No obstante, según ha podido constatar ASAJA-Andalucía, este redescubrimiento oficial no se traduce en un apoyo real y efectivo para los agricultores, los ganaderos o la agroindustria, que ven mermadas las partidas que el presupuesto de la Consejería de Agricultura destinará en el ejercicio de 2015 a las políticas activas. Esta merma es aún más agraviante cuando se contrasta con los datos ofrecidos por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía quien apunta a un crecimiento inversor en políticas activas de un 19,8 por ciento para el ejercicio de 2015.
El presupuesto que la Junta de Andalucía destinará a la agricultura, la ganadería y la pesca en el próximo ejercicio es de 694,68 millones de euros, un exiguo 0,33 por ciento más que en 2014, lo que se traduce en una nueva pérdida del peso específico de esta consejería en el presupuesto regional, en el que las partidas para este sector primario suponen sólo el 2,34% del presupuesto andaluz, lo que en ningún caso se corresponde con el peso de este sector en el PIB regional, al que contribuye en más de 12 por ciento.
Aspectos tan importantes como el de la sanidad animal, las agrupaciones de defensa sanitaria y de tratamiento integrado y los seguros agrarios, quedan relegados en el presupuesto que destina a la partida de ordenación y mejora de la producción agraria un nueve por ciento menos que en 2014, dejándola en 2,47 millones de euros, una cifra totalmente insuficiente para apoyar cuestiones tan básica y esenciales como el control y la vacunación ganadera, la mejora de la sanidad vegetal o el control de la producción integrada, en la que Andalucía presume de ser pionera en Europa.
El desprecio hacia el seguro agrario es más sangrante si cabe, puesto que Andalucía es la única comunidad autónoma de España que no subvenciona este importante instrumento de protección de las cosechas y los ganados. El seguro agrario es una herramienta imprescindible que permite compensar la pérdida de producciones derivadas de los imponderables climáticos, y pese a que supone un coste añadido para las explotaciones, las ayudas públicas han contribuido a fomentar su contratación hasta 2012, año en el se suspende “temporalmente” este apoyo en varias comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, sin embargo, ya desde la pasada campaña, los agricultores y ganaderos del resto de España han vuelto a contar con subvenciones autonómicas para la contratación del seguro agrario, siendo los andaluces los únicos que no cuentan con este apoyo.
La agroindustria es otra de las grandes damnificadas, puesto que el apoyo a la industria alimentaria se reduce en un 15,53 por ciento, lo que supone un varapalo para las 5.600 industrias y cooperativas agroalimentarias con que cuenta Andalucía y que son las que tienen la capacidad para conseguir que el valor añadido de nuestras producciones se quede en la región.
Otra de las partidas fundamentales para el sector agrario y para todo el mundo rural es la destinada a las infraestructuras agrarias, que desgraciadamente baja un año más, con el presupuesto con el que cuenta la Consejería para el ejercicio de 2015 sólo podrán arreglarse 160 kilómetros de caminos rurales, un objetivo totalmente insuficiente para la región con más superficie agraria de España.
Tras analizar con detalle el presupuesto ASAJA-Andalucía sólo ha encontrado una partida de 50.000 euros para el Plan de Desarrollo Rural 2015-2020, un Plan que cuenta con una financiación comunitaria de 1.096 millones de euros que deben invertirse necesariamente antes de 2020, puesto que lo que no haya invertido Andalucía a esa fecha se destinará a otras regiones, por lo que la Junta de Andalucía no se pude permitir el lujo de dejar un año sin presupuestar.
La partida de gasto corriente, es una de las pocas que crecen, pese a las declaraciones de la consejera de Agricultura, Elena Víboras, quien afirmó que bajaba. Tras analizar el presupuesto ASAJA-Andalucía ha comprobado que esta partida se incrementa en 9,36 millones de euros con respecto al presupuesto de 2014.
Junto al gasto corriente, la única partida de inversión que crece es la destinada a la modernización y a la incorporación de jóvenes, que cuenta con el presupuesto europeo acumulado y no programado de anteriores ejercicios y con la necesidad imperiosa de consumirlo o devolverlo a Bruselas, por lo que en 2015 se pretenden incorporar al campo con esta medida 396 jóvenes, unas incorporaciones muy necesarias, pero poco ambiciosas, máxime si tenemos en cuenta que el 60 por ciento de los titulares de las más de 250.000 explotaciones agrarias con que cuenta Andalucía tienen más de 60 años.
Por último, ASAJA-Andalucía ha analizado también el presupuesto de la Consejería de Medio Ambiente, pues sus políticas inciden de lleno sobre el sector agrario y ganadero y de hecho, ambas consejerías comenzaron la legislatura como una sola y bajo un solo titular, según se informó entonces “por razones de ahorro y eficiencia”.
El presupuesto de la Consejería de Medio Ambiente es de 698,58 millones de euros, ligeramente superior al de la Consejería de Agricultura. En el caso de Medio Ambiente, son también las partidas que generan inversión y movimiento económico en el medio rural las que más sufren los recortes, así, las ayudas a los agricultores y ganaderos para la gestión y protección de montes bajan un 43,22% y las destinadas a los tratamientos silvícolas y preventivos se reducen en un 17%, por lo que la reducción de ambas partidas supone que dejen de llegar a los principales gestores del monte casi 14 millones de euros.
El director general de ASAJA-Andalucía, Vicente Pérez, pedirá la próxima semana en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Parlamento de Andalucía que se mejore el control presupuestario sobre la Junta de Andalucía y se inste al Gobierno regional a ser más transparente, puesto que para tener una noción clara de en que se emplea el dinero público y cuál es su efectividad es fundamental conocer no sólo el presupuesto, sino la ejecución presupuestaria posterior, por lo que Vicente Pérez demandará que el Gobierno andaluz y específicamente las consejerías de Agricultura y de Medio Ambiente informen anualmente de cuál ha sido la ejecución presupuestaria real.