En el año 2017 la Agencia de Evaluación Ambiental de los Países Bajos (PBL, por sus siglas en neerlandés), en su evaluación de la Ley de Fertilizantes, remarcaba un dato significativo que ponía en entredicho al sector agrícola del país de los tulipanes, “alrededor del 40% de los empresarios agrícolas comenten fraude en el estiércol”.
Cinco años después de aquel informe y un largo proceso de investigación concluye en el tribunal de la ciudad de Bolduque, en la provincia de Brabante Septentrional, donde el Ministerio Fiscal (OM) ha presentado seis expedientes de fraude contra la consultora agrícola Bergs Advies, a la que consideran estar a la cabeza de una trama organizada, que tiene como fin, según el Ministerio Fiscal “engañar a la Autoridad Neerlandesa de Seguridad de Productos de Consumo y Alimentos (NVWA), y a la Agencia Empresarial de los Países Bajos (RVO)”.
En este sentido Bergs Advies, que ya fue condenada en 2017 por un caso de fraude con fertilizantes, así como la compañía Heythysen, de la provincia de Limburgo, están bajo sospecha de colaborar proactivamente para “resolver los complejos problemas de los ganaderos y agricultores para evadir las regulaciones sobre los fertilizantes”, explica un Ministerio Fiscal, que considera esta trama de falsificación de documentos como “organización criminal”, con actuaciones que traspasan las fronteras neerlandesas y se cuelan en la vecina Bélgica.
Tradicionalmente, los Países Bajos han tenido un 'hándicap' para el tratado del estiércol, la cantidad producida excede el límite del que se puede esparcir, debido a la mala calidad de las aguas subterráneas y a la pequeña extensión territorial del país, característica que posibilitó que la Unión Europea otorgara una posición excepcional a los productores neerlandeses, dándoles el privilegio de utilizar más de los 170Kg. de nitrógeno de estiércol por hectárea de tierra que marca la legislación europea. Privilegio que, tras años de investigación, informes y redadas en Países Bajos y Bélgica se encuentra en el filo de la navaja para ser revocado por la misma UE. Con este panorama, el nivel de estiércol animal va en aumento, dejando una situación poco ‘gezellig’ (acogedora en neerlandés) en el país de los tulipanes.
250 millones de euros utilizados para el aumento ficticio de la producción lechera
En un negocio que mueve alrededor de quinientos millones de euros al año, morder una parte del pastel, por muy pequeña que sea la porción, ofrece una digestión gustosa y lucrativa y bajo esta premisa se gesta una larga cadena que involucraría a empresas gestoras, plantas de procesado de estiércol, trasportistas, agricultores y ganaderos. Según un informe del Servicio de Enjuiciamiento Público al que pudo tener acceso el periódico neerlandés NRC, se han utilizado subsidios públicos para el procesado del abono, mezclado con sustancias nocivas para la salud. Un escándalo de grandes proporciones que supuestamente pudo servirse de los 250 millones de euros que repartió el Ministerio de Economía (RVO) en subvenciones a los propietarios de 115 plantas de procesado de estiércol, por un periodo de 10 años.
Las investigaciones apuntan a un comienzo en las oficinas de las consultorías agrícolas, donde se editaba falsa documentación que avalaría el aumento de producción de leche en las explotaciones ganaderas, así como la asignación ficticia de terrenos municipales a los agricultores (clientes de las consultorías), para darles la potestad de aplicar a los cultivos más estiércol del permitido.
Algo huele mal en las carreteras
El traslado de la materia orgánica a plantas de procesado, o darle salida al extranjero es altamente costoso y la tentación de sacar tajada está a la orden del día. Aquí se sitúa el siguiente eslabón de la cadena. La contabilidad del fosfato y el nitrógeno en los laboratorios aumenta, el estiércol acaba en el suelo, y sin embargo las cajas de los camiones, aunque cargadas sobre el papel, viajan vacías por rutas que evitan los controles por GPS.
Según las autoridades el control transfronterizo resulta más complicado debido a las diferencias de legislación entre ambos países, sin embargo, la realidad también obedece al descenso en el rigor de los controles aplicados por el gobierno de los Países Bajos desde 2020, tal y como informaba la cadena de televisión NOS, al denunciar que el número de inspecciones realizadas en empresas de las regiones de De Peel y Twente habían caído casi un 50% en 2021. A esto habría que sumar la eficiente labor de una red fantasma de informantes que los inspectores de la NVWA no pueden controlar en las carreteras.
Tirando del hilo de esta tela de araña, la policías de Bélgica y Países Bajos, en una operación conjunta con Europol, han actuado sobre 24 granjas belgas, así como en compañías de alimentos y empresas de procesamiento de estiércol cerca de Amberes, al otro lado de la frontera, han sido ocho las redadas efectuadas en las provincias de Brabante Septentrional, Limburgo, Utrecht y Flandes Oriental y Occidental, las cuales se han saldado con el arresto de 17 personas en ambos países.
Redacción Infoagro. Víctor Navarro.
