abonos en el medio ambiente y en la salud humana, “si bien España puede ser favorable a incorporar límites para la presencia de Cadmio en algunos productos, estos límites deben ser asumibles y su rebaja debe tener en cuenta las técnicas existentes y las posibilidades reales de sustitución por otras materias primas, de forma que no se produzca un aumento de precio excesivo en los productos fertilizantes con fósforo” y resuelve que “el mercado español debe seguir disponiendo de fósforo procedente de la roca fosfórica africana. Límites de cadmio demasiado rigurosos nos sacaría del mercado en fertilizantes fosfatados. En el transcurso de la elaboración de la propuesta, desde la SG Medios de Producción Agrícolas y Oficina Española de Variedades Vegetales del MAGRAMA, se ha enviado un escrito a la Comisión argumentando que el límite de 75 mg/kg, se considera aceptable en las condiciones de uso actuales de los fertilizantes fosfatados en suelos agrícolas”, argumentos que la propia García Tejerina defendió en el Congreso, alegando que la postura del Ministerio sobre fertilizantes “está basada en el conocimiento científico y avalada por organismos de prestigio” como la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) y la Comisión Europea, todos éstos, organismos que indican que no hay riesgo ni para la salud de las personas, ni para el medio ambiente”, y que, por otra parte, guardan relación con el comunicado de ANFEE tras la votación por el Parlamento Europeo de los límites de cadmio en los fertilizantes con fósforo (60mg Cd/kg P2O5 a la entrada en vigor de la legislación, 40mg/kg en seis años y 20 mg/kg en dieciséis años) el pasado 24 de octubre: “Tanto ANFFE, como la Asociación Europea de productores de fertilizantes (Fertilizers Europe), consideran que los límites aprobados en el Parlamento Europeo son absolutamente innecesarios, no están científicamente justificados y podría afectar de forma muy negativa a los fabricantes europeos de fertilizantes con fósforo (simples y complejos), generando una reducción y encarecimiento de la oferta de dichos fertilizantes en Europa y una mayor dependencia del exterior. Por consiguiente, la decisión del Parlamento Europeo es claramente contraria a los intereses generales de la agricultura europea, que afrontará mayores costes de sus insumos y una pérdida de competitividad frente a la producción agrícola de otras zonas geográficas”. 

Argumentos que, por otra parte, se ven contrapuestos a la propia declaración del MAPAMA sobre metales pesados como el cadmio en su página web: “Hay una serie de metales pesados más conocidos por su tendencia a representar serios problemas medioambientales, como el mercurio (Hg), el plomo (Pb), el cadmio (Cd) y el Talio, así como el cobre (Cu), zinc (Zn) y el cromo (Cr). […] La peligrosidad de los metales pesados reside en que no pueden ser degradados (ni química, ni biológicamente) y, además, tienden a bioacumularse y a biomagnificarse (que significa que se acumulan en los organismos vivos alcanzando concentraciones mayores que la que alcanzan en los alimentos o medioambiente, y que estas concentraciones aumentan a medida que ascendemos en la cadena trófica), provocando efectos tóxicos de muy diverso carácter. En el ser humano se han detectado infinidad de efectos físicos (dolores crónicos, problemas sanguíneos, etc) y efectos psíquicos (ansiedad, pasividad, etc)”. Por su parte la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) sostiene que “El cadmio (Cd) es un metal pesado que se encuentra como contaminante ambiental, tanto por su presencia natural como por fuentes industriales y agrícolas. Los alimentos son la principal fuente de exposición al cadmio para la población general no fumadora. La absorción de cadmio después de la exposición alimentaria en humanos es relativamente baja (3-5%), pero el cadmio se retiene eficientemente en el riñón y el hígado en el cuerpo humano, con una vida media biológica muy larga que varía de 10 a 30 años. El cadmio es principalmente tóxico para el riñón, especialmente para las células tubulares proximales donde se acumula con el tiempo y puede causar disfunción renal. El cadmio también puede causar desmineralización ósea, ya sea a través del daño óseo directo o indirectamente como resultado de una disfunción renal. Después de una exposición prolongada y / o alta, el daño tubular puede progresar a una tasa de filtración glomerular disminuida y, finalmente, a insuficiencia renal. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer ha clasificado al cadmio como carcinógeno humano (Grupo 1) sobre la base de estudios ocupacionales. Los datos más recientes sobre la exposición humana al cadmio en la población general se han asociado estadísticamente con un mayor riesgo de cáncer, de pulmón, de endometrio, de vejiga y de mama”.

