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Agricultores canarios defienden el mantenimiento del AIEM para proteger la producción local

Se trata de un instrumento legal estratégico destinado a compensar los sobrecostes que deben enfrentar los productores condicionados por la insularidad, así como la elevada dependencia de la energía y las materias primas del exterior.

Comercialización España - 30/01/2023
Campo de cultivo canario.








La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA Canarias ASAJA) aclara que la función que ejerce el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM) es la de salvaguardar las producciones locales, contribuir a su crecimiento, evitar su desaparición y, como consecuencia, frenar en la medida de lo posible el desencadenamiento de un impacto negativo en la economía y empleo de las islas. Por todos estos motivos, esta organización profesional agraria defiende la protección y mantenimiento de este impuesto a determinados productos agrarios de origen foráneo.

Según recoge la Ley Autonómica 4/2014, el AIEM, que se enmarca dentro del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) es un tributo “extrafiscal” que constituye un instrumento legal y estratégico, reconocido por la Unión Europea para las regiones ultraperiféricas, cuyo objeto es compensar las dificultades permanentes que experimentan los productores locales debido a la insularidad, la elevada dependencia de la energía y las materias primas, el tamaño reducido del mercado local y una exportación poco desarrollada. Dichas limitaciones representan un sobrecoste para una actividad sensible como es la agraria y, en especial, para sectores como el ganadero, inmerso actualmente en una profunda crisis debido a una desmesurada inflación.

Asaga Canarias Asaja recuerda además que el AIEM fue creado para obtener un cierto grado de equiparación con los productos importados. De esta forma se posibilita la pervivencia y el crecimiento de un sector agrario local que genera economía y empleo, además de permitir abastecer a la población de alimentos cercanos, frescos y seguros, sobre todo en momentos de crisis como los vividos. Este argumento respalda que los productos de origen canario protegidos por este tributo deben tener una producción en las islas entre un 5% y un 90%.

En este punto cabe mencionar un estudio elaborado por la Universidad de La Laguna en 2019 sobre autoabastecimiento alimentario en Canarias donde se señala que, entre los alimentos de origen vegetal, el consumo de papa o cebolla producidos en el Archipiélago representan un 61%, el primero, y un 25,4% el segundo, mientras que en los de origen ganadero sin transformar destacan el huevo, con una cuota del 71,5%, la carne de porcino (12,1%), la carne de ave (14,9%), la carne de ovino y caprino (11,8%) y la de bovino (5,6%). 

Estos niveles de autoabastecimiento justifican que en la última revisión del AIEM que tuvo lugar en 2020, se incrementara entre un 5% y un 15% este tributo a las producciones cárnicas de porcino, caprino, pollo fresco y refrigerado, papas, hortalizas como la cebolla y vino procedentes del exterior. Además, se han incorporado otras hortalizas no incluidas en este listado como la zanahoria, cuya superficie en las islas ha aumentado de 2017 a 2021 pasando de 234 a 270 hectáreas.

Asaga Canarias Asaja considera que no se puede señalar al AIEM como el causante de la subida del coste de la cesta de la compra puesto que la diferencia de precios entre lo importado y lo local sigue siendo significativo. Por poner algunos ejemplos: un kilo de zanahorias de fuera cuesta 0,80 euros frente a los 2,20 euros que hay que pagar si se quiere consumir esta hortaliza producida en Canarias. En cambio, el aceite de oliva, exento de pagar AIEM pero receptor de ayudas a la importación a través del Régimen Específico de Abastecimiento (REA), incrementó su precio de venta en los lineales de las cadenas de distribución en las islas durante 2022 más de un 60% con respecto a 2021. 

Hay que recordar que el REA, medida dirigida al suministro de productos básicos para la alimentación, la transformación e insumos para el sector agrario, tiene entre sus objetivos “contener los precios en las islas”, como señala el documento que lo rige. Sin embargo, no ha podido frenar la subida en el caso concreto del aceite de oliva y de otros alimentos.

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