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Un acuerdo entre Fomento y Agricultura sobre obtención de imágenes geoespaciales contribuirá a la gestión de las ayudas de la PAC

Supone un gran ahorro económico al Estado, al realizar un vuelo y producción de ortofotos de alta resolución único, formando parte del Plan Nacional de Ortofografía Aérea coordinado con las CCAA.
España - 19/09/2019
Acuerdos
Imagen geoespacial del SIGPAC.


Los Ministerios de Fomento y de Agricultura, Pesca y Alimentación han firmado, a través de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), un nuevo convenio de colaboración para la realización de vuelos fotogramétricos y la producción de ortofotografías aéreas.

Se trata de un proyecto conjunto que contempla la división del territorio nacional en tres bloques y el establecimiento de un calendario de coordinación de las fases que integran estos procesos entre los años 2020 y 2022, ambos inclusive, con una inversión total en dicho de periodo de 8.940.625,23 €.

Los productos obtenidos serán destinados, en el caso del FEGA, a la actualización del Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).
En el caso del IGN, se destinarán a la obtención de productos básicos del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), que el IGN pone a disposición del resto de organismos de las administraciones españolas para el desarrollo de diferentes políticas públicas como son Infraestructuras, Urbanismo, Fiscales (Catastro), Hidrológicas, Medioambientales de Seguridad, así como de los ciudadanos en general para el desarrollo de proyectos relacionados con éstos y otros ámbitos.

Este convenio da continuidad a una sucesión de acuerdos alcanzados por ambas partes desde 2006, que han permitido, entre otros resultados, perfeccionar el grado de cumplimiento de los calendarios planificados para garantizar en la mayor medida posible el cumplimiento de los compromisos contraídos con la Comisión Europea para la renovación de las ortofotos SIGPAC, herramienta básica y clave para la solicitud, gestión y control de las ayudas directas por superficie de la Política Agrícola Común (PAC). 

Por este concepto España recibe alrededor de 4.500 millones de euros anuales de la Unión Europea (a los que se suman los beneficios derivados de las medidas de desarrollo rural que se concedan por superficie), lo que, además, facilita a los cerca de 700.000 productores solicitantes de las ayudas de la PAC en la campaña 2019 la cumplimentación de la solicitud única. 

Intercambio de información geográfica

Asimismo, gracias a este nuevo convenio se refuerza el intercambio de otra información geográfica entre el FEGA y el IGN, como es el caso de los productos de la cobertura LIDAR de España, y se establece el marco de colaboración entre ambas instituciones, para la adaptación y aplicación en España de las Normas de ejecución de INSPIRE en materia de Coberturas y Usos del Suelo.

Una de las principales novedades que recoge el nuevo texto del convenio hace referencia al refuerzo del papel de ambas instituciones en el marco del Plan Nacional de Teledetección (PNT), y más concretamente, en lo que se refiere al uso de los servicios y productos ofrecidos por el programa europeo Copernicus. 

Por parte del FEGA existe un gran interés por participar en el mismo, ya que en España se han introducido los controles de las ayudas de la PAC mediante la monitorización de las superficies declaradas por los agricultores. La monitorizacion de superficies es un procedimiento basado en la observación continua del terreno en base a las imágenes satelitales “Sentinel” de Copernicus. 

En la campaña 2019, España ha sustituido (en diez comunidades autónomas) los controles hasta ahora utilizados en determinadas áreas geográficas y líneas de ayuda por esta monitorización vía satélite. España es uno de los Estados miembros pioneros en la utilización de las nuevas tecnologías aplicadas a la PAC.

El nuevo convenio persigue una mayor eficacia y eficiencia en los servicios prestados al ciudadano, la simplificación y digitalización de los procedimientos de gestión y control, y supone un importante avance en la lucha contra el fraude, minimizando los riesgos de correcciones financieras derivados de una gestión incorrecta de los fondos europeos de la Política Agrícola Común (PAC) asignados a España.



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