Sin embargo, este no es el único caso de estas características: En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IRAC), dependiente de la OMS, declaró el glifosato como probable cancerígeno para el ser humano, al existir ciertas pruebas de ello en humanos y las suficientes en animales para esgrimir esta afirmación. Unas declaraciones por las que la propia IARC ha asegurado que la agencia “ha sido objeto de un número sin precedentes de acciones orquestadas por las partes interesadas en el asunto para generar su descrédito”, y que la EFSA desmintió considerando “improbable que suponga un riesgo carcinógeno en humanos”. Sin embargo, el pasado septiembre, los principales medios europeos sacaban a relucir el “copia y pega” que el Gobierno alemán había llevado a cabo en el Informe de Renovación del Glifosato sobre la solicitud de Monsanto para la renovación de la licencia de glifosato, posteriormente revisado por la Comisión Europea y la EFSA, lo que supone que ni el Gobierno alemán ni la EFSA han realizado estudios propios sobre la genotoxicidad, la carcinogenicidad y la toxicidad para la reproducción del glifosato, mostrando como propio un informe totalmente parcial proveniente de la empresa que, en su día, patentó el Glifosato y que, junto con otras muchas tras concluir el periodo de la patente, sigue comercializando el hercibida. Pese a ello, y pese a que 1,3 millones de europeos firmaron una Iniciativa Ciudadana Europea para la prohibición del glifosato a través del movimiento ciudadano Avaaz, la licencia del glifosato volvió a ser renovada por el Parlamento Europeo durante 5 años, hasta el 15 de diciembre de 2022, en vistas, aseguran, de su paulatina desaparición.

El de las balsas de fosfoyesos de Huelva es otro de los casos en los que, una vez más, la industria agroquímica se ve beneficiada por las decisiones del MAPAMA. De nuevo, tiene como protagonista a Fertiberia, con su ex directiva a la cabeza del organismo público.

En marzo de 2017, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, dependiente del MAPAMA, consideraba “idóneo” el proyecto de Fertiberia de soterrar las balsas con residuos químicos, tras el requerimiento de la Audiencia Nacional para su descontaminación ante el juicio a tal efecto ganado por WWF. No obstante, dicho proyecto no plantea la descontaminación como tal de los terrenos, sino simplemente cubrir los residuos, y establece un periodo de 30 años para llevarlo a cabo. Una decisión que, tanto ecologistas como Mesa de la Ría de Huelva consideran que “estas medidas no articulan un verdadero plan de descontaminación de la misma y que están pensadas únicamente para beneficiar a Fertiberia”. Unas medidas que, además, en julio de 2017, la empresa solicita a la Audiencia Nacional realizar tan solo parcialmente, alegando que la zona 4 de las balsas ha sido utilizada para llevar a cabo vertidos, además de por Fertiberia, por “las empresas Atlantic Copper, Foret, Tioxide, Egmasa, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Huelva, todo ello sin el correspondiente permiso del Ministerio, pues la única empresa autorizada para utilizar las 720 hectáreas de la concesión, para verter exclusivamente fosfoyesos, fue Fertiberia”, por lo que exige al Ayuntamiento de Huelva que lleve a cabo la descontaminación de dicha zona con dinero público. Una situación ante la que la Mesa de la Ría considera que “nadie puede permitir que el atentado medioambiental cometido por Fertiberia sea reparado con dinero público. La empresa que ha estado durante décadas obteniendo beneficios con una gestión ilegal de sus residuos, pretende, ahora, no invertir en la regeneración del daño ilegítimo que ha ocasionado”. Además, la Mesa de la Ría alertaba en noviembre del riesgo de rotura de las balsas ante la imposibilidad del Comité de Expertos de realizar las mediciones oportunas ante la negativa de Fertiberia de darles acceso, lo que supondría un grave impacto ecológico sobre espacios protegidos como las Marismas del Odiel y Doñana, y advertía de la pasividad del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

En definitiva, una serie de hechos que coinciden en la ‘casualidad’ del beneficio, o la potencia, de la industria agroquímica ante las administraciones nacionales e internacionales y que toca de cerca a la actual ministra de Agricultura, dada su pasada relación laboral con la potente Fertiberia.

