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Reclaman consenso en las decisiones nacionales para la nueva PAC

UPA-UCE Extremadura considera que el Plan Estratégico de España puede mejorar la situación de los agricultores y ganaderos con medidas como las ayudas redistributivas o empeorar con otras como la desaparición de los derechos.
España - 29/07/2020
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Cultivo de quinoa en Extremadura.


Una vez que se ha acordado el presupuesto europeo para el periodo 2021/2027 que afectará a la nueva PAC, desde UPA-UCE Extremadura señalan que “nos enfrentamos a una nueva Política Agraria Común con menos presupuesto y más compromisos por el clima que vamos a tener que cumplir los agricultores y ganaderos europeos”.

Las decisiones que se tomen en esta nueva PAC serán muy importantes, sobre todo las de alcance nacional. El instrumento fundamental de esta nueva PAC será el Plan Estratégico que apruebe cada país, que debe presentarse en 2021 y se aprobará en 2022. “Los planes estratégicos podrán mejorar o empeorar las condiciones de los agricultores y ganaderos en función de las decisiones que se adopten”, mantiene el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas. 

En este sentido, el Ministerio ya ha presentado algunas propuestas a las comunidades autónomas y a las OPAS nacionales para iniciar los debates. Ante esto, desde UPA-UCE reclaman que las propuestas vayan dirigidas a priorizar los apoyos hacia las explotaciones familiares y profesionales, ya que son las que más beneficios aportan a la sociedad, tanto desde el punto de vista económico, como social o medioambiental. 

Dentro de las propuestas presentadas por el Ministerio, UPA-UCE coincide con aquellas como el establecimiento de un techo de ayuda para las explotaciones, para que haya un reparto más justo del presupuesto o con el planteamiento de que los principales apoyos vayan dirigidos al agricultor genuino, aunque para el cobro de determinadas ayudas planteamos como requisito adicional la afiliación a la seguridad social agraria. 

En cambio, esta organización agraria muestra preocupación ante otras medidas como la desaparición de los derechos históricos, ya que pueden generar movimientos especulativos que perjudiquen a los agricultores y ganaderos (más del 46% de la superficie de la explotaciones se encuentra en arrendamiento), o la aplicación de la convergencia, que podría perjudicar a sectores como el tabaco que están sustentados por pequeñas y medianas explotaciones a las que si se les recorta la ayuda no podrán subsistir.

“El ministro debe atender estas cuestiones si quiere mantener un sector agrario vivo y con futuro en Extremadura y en España, ya que la nueva PAC, junto con el cumplimiento de la ley de la cadena, pueden cimentar el futuro de las explotaciones agrarias”, destaca Huertas. 

UPA-UCE Extremadura mantiene que la consejera de agricultura, Begoña García, “tiene que contar con la opinión de los principales afectados, los agricultores y ganaderos, porque lo que queremos es poder seguir produciendo, ya que esto es lo único que nos va a garantizar el futuro”. Por tanto, desde esta organización agraria reclaman la apertura de una mesa en otoño con las organizaciones profesionales agrarias con el objetivo de analizar estas propuestas y marcar una posición “lo más consensuada posible” para Extremadura. 

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