El canon de regulación es un tributo que grava a los beneficiarios por las obras de regulación de las aguas. Está destinado a compensar los costes de la inversión que soporte la Administración del Estado y a atender los gastos de conservación y explotación de las obras. Actualmente, en la Cuenca del Guadalquivir, el reparto de los costes del canon de regulación para regadío se realiza por hectárea.
Según la Directiva Marco del Agua, los Estados miembros tendrán en cuenta el principio de recuperación de costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes medioambientales y los del recurso, de conformidad con el principio de quien contamina, paga.
Es evidente que el principio “quien contamina paga”, es igual al principio “el que consume paga”, más cuando la base imponible del canon de regulación es el volumen total de embalse de cada sistema de regulación, lo lógico sería que quien más volumen consuma de dicho volumen total de embalse, sea el que más paga.
Además, se da la circunstancia de que en una cuenca como la del Guadalquivir, donde coexisten dotaciones que van desde los 1.500 m3/ha hasta los 8.000 m3/ha, o los 11.000 m3/ha del arroz (que paga un 30% más), llegando a pagar las dotaciones de 1.500, hasta 6 veces más por cada m3 de agua consumido con respecto a las dotaciones más altas, lo que resulta un sistema muy injusto y discriminatorio.
En este sentido, comunidades de regantes asociadas a CREA Andalucía, llevan varios años recurriendo el canon por hectáreas de la CHG, que le ha respondido que, a pesar de que sería el sistema ideal, carecen de medios para poder implantarlo.
Por otro lado, con el sistema del canon volumétrico, los regantes tendrían un incentivo para ahorrar agua, que dadas las circunstancias de escasez que vive la cuenca, cualquier medida de ahorro debe ser prioritaria, además, la confederación también tendría un incentivo, al ir directamente relacionado la garantía del recurso con sus ingresos.
