Acusan a la Consejería de Agricultura de Castilla La Mancha de desviar a su favor fondos europeos destinados a desarrollo rural

Desde la creación de la empresa pública GEACAM, cuyo fin principal es la prevención y extinción de incendios forestales, se está produciendo un desvío de fondos de la política agraria común (PAC) para el sostenimiento de esta empresa. Concretamente, los fondos desviados proceden del Programa de Desarrollo Rural (PDR), cuyas líneas se ven minoradas o simplemente desaparecidas, como es el caso de la compensación a la agricultura de montaña o por zonas con riesgo de despoblación. Otras líneas afectadas son la agricultura ecológica, la incorporación de jóvenes agricultores, los planes de mejora, la apicultura, modernización de regadíos, formación en el sector agrario, ayudas a la compensación de zonas ZEPA de la RED NATURA 2000, las inversiones no productivas en terrenos forestales, que es la línea por la que se financia GEACAM a través de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha.

La empresa pública GEACAM recibe 4.700€ por hectárea para tareas silvícolas de prevención de incendios, mientras que el resto de agricultores recibe apenas 1.000€/ha por la misma tarea, sin haber una justificación objetiva. Más grave es la situación si consideramos que el pastoreo, que ha sido de siempre el mejor mantenedor de nuestros bosques, ha desaparecido por la escasa protección por parte de la Administración, los bajos precios de sus productos y los altos costes. 

Siguiendo con la indagación sobre qué es GEACAM, puede observarse que gran parte de la plantilla de la empresa pública está formada por antiguos cargos políticos de élite que, no habiendo conseguido su cargo público en unas elecciones, han sido reubicados en la misma, quedando su número inusitadamente elevado ya que resulta desproporcionado frente a la plantilla de GEACAM, y no teniendo una función clara ni específica dentro del organigrama de la empresa, a pesar de haberse solicitado información de la misma.

Desde La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha, se entiende que un servicio público como es la prevención y extinción de incendios forestales debe financiarse de los presupuestos generales de la Junta de Comunidades, del mismo modo que se financian otros servicios públicos como la educación o la sanidad, siendo injusto que un beneficio para toda la sociedad recaiga su mantenimiento en un pequeño porcentaje de ésta, como son los agricultores y ganaderos con derecho a ser beneficiarios de la política agraria común, a través del programa de desarrollo rural. En estas graves circunstancias internacionales en las que los mercados de productos agrícolas y ganaderos se han visto distorsionados por la invasión de Ucrania, es más necesario que nunca reservar el dinero destinado por la Unión Europea al desarrollo agrícola y ganadero, y no gastar éste en el mantenimiento de un servicio público que, siendo muy necesario, debe sufragarse por toda la sociedad.