Las Comunidades de Regantes han tenido que soportar un incremento de sus facturas superior al 600% en el último año, tal y como ha informado Fenacore a Agricultura y Transición Ecológica (MITECO), Ministerios a los que ha alertado de que el recibo se ha multiplicado por más de 10 desde 2008, cuando desaparecieron las tarifas eléctricas para el regadío.
En las cartas enviadas, la Federación avisa de que varias de sus comunidades federadas no pueden pagar los recibos de la luz -incluso después de haber hecho dos derramas extra- y de que temen cortes de suministro, lo que agravaría la crítica situación que atraviesa el campo.
En concreto, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes explica que el precio del kWh ha subido más del triple comparado con el que pagaban el año pasado. De media, el periodo P6 (el más barato) en 2021 estaba en torno a los 5 céntimos de euro/kWh, cuando este año el precio en P6 está costando como mínimo más de 15-16 céntimos de euro/kWh.
Y si esta escalada ya supone una subida del 300% de media en la parte de energía que tienen que afrontar los regantes como consecuencia de la crisis energética, Fenacore recuerda que el pasado mes de mayo se aprobó el establecimiento de los Mecanismos de Ajuste para el gas, lo que está suponiendo en la factura alrededor del 45% antes de impuestos (IVA).
La producción de alimentos, amenazada
Frente a esta situación, que amenaza una necesidad tan básica como la producción de alimentos, Fenacore urge a eliminar el concepto de los Mecanismos de Ajuste en los suministros para riego.
En paralelo, los regantes exigen un IVA reducido del 5%, como actualmente disfrutan todos los suministros domésticos, lo que ayudaría a estos agricultores a abaratar más de un 30% su factura eléctrica, siempre y cuando la medida se acompañara de la posibilidad de contratar dos potencias eléctricas al año.
Por ello, los regantes reiteran su crítica a la inacción y falta de voluntad política que impide discriminar la época de riego, teniendo en cuenta que Agricultura llegó a incluir una disposición en la Ley que impulsó para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, aunque ahora descarte la opción de contratar la doble potencia; que la Ley de la sequía de 2018 ya contemplaba en sus disposiciones adicionales la firma de un contrato de temporada para los meses de máximo consumo y de otro con una potencia mínima para el resto del año, con el que simplemente mantener los equipos; y que, más recientemente, también se recogía la disposición final de una enmienda aprobada en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021.