Para conocer la historia de Fertiberia, tenemos que remontarnos a 1817, cuando Francisco Cross instala una fábrica de productos químicos en Barcelona bajo la denominación, en 1904, de S.A. Cross. Por su parte, otra empresa química había surgido en Vizcaya, Unión Explosivos Río Tinto, S.A. (ERT) junto con la Sociedad Española de la Pólvora Dinamita en 1872, lo que daría lugar 24 años más tarde a Unión Española de Explosivos, S. A. (UEE), que en 1969 se fusiona con Compañía Española de Minas de Río Tinto, conformando una nueva ERT que tiene como principal accionista a S.A. Cross. Seguidamente, adquiere en 1989 la división química del Grupo Uralita, tras lo que se conforma el Grupo ERCros. 

Mientras tanto, Leopoldo Calvo Sotelo, posterior presidente del Gobierno de España de febrero de 1981 a diciembre de 1982, había sido de 1964 a 1975 director general de ERT, y en 1982, El País ya vinculaba ciertos beneficios a la empresa por parte del entonces presidente del Gobierno, ante lo que la secretaría del presidente del Gobierno emitió un comunicado alegando que Calvo Sotelo llevaba “siete años alejado de cualquier responsabilidad ejecutiva” en ERT. Sin embargo, en 1983, tras dejar la presidencia del Gobierno, se convirtió en asesor de la presidencia y del Consejo de Administración de ERT.

En 1992, el mayor grupo agroquímico de España, Ercros, junto a su filial FESA-Enfersa, así como sus respectivas divisiones, entre las que se encontraba Fertiberia, inicia los trámites para la suspensión de pagos. El pasivo de FESA ascendía a 110.000 millones de pesetas, y el de Ercros a 40.000 millones al final de 1991. Una operación por la que el expresidente Calvo Sotelo manifestó públicamente su preocupación.

Paralelamente, Villar Mir, que había acumulado una larga carrera política durante el franquismo y que fue nombrado en 1975 vicepresidente económico y ministro de Hacienda en la primera legislatura de la democracia, comenzó a fraguar en los años 80, ya sin cargo político pero muy unido al poder, un imperio empresarial, comenzando con la compra de empresas inmobiliarias fracasadas que reflotaba con la ayuda del Estado, como es el caso de la constructora Obrascón, germen de OHL y que en 1987 se encontraba en quiebra, que adquirió por el precio simbólico de una peseta a Altos Hornos de Vizcaya, de la que el propio comprador había sido presidente en los sesenta. 

En 1995, todo está listo para que las acciones de la división de fertilizantes de FESA-Enfersa, Fertiberia, fueran vendidas a la compañía norteamericana Freeport McMoran, con la que mantenían un contrato de gestión de Fertiberia, pero el entonces presidente de Ercros, Josep Piqué, paralizó el trato “por inviabilidad jurídica” y vendió Fertiberia a Villar Mir, adquiriendo por el precio de una peseta el 53% de FESA-Enfersa, con deudas por valor de 15.000 millones de pesetas, la opción a compra de otro 20% y el compromiso de una ampliación de capital de 1.000 millones de pesetas, que fue avalada posteriormente por la ICO tras la solicitud de Josep Piqué. Una ampliación que fue financiada con el crédito concedido a Ercros de 8500 millones de pesetas al 0% de interés y sin límite de vencimiento y que fue liquidado en 1998, momento en que Josep Piqué era ministro de Industria, perdonando a Ercros la deuda de 7400 millones de pesetas. 

Operaciones de este tipo han tenido lugar a lo largo de toda la historia de Fertiberia, partiendo desde las empresas que dieron lugar a ella hasta formar parte del Grupo Villar Mir y protagonistas como Josep Piqué, que en 2013 fue nombrado consejero delegado y vicepresidente segundo de OHL, empresa del mismo grupo, que también ha protagonizado escándalos de corrupción de este tipo y por lo que el ex ministro ha sido investigado por la Audiencia Nacional, así como el propio Villar Mir.

Se trata, pues, de una larga historia que, después de más dos siglos de que se empezase a fraguar el germen de Fertiberia, continúa teniendo un sospechoso beneficio por parte de algún miembro del Gobierno de España que hace que cada cierto tiempo comiencen a resonar las voces de que algo extraño sucede entre la compañía de fertilizantes más potente de España y el Ejecutivo.

Redacción Infoagro