El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha introducido en las últimas propuestas al Plan Estratégico de la PAC, sometido a revisión tras la evaluación y observaciones realizadas por la Comisión Europea a finales de marzo, una modificación de última hora y por sorpresa que puede suponer el fin de las Comunidades de Bienes y Sociedades Civiles, un tipo de sociedad familiar con un gran arraigo en la provincia de Granada (alrededor de un millar de beneficiarios que aglutinan a 3.000 perceptores las ayudas comunitarias), así como en el resto de Andalucía.
Hasta ahora no se exigía al total de los comuneros el cumplimiento de la nueva definición de “agricultor activo”, es decir, que más del 25% de los ingresos totales fueran agrarios, sino al CIF, de esta manera se mantenía el statu quo de estas uniones de varios agricultores, pequeños y medianos, que tienen también ingresos al margen de su explotación y que ponen en común sus activos. El cambio realizado supondrá que muchas de estas Comunidades de Bienes, además de Sociedades Civiles y Herencias Yacentes, puedan quedarse fuera y tengan que desaparecer o constituirse en sociedades mercantiles en un abrir y cerrar de ojos (con la complejidad que ello implica) y en la peor coyuntura posible con los insumos, el gasóleo agrícola y la electricidad por las nubes.
Una vez más el ministro Luis Planas menosprecia al sector agrario urdiendo artimañas y tomando decisiones unilaterales que no consensua con el sector. Desde ASAJA GRANADA le instamos a que reconsidere esta medida antes de que se remate la versión final del Plan Estratégico Nacional de la PAC que, no olvidemos, tiene que comenzar a aplicarse en un cada vez más cercano año 2023.