Con una nutrida asistencia de unas 120 personas entre agricultores y cosechadores se celebró en la sede de APAG Guadalajara, la Asamblea General anual de ATAMACO; la Asociación que agrupa a los Trabajadores de Máquinas cosechadoras de Guadalajara.
A punto de iniciarse la campaña de cosecha, que se está retrasando por las últimas lluvias, ATAMACO presentó y aprobó sus cuentas y el informe de actividades de 2023 y dio cuenta del cambio de compañía aseguradora para el seguro de responsabilidad civil colectivo que tiene esta Asociación para sus asociados y que ha pasado a la compañía Zurich.
En su informe, el presidente de esta Asociación, Félix de Andrés explicó con detalle las tensas negociaciones mantenidas a lo largo de este año con la Viceconsejería de Desarrollo Sostenible, que “empezaron mal”, tras el desastre del año 2023, en que hubo más de 20 días de paros y con Índices de Propagación Potencial de Incendios Forestales (IPP) que no eran reales. “En 2023 los agricultores y cosecheros habíamos cumplido el acuerdo al que llegamos para la campaña 2023 pero la Junta no lo hizo”, señaló.
Desde la primera reunión los agricultores y cosechadores aseguran que han estado haciendo propuestas y peticiones y esperando también alguna propuesta por parte de Desarrollo Sostenible, “pero nos hemos encontrado con que la Viceconsejería no sólo no ha propuesto nada, sino que no ha tenido en consideración ninguna de las nuestras”.
Tanto APAG como ATAMACO pidieron la exclusión de la Ley de Montes, por considerar que la actividad de cosecha poco o nada tiene que ver con esta Ley y solicitaron que se aclarara qué se considera monte. Se propuso también la creación de un cinturón de seguridad en la Sierra Norte como proyecto piloto para ayudar en la prevención y extinción de posibles incendios, dada la alta concentración de sílice en la zona. Otra de las reivindicaciones ha sido la de clarificar el método de cálculo de los IPP, algo que tampoco ha tenido respuesta.
Por este motivo, ATAMACO contará durante esta campaña de cosecha con varios observadores en distintas zonas de la provincia, con el fin de que cada vez que el IPP marcado en la web del Infocam, resulte contradictorio con la situación climática, recaben datos de las estaciones meteorológicas de sus municipios para poder contrastar ese IPP. Estos observadores son voluntarios y recabarán los grados centígrados, la velocidad del viento, la humedad relativa del aire, en ese día. “De este modo tendremos datos oficiales para poder defendernos”, ha señalado Félix Andrés.
La conclusión tras las negociaciones, es que hemos vuelto a 2022 y para no tener que parar con IPP muy alto será necesario contratar a una persona para 3 horas y darle de alta, para que vaya con un tractor detrás de la cosechadora, lo que incrementará y mucho, los gastos de cosecha, aseguran.
Además, el presidente de ATAMACO se ha referido al punto 4 de la resolución que deja abierta una puerta a más limitaciones, ya que dice textualmente que “en los casos en que sea necesario adoptar medidas extraordinarias de prevención por la existencia de episodios de riesgo excepcional declarado por la Administración, todas las excepciones podrán quedar sin efecto”.
Ante esta situación y según se desarrolle la campaña los cosecheros se plantean también reclamar daños patrimoniales por los días en que no puedan realizar su trabajo.
La Asociación ATAMACO cuenta a día de hoy con 175 socios y 198 máquinas asociadas en la provincia de Guadalajara.
Durante la reunión se ha insistido en la importancia de que cada socio cuente además con un seguro de explotación y con una póliza individual para cubrir los daños medioambientales (de restauración de hábitats), “porque es muy importante ir a trabajar tranquilo” ha señalado el secretario, Mariano Ballesteros.
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