Las 43 medidas de Planas, rubricadas por UPA, poniendo fin a sus protestas

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Lorenzo Ramos, han firmado este miércoles un acuerdo sobre las 43 medidas propuestas por el Gobierno para dar respuesta a las preocupaciones que los agricultores y ganaderos han expresado en las movilizaciones que han mantenido en las últimas semanas.

El acuerdo es fruto de las conversaciones mantenidas entre el Ministerio y las organizaciones profesionales agrarias desde el 2 de febrero y, según ha considerado el ministro, supone un conjunto de medidas completo y muy trabajado, que permite comprobar una vez más el “absoluto compromiso” del Gobierno con el sector agrario. 

Con esta firma se da un paso adelante, ha explicado el ministro, en un esfuerzo llevado a cabo desde el Gobierno para escuchar las reivindicaciones e inquietudes de agricultores y ganaderos y proponer medidas para intentar darles respuesta.  

El ministro Planas ha confiado en que en los próximos días se sumen a la firma otras organizaciones agrarias y ha señalado que el ministerio respeta escrupulosamente los modos y tiempos de cada una de ellas para llegar a sus conclusiones. “Es muy importante que podamos continuar trabajando juntos, escuchando, dialogando y llegando a acuerdos y compromisos” para atender a un sector que es esencial y estratégico para España. 

El conjunto de las 43 propuestas se agrupa en siete bloques: simplificación y flexibilización de la PAC; cuestiones relativas al comercio transfronterizo de productos agroalimentarios; refuerzo de la aplicación de la ley de la cadena; mejora del sistema de seguros agrarios; medidas fiscales, de financiación y laborales; apoyo a la sanidad animal y la ganadería extensiva; y reforzamiento de las políticas para facilitar el relevo generacional en coordinación con las comunidades autónomas.

UPA

La firma del acuerdo supondrá la puesta en marcha del plan de apoyo al campo que recoge, en opinión de UPA, “logros de enorme relevancia” que llevaban largo tiempo reclamando a las Administraciones públicas. Las medidas supondrán una importante simplificación de las exigencias de la Política Agraria Común, reduciendo la burocracia y la carga administrativa y facilitando la vida de los agricultores y ganaderos.

El plan incluye medidas fiscales de gran magnitud, como el compromiso de mantenimiento del Impuesto Especial de Hidrocarburos –que supone 400 millones de euros para los agricultores y ganaderos–. También se mantendrá la deducción de un 35% de la factura de carburantes y combustibles de uso agrario y de un 15% de la de fertilizantes, en el método de Estimación Objetiva del IRPF –aproximadamente 575 millones de deducción fiscal– y se establecerá una reducción general del 15% en el rendimiento neto para el ejercicio fiscal 2023.

Los ecorregímenes –una de las principales y más polémicas medidas de la nueva PAC- se simplificarán notablemente, adaptándose a la realidad del campo español. El cuaderno digital de explotación será voluntario, y no obligatorio como proponía Bruselas. Se eliminará también la exigencia a los agricultores de remitir fotos georreferenciadas de sus cultivos. Y los ecorregímenes estarán exentos de fiscalidad, lo que supondrá una reducción de base imponible de 1.100 millones de euros.

Respecto a la ganadería, se flexibilizarán numerosos aspectos relativos al Real Decreto de ordenación de granjas bovinas, se prorrogará la fecha de aplicación del Plan Sanitario Integral (PSI) de las granjas y se flexibilizarán los requisitos relativos a la aplicación de estiércoles. El Gobierno se compromete a financiar gastos relacionados con temas de sanidad animal como la tuberculosis o la EHE. También se creará un Foro de la Ganadería Extensiva para analizar los principales problemas y desafíos de este modelo productivo.

Estas medidas se completarán con otras muchas relativas a los seguros agrarios, a facilitar el acceso a financiación, a las inspecciones que sufren los agricultores y ganaderos o al refuerzo de la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar que los agricultores y ganaderos perciban precios justos. El Gobierno se compromete también a seguir trabajando en Europa para lograr la activación de las cláusulas espejo en los acuerdos comerciales con terceros países.

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha animado al resto de organizaciones agrarias a sumarse a este acuerdo, que supone un punto de inflexión en el proceso de movilizaciones del campo. Movilizaciones que, por parte de UPA, se cancelarán tras la firma del acuerdo y que a su juicio, culminan con un éxito de negociación “muy trabajado y muy luchado”.