Durante los trabajos de la ponencia del Proyecto de Ley por la que se regula el sistema de gestión de la política agraria común, el PDeCAT ha conseguido incorporar una enmienda al texto legislativo para revertir la prohibición de la quema de residuos vegetales en el entorno agrario que estableció la Ley de residuos y suelos contaminados que entró en vigor el pasado mes de abril.
En concreto, esta enmienda suprime el apartado 3 del artículo 27 de la ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y se ha incorporado a la ponencia por mayoría.
Esta enmienda presentada por la formación demócrata recoge las reivindicaciones de muchas organizaciones agrarias de Cataluña. Como destaca la diputada del PDeCAT adscrita a la Comisión de Agricultura, Concep Cañadell, esta prohibición de quema de restos vegetales agrarios “representaba un sobrecoste sobrevenido e inaceptable para la economía de muchas familias que viven del campo”.
En este sentido, la diputada demócrata señala que la obligatoriedad de eliminar estos materiales mediante los procesos previstos en la citada ley “obligaba a las explotaciones agrarias a costosas inversiones de tratamiento biológico, muy difíciles de afrontar en la actual situación de sequía, encarecimiento de inputs y la situación internacional”. De hecho, el tratamiento biológico en grandes volúmenes puede representar un incremento de costes de entre 1.000 y 1.500 euros por hectárea. Por ejemplo, en el sector frutícola, hay parte de la poda que se tritura para hacer compost, como establece la nueva ley de residuos, pero este procedimiento no se utiliza en el caso de grandes volúmenes de restos vegetales, como en la substitución de árboles frutales.
Por este motivo, Cañadell se ha mostrado muy satisfecha por haber conseguido esta reivindicación de la mayoría de las organizaciones agrarias. “Gracias a esta enmienda del PDeCAT, ayudamos de forma directa a muchos agricultores en un año que ha sido especialmente complicado para muchas cosechas” ha añadido, recordando que, además, hasta ahora se arriesgaban a multas de entre 2.000 y 100.000 euros si no cumplían con la normativa.
Asimismo, Cañadell ha agradecido el apoyo mayoritario de los miembros de la ponencia de las diferentes formaciones políticas, “por haber sido sensibles a un problema sobrevenido en momentos de muchísima dificultad para el campo”.
La incorporación de esta enmienda beneficiará a más de 900.000 explotaciones agrarias de todo el Estado, del orden de 12 millones de hectáreas de superficies arables de cultivos herbáceos y casi cinco millones de hectáreas de cultivos permanentes y leñosos.
