El sector del ajo español, en apuros

El ajo está considerado un cultivo social por la Unión Europea, que contribuye a la vertebración del medio rural español. Sin embargo, su superficie de cultivo se está viendo considerablemente mermada debido a un conglomerado de situaciones que dificultan la labor de los agricultores. Por una parte, las inclemencias meteorológicas derivadas del cambio climático como las altas temperaturas en meses del año tradicionalmente fríos, pero en los que persiste la humedad, da lugar a hongos, entre otras plagas y enfermedades, ante los que los productores de ajo se encuentran desprovistos de fitosanitarios efectivos debido a las regulaciones de materias activas por parte de la Unión Europea, lo cual, sumado al incremento de los costes de producción y a la competencia desleal provocada por las importaciones provenientes de países ajenos a la Unión Europea, ha provocado que, de las 29.826 hectáreas que se sembraron en 2021, se haya descendido en superficie a 20.826 hectáreas en 2024, lo que supone una merma en cuestión de superficie de en torno al 30% en los últimos tres años, según datos de la Mesa Nacional del Ajo.

Además, desde la Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajo (ANPCA), actualmente la mayor asociación europea de productores de comercializadores de ajo y que aglutina el 80% del ajo comercializado en España (el 65% de Europa), aluden al cada vez más difícil acceso al agua como otro de los motivos que dificulta el correcto desarrollo de este cultivo en España, ya que el ajo es un cultivo que necesita estar provisto de agua en determinadas etapas de su crecimiento vegetativo, y es por lo que prácticamente la totalidad del ajo sembrado en España se cultiva en regadío.

Una ya de por sí difícil situación a la que contribuye tanto el aumento de los costes de producción y la dificultad para hallar mano de obra para su siembra y recolección, como las trabas que pone la PAC para conseguir tierras de arrendamiento para la siembra de este alimento básico en la dieta mediterránea, y que tiene a este subsector agrícola en vilo, buscando soluciones para no acabar abocado a la desaparición.

En este sentido, a comienzos de este mes, la ANPCA, que aglutina a 65 empresas comercializadoras y casi 1.800 productores de ajo, con 10.215 hectáreas de cultivo en 2024 y un volumen de 220 millones de kilos comercializados en 2023, ha presentado un plan estratégico para el sector del ajo español, que reúne las directrices de actuación de sus socios en esta campaña, y es que la preocupación por la situación que vive el sector, que está viendo cómo por primera vez cae la superficie de ajo morado por debajo del 40% del total. "Tenemos que recuperar el liderazgo con el objetivo de colver a situar el ajo español donde se merece: a nivel europeo e internacional en términos de calidad y seguridad que nuestro ajo ha demostrado en los últimos años", para lo cual se plantea que el manejo de la producción se realice bajo unos estándares de excelencia que aseguren, en la medida que las condiciones meteorológicas lo permitan, unos resultados de alta calidad, controlando todos los parámetros del cultivo posibles, desde la semilla hasta su cosecha, y cuidar que en los almacenes se apliquen protocolos de calidad que mantengan la excelencia del producto con la que salió de la finca.

Además, en este plan estratégico se recoge la petición del grupo de contacto del comité mixto entre Francia, España e Italia a la Comisión Europea para que las autorizaciones de nuevas materias activas se realicen por zonas de LMR, y no por países, haciendo más rentable a las empresas la inversión que debe realizar para registrar una nueva materia activa, sumando con un solo registro, el total de hectáreas cultivadas en los distintos países dentro de una misma zona, lo que por otra parte, acelerará el proceso de registro que permita obtener cuanto antes, a los productores, los fitosanitarios necesarios para hacer frente a plagas y enfermedades, pues, "si no lo conseguimos -indican desde la ANPCA- un cultivo social como es el ajo tenderá a desaparecer de nuestros campos y nos veremos abocados a consumir ajos de terceros países que no tienen ni la misma calidad ni seguridad alimentaria que los nuestros".

Una situación ésta por la que también se especifica en las directrices acordadas en el seno de la asociación, de supervisar los acuerdos bilaterales de libre comercio que la UE firme con terceros países, así como la solicitud a la Comisión Europea de la identificación de las partidas arancelarias correspondientes a cada producto, evitando la introducción de ajo fresco a través de la partida que corresponde a ajo congelado y que elude los aranceles disuasorios establecidos por la UE para este cultivo.

En definitiva, una amalgama de situaciones que los productores y comercializadores de ajo deberán sortear para dar continuidad a un cultivo sin el que no se entendería la cultura culinaria española.

Redacción Infoagro: Lydia Medero