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MODIFICACIÓN DE LA LEY DE AGUAS (2ª parte)
Law about water

1. Introducción
2. Objetivos Principales De La Reforma
3. Dimensión Ecológica De Las Aguas Continentales
4. Nuevas Formas De Obtención De Agua
5. Política De Ahorro De Agua
6. Aumento De La Participación De Las Partes En La Política De Gestión
7. Comprar Y Vender Agua

 
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El Presente artículo se refiere a la Ley 46/1.999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1.985, de 2 de agosto de Aguas, publicada en el BOE nº 298, Martes 14 de diciembre de 1.999.

4. NUEVAS FORMAS DE OBTENCIÓN DE AGUA

La Reforma de la Ley observa por fin los nuevos métodos de obtención de agua como pueden ser la desalación o la depuración de aguas residuales. Resulta paradójico que siendo España uno de los países en los que estas tecnologías han tenido un notable desarrollo, no se las haya prestado demasiada atención en los últimos años. Basta recordar que hasta ahora no estaba muy claro a quien pertenecían las aguas desaladas o depuradas ni existía un censo fiable de las desaladoras instaladas (aquellas que funcionan con grupos electrógenos o motores de combustión interna no son dadas de alta en muchas ocasiones).

En lo que respecta a la desalación de aguas se adoptan las siguientes medidas:

-La desalación de aguas de mar exigirá una autorización administrativa para vigilar calidad de usos y control de vertidos.
-La desalación de aguas continentales exigirá una concesión.
-Las aguas desaladas, al incorporarse al dominio público hidráulico, pasan a ser de régimen público y se les aplican las mismas normas que al resto de aguas continentales.




En cuanto a la reutilización de aguas residuales, las principales novedades son:

-Se exigirá una concesión como norma general.
-Existirán autorizaciones específicas para los titulares de autorizaciones de vertido.
-Se permitirán acuerdos entre usuarios para reutilizar aguas, si lo aprueba la Administración y se respetan las normas sobre vertido.

Según hemos visto, cuando el agua a desalar proviene del mar, no es necesaria ninguna intervención de la Administración Hidráulica en cuanto a la concesión; es decir, la actividad de esa desalación de aguas de mar sólo exige las autorizaciones derivadas del tipo de actividad industrial con la que va vinculada o las autorizaciones de vertido o, en su caso, de calidad de los usos del agua así como el cumplimiento de la Ley de Costas.
La desalación de aguas continentales sí exige el cumplimiento de la Ley de Aguas.

La exigencia de una concesión en el caso de reuso de aguas residuales puede obviarse si la persona física o jurídica que va a reutilizar las aguas posee ya una autorización de vertido para éstas, siendo solo preciso que, en su caso, se actualice dicha autorización a los vertidos derivados de la actividad de reutilización.

Por otra parte, el titular de una instalación depuradora puede ceder, mediante contrato fiscalizado por el Organismo de Cuenca, las aguas depuradas para su reutilización por alguien que posea la concesión oportuna.

5. POLÍTICA DE AHORRO DE AGUA

En un país en que, por desgracia, los períodos de sequía pertinaz son frecuentes, resulta indispensable una política encaminada al ahorro de agua a todos los niveles, desde la administración hasta el usuario final. Si bien muchas medidas de ahorro ya existían bien en la Ley anterior o bien en disposiciones especiales dictadas en los períodos de sequía, la nueva ley introduce algunas obligaciones que deben tenerse en cuenta:

Como norma general, se deben medir los consumos de agua mediante sistemas homologados.

Se establece un coeficiente corrector del consumo calculado en función de los llamados "consumos de referencia".

Se prevé la creación de Juntas de explotación conjunta de aguas superficiales y subterráneas, y regulación de un nuevo régimen de gestión de situaciones de sobreexplotación.

Estas medidas nacen de la necesidad de considerar el agua como un bien escaso y, por tanto, optimizar el uso del mismo. Para ello, una primera acción consiste en establecer instalaciones de medición de consumo que permitan un seguimiento adecuado del mismo. Serán los Organismos de cuenca determinen los sistemas de control adecuados a la hora de medir los caudales de extracción y vertido. En esta misma línea se prevé la posibilidad de sustituir mediciones individuales por colectivas en las comunidades de usuarios.

En segundo lugar, se busca beneficiar al que ahorra, siguiendo la línea argumental de la Unión europea en lo que se refiere a medio ambiente (el criterio de internalización de costes ambientales o de "Quien contamina paga" podría expresarse como "Quien consume menos recursos ambientales, debe pagar menos") beneficiando a las personas físicas o jurídicas cuya actividad suponga un ahorro en el consumo de agua. Para conseguirlo se actúa mediante coeficientes correctores que se aplicarán respectivamente al canon de regulación y a la tarifa de autorización de modo que su importe pueda incrementarse o reducirse en función de que el consumo real sea superior o inferior al llamado consumo de referencia, calculado para cada tipo de uso y dependiendo del lugar.

Por último, se prevé la creación de Juntas de Explotación conjunta de aguas superficiales y subterráneas, y se habilitan ciertas medidas para la gestión de acuíferos sobreexplotados. Cuando un Organismo de Cuenca declara que un acuífero esta o presenta un riesgo grave de estar sobreexplotado, debe aprobarse en el plazo de dos años un Plan de Ordenación para recuperar dicho acuífero pudiendo además adoptarse medidas cautelares que limiten las extracciones hasta la ejecución del plan.

El Plan fijará el régimen de extracciones para conseguir una explotación racional de los recursos así como también la posibilidad de sustituir captaciones individuales por colectivas.
Dado que en el caso de acuíferos sobreexplotados es obligatoria la constitución de dichas Juntas de explotación común, el Organismo de cuenca puede ser quien la constituya de oficio y encomiende esas funciones transitoriamente a un tercero que la sustituya hasta que esa Comunidad esté constituida.

6. AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES EN LA POLÍTICA DE GESTIÓN

Regulación del derecho a la información de los usuarios en las Confederaciones Hidrográficas.

Se prevé que los usuarios puedan ser los encargados de la construcción y/o explotación de las obras hidraúlicas.

Se permite la participación a las Comunidades de usuarios en la gestión de cánones y tarifas.

Respecto a lo anterior cabe destacar la posibilidad de que existan convenios por los cuales se ceda la explotación de determinadas obras hidráulicas o, incluso, concesiones de construcción y/o explotación de obras hidráulicas sin necesidad de concurso, justificándose lo anterior si los concesionarios son también los futuros usuarios del agua.


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