La UE impone medidas de salvaguardia respecto al arroz procedente de Camboya y Myanmar/Birmania

Una investigación ha confirmado un aumento significativo de las importaciones en la Unión Europea de arroz del tipo «índica» procedente de Camboya y Myanmar/Birmania, que ha causado daños económicos a los productores europeos.

Por ello, la Comisión ha decidido hoy reintroducir unos derechos de importación que se irán reduciendo de forma constante durante tres años. 

De conformidad con la decisión de la Comisión, que será publicada en el Diario Oficial de mañana, la Unión Europea restablecerá a partir del 18 de enero el derecho de aduana normal para este producto, de 175 euros por tonelada en el primer año, que se reducirá a 150 euros por tonelada en el segundo año y a 125 euros por tonelada en el tercero.

Durante la investigación, que comenzó en marzo de 2018, la Comisión constató que el conjunto de las importaciones de arroz del tipo «índica» procedentes de estos dos países había aumentado un 89 % en las cinco últimas temporadas arroceras. Asimismo, la investigación puso de manifiesto que los precios eran sustancialmente más bajos que los del mercado de la UE e incluso habían disminuido durante el mismo período. Este gran incremento de las importaciones a bajo precio ha causado graves dificultades a los productores de arroz de la Unión, cuya cuota de mercado en la UE se redujo sustancialmente, del 61 % al 29 %.

Camboya y Myanmar/Birmania son beneficiarios del régimen comercial «Todo menos armas» (TMA) de la Unión, que concede unilateralmente un acceso libre de derechos y contingentes a los países menos desarrollados del mundo (excepto para armas y municiones). Este es uno de los pilares del sistema de reducción de aranceles del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) para los países en desarrollo. Las medidas anunciadas hoy se toman sobre la base del mecanismo de salvaguardia del Reglamento SPG.

La solicitud inicial de establecer salvaguardias comerciales frente a las importaciones de arroz fue presentada en febrero de 2018 por el Gobierno italiano, apoyado por los demás Estados miembros arroceros (España, Francia, Portugal, Grecia, Hungría, Rumanía y Bulgaria). La Comisión abrió una investigación formal el 16 de marzo de 2018. Las medidas se aplicarán durante tres años.

La decisión será publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 17 de enero y entrará en vigor al día siguiente.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) valora en términos altamente positivos la plasmación de esta reivindicación histórica porque va a suponer una válvula de oxígeno para los arroceros en la medida en que debe permitir restaurar el equilibrio en el mercado europeo del arroz que se había visto seriamente distorsionado y comprometido por los efectos de los acuerdos comerciales preferentes firmados entre la Unión Europea y determinados países asiáticos. Buena prueba de ese impacto negativo que han reportado dichas concesiones queda patente en el descenso del 15% experimentado en los precios percibidos por los arroceros valencianos, mientras que la caída ha alcanzado el 30% en otras regiones productoras como Italia. 

 En la consecución de este logro AVA-ASAJA ha tenido un protagonismo destacado ya que durante los últimos años ha impulsado a través del COPA-COGECA –entidad que aglutina a organizaciones y cooperativas agrarias de la UE– la necesidad de plantear ante las autoridades comunitarias una clausula de salvaguarda para el sector arrocero. El dirigente de AVA-ASAJA, Miguel Minguet, a su vez vicepresidente del Grupo de Trabajo del Arroz del COPA-COGECA en representación de ASAJA, es el único representante español que ha participado en todas las reuniones de alto nivel celebradas en Bruselas. El trabajo llevado a cabo, con el respaldo de la oficina de ASAJA en Bruselas, hizo posible que en diciembre un total de 13 países, entre ellos los principales productores como España, Italia, Portugal, Francia y Grecia, votaran a favor de esta exigencia del sector que hoy finalmente ha adoptado la Comisión Europea. 

AVA-ASAJA reitera que la decisión sienta un precedente que puede abrir un camino para otras producciones agrarias. En este sentido, la organización destaca el papel fundamental que desempeñó el gobierno italiano desde el primer momento en las gestiones para lograr la implantación del referido mecanismo de salvaguarda en el arroz. Tal consecución ha sido posible gracias a un trabajo previo de documentación y elaboración de informes para acreditar los efectos negativos de esas importaciones sobre el mercado arrocero europeo, acompañado de las necesarias presiones en el ámbito político. 

Es por ello que el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, señala que el gobierno español tiene que tomar buena nota de la actitud de su homólogo italiano y reclama al ministerio de Agricultura que no desaproveche este precedente y encabece de modo decidido todas las actuaciones necesarias para plantear ante la UE la posibilidad de aplicar una clausula de salvaguarda también en los cítricos frente a la competencia desleal que están sufriendo de otros países y fundamentalmente de Sudáfrica. 

Por su parte,  Félix Liviano, presidente del Consejo sectorial de Arroz de Cooperativas Agro-alimentarias de España, valora la decisión, pero señala que es una solución temporal, por lo que el sector cooperativo continuará trabajando con el Ministerio en otras medidas, como el etiquetado de origen del arroz, que beneficia al consumidor que así puede conocer el origen de lo que come y porque, además, sería una medida protectora para la producción arrocera española. El etiquetado es la forma de garantizar la libre competencia al cliente que puede elegir con conocimiento que arroz quiere consumir.

Cooperativas Agro-alimentarias de España valora el trabajo y el apoyo del MAPA a este cultivo y agradece a la Comisión su decisión ante la crítica situación que atraviesan los productores de arroz europeo, un cultivo que tiene una importancia crucial para la calidad del agua, la lucha contra la salinidad del suelo y la preservación de la biodiversidad.