UPA-Huelva condena la utilización de las mujeres temporeras por el SAT

Desde el pasado mes de mayo, el sector de los frutos rojos de Huelva viene siendo azotado por informaciones sobre denuncias de maltrato laboral y sexual a temporeras.

Desde que se conoció esta situación, que está pendiente del correspondiente proceso judicial, UPA Huelva viene posicionándose a favor de la actuación de la justicia, un trato riguroso de la información y la defensa de un sector que cumple mayoritariamente con sus

obligaciones legales de cualquier tipo y cuya imagen y prestigio no puede verse afectada por casos aislados que están en proceso de investigación.

Como ya es sabido, el sindicato SAT ha hecho de estas denuncias una causa en la provincia de Huelva y ha ido vendiendo a “bombo y platillo” la denuncia pública de una situación puntual pendiente de sentencia judicial como si fuera general, encabezando una campaña a modo de levantamiento en el que, entre otras actuaciones, asumió

públicamente la protección, manutención y alojamiento de las denunciantes.

UPA Huelva ya advirtió en su momento que las denunciantes podían estar siendo víctimas de una utilización mediática y ventajista a cambio de promesas que probablemente no pudieran cumplirse. Por otra parte, nuestra organización, en diversas intervenciones en medios de comunicación y notas de prensa enviadas, también hizo especial hincapié en que se estaba poniendo en peligro el futuro de muchas mujeres debido a que, la generalización que estaba haciendo del problema junto con las promesas a las denunciantes a cambio de su imagen y testimonio, podían poner en peligro su situación a la hora de retornar a su zona de origen, donde tienen que desempeñar su vida con normalidad según unas costumbres muy arraigadas.

De hecho, el pasado jueves 27 de septiembre, el Secretario General de UPA Huelva, Manuel Piedra, mantuvo una reunión en Tánger con el Cónsul General, Pablo Zaldivar, con el Director General de Migraciones José Alarcón y representantes de la Subdelegación del Gobierno en Huelva y la Consejería de Trabajo, Migraciones y

Seguridad Social, donde se analizó la contratación en origen para la próxima campaña.

En el transcurso de este encuentro precisamente se trató esta situación, poniéndose en consideración la necesidad de generar confianza entre las temporeras y sus familias, para que tuvieran en todo momento claro que la situación acontecida en la campaña pasada fue puntual y está pendiente de sentencia y no una generalidad y que sus derechos y

condiciones laborales iban a estar salvaguardados en todo momento.

Las sospechas de nuestra organización se han visto traducidas en la denuncia interpuesta por este grupo de mujeres el pasado 29 de septiembre, que acusa al SAT de una “cosificación” de la imagen de las temporeras y de su trabajo, de haber realizado actividad laboral sin cobertura legal, sin realizar las funciones para las que se les contrató en origen y destinando las ganancias a un fondo común para sufragar sus gastos.

La primera pregunta que nos surge es que cómo es posible que un sindicato de trabajadores, cuyo fin último es defender los derechos de estos, incurre en una ilegalidad tan básica en los derechos laborales como es que un trabajo se desarrolle con un contrato legal en vigor. Por otra parte, el SAT falta a su palabra, dado que se comprometió por

escrito a que la manutención y alojamiento de las denunciantes estaría cubierto en todo momento por el sindicato y en la práctica esto se ha traducido, según las denunciantes, en trabajos sin cobertura laboral tanto para actividades particulares del personal del sindicato, como para pagar por los daños en un móvil de segunda mano.

Por otra parte, según se argumenta por una de las mujeres en noticia difundida por medios de Huelva, se denuncia la utilización de una campaña de fondos para distintos fines a los que se publicitó la misma. Todo ello hace tomar referencia de la poca ética que ha rodeado a esta campaña de desprestigio al sector de los frutos rojos onubenses y que,

bajo nuestro punto de vista, ha utilizado a un grupo de personas en un fin que poco tenía que ver con esclarecer los hechos de la denuncia (cuya labor es de la justicia) y que ha puesto en jaque la vida de las denunciantes y la vuelta a sus puntos de origen, con todo lo

que ello conlleva.

Desde UPA Huelva exigimos que se esclarezcan los hechos, que se paguen las correspondientes consecuencias legales de los mismos y exigimos una rectificación pública por parte del SAT ante una situación que ha creado y magnificado el sindicato y que ha perjudicado gravemente la imagen del sector. Asimismo, pedimos las correspondientes aclaraciones sobre la situación en la que quedan estas trabajadoras que pueden verse en un “limbo” de promesas incumplidas y en la que peligre su situación legal en nuestro